El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, y el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, firmaron la Directriz  Sobre la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión presupuestaria de la administración pública (Nº 023-H), sobre disposiciones del Gobierno en materia de ahorro y gasto público, así como la contratación de servicios de capacitación en las instituciones públicas.

Con el objetivo de mejorar la administración de los recursos financieros del sector público y asegurar el cumplimiento de la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, el Gobierno decidió tomar una serie de medidas que permitan racionalizar la ejecución del gasto público, incorporando algunas de las propuestas realizadas por la Asamblea Legislativa durante el proceso de aprobación del presupuesto ordinario y extraordinario del 2015.

Según esta directriz, “las actividades de capacitación se contratarán preferentemente a los centros de enseñanza superior universitaria del Estado…, e incluso las instituciones públicas podrán establecer entre ellas acuerdos o programas de cooperación, que les permita utilizar sus instalaciones y su capital humano para llevar a cabo las actividades de capacitación” (artículo 28).

“Es una medida importante para el desarrollo de capacidades en el sector público, pues se privilegian los principios de servicio público, responsabilidad social; en comparación con las ofertas del mercado. Además de asegurar la experiencia y calidad que caracterizan a los centros de investigación como el CICAP, que en nuestro caso tiene casi 40 años de experiencia”, indicó la Coordinadora de Educación Continua del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, Gabriela Muñoz.

Para el año 2015, el presupuesto asignado para actividades de capacitación, a pesar de ser un 11,2% menos que el año pasado, representa más de 3000 millones de colones. Direccionar dichos recursos hacia las instituciones universitarias, asegura que el dinero utilizado en la formación del recurso humano sea una verdadera inversión para el Estado y no un gasto, pues queda dentro de las arcas del Estado para ser reinvertido en investigación y la generación de nuevas capacidades en la administración pública.

Así mismo, dicha disposición favorece la simplificación de trámites a las instituciones públicas interesadas en la contratación de servicios, debido a que las universidades están habilitadas y autorizadas para la venta de bienes y servicios y son sujetos de derecho público; según las leyes de Contratación Administrativa y Formación Profesional y Capacitación del Personal de la Administración Pública y  Promoción, Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT.

Además de la regulación de la contratación de servicios de capacitación y asesoría, la disposición del gobierno también incluye temas como: regulación de salarios, creación y utilización de plazas, venta de activos, alquiler de bienes, transferencias presupuestarias, compensación de vacaciones, sobresueldos y evaluación de desempeño de los funcionarios.

El País


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