Los logros de la primavera estudiantil bajo el lema “UNA no te calles” al parecer están quedando en cuestiones de forma, pero no de fondo. Esa es la sensación que deja las acciones tomadas por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA), que en una llamativa sesión ordinaria –cuya legalidad se cuestiona– realizada el pasado 18 de febrero, tomaron decisiones claves, nombrando a personas que supuestamente formaron parte del equipo del ex decano Antonio Rodríguez.

En efecto, dicha sesión se realizó sin la presencia del decano Hugo Checo y del vicedecano Nicolás Cataldo, quienes se encontraban cumpliendo labores en las filiales de la FCE-UNA en dicha fecha. De toda la plana de consejeros, el único que no se presentó a la reunión fue el representante del Consejo Superior Universitario, Atilio Bazán.

Está decisión tomada por el consejo se “contrapone” al Estatuto Universitario de la UNA, específicamente al Artículo 43, inciso “b”, que menciona claramente que el decano tiene la atribución de “convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo con voz y voto y decidir en caso de empate”. Sin embargo, para resolver los temas tratados y justificar la ausencia del decano, el consejo decidió nombrar a Adolfo Rodríguez Benítez, consejero docente titular, como encargado de presidir la sesión.

Además de Rodríguez Benítez, del encuentro participaron los consejeros Eduardo Rojas, Artemio Franco, Raúl Peralta, Reysneider Lara Céspedes, Roberti González, Nilda Díaz de Domínguez, Guido Gómez Cabral, Josué Esteban Domínguez, Luis Alberto Morel, Édgar Antonio Rodríguez (hijo del ex decano), Wilfrido Lomaquis. También estuvieron José Coronel, Víctor González y Francisco Cazal, conforme al Acta Nº 3 del 18 de febrero del 2016.

En los documentos a los que accedió el equipo de investigación del diario La Nación, se puede constatar que el consejo resolvió puntos como concurso de cátedras, informes solicitados por los consejeros del decano, reglamentación de viáticos y movilidad para profesores y funcionarios, entre otras cosas. Pero, el punto más importante fue la reubicación de docentes o funcionarios de la facultad que supuestamente tuvieron puestos claves en la época del ex decano Antonio Rodríguez Rojas, quien renunció al cargo tras las protestas de los estudiantes, al descubrirse que el mismo tenía a varios familiares con cargos de docentes dentro de la facultad.

TIEMPO RÉCORD PARA REASIGNACIÓN

Facsímil de la nota de apelación presentada por Blas Romero.

Facsímil de la nota de apelación presentada por Blas Romero.

El pasado 17 de febrero, a las 16:15, la mesa de entrada de la Facultad de Economía recibió una nota del profesor abogado Blas José Romero Ghiringhelli, apelando su asignación a prestar servicios en el Centro de Adiestramiento en Servicios (Caes), que salió ese mismo día (Resolución Nº 3) pero a la mañana, y que fue firmado por el decano Checo.

Blas Romero ingresó a la facultad con el cargo de “sereno” en el 2001, luego se desempeñó como asesor jurídico de la institución y hasta se hizo cargo de algunas cátedras como docente. Todo esto durante la gestión de Rodríguez Rojas. En su nota, Romero dijo que su cargo es de docente, por lo tanto se debe respetar su jerarquía. Pidió además a los miembros del consejo que revoquen la resolución Nº 3 de Checo.

No pasaron ni 24 horas de haber ingresado por mesa de entrada la nota, cuando en plena sesión ordinaria del Consejo, el consejero Josué Domínguez mociona que el profesor Blas José Romero sea designado asesor jurídico en el área Académica de los miembros del Consejo Directivo. Además, el representante universitario Wilfrido Lomaquis comentó que el mismo Romero podrá asesorar a los miembros del consejo y a las demás comisiones conformadas en temas jurídicos y académicos.

Los consejeros secundaron la moción de Josué Domínguez por unanimidad –es decir, todos sin cuestionamientos– y pasaron al siguiente tema.

Apelación presentada por Maria Jose Miranda.

Apelación presentada por Maria Jose Miranda.

Un poco más de suerte tuvo la profesora María José Miranda Chaparro, quien también elevó una nota el 17 de febrero, que llegó a mesa de entrada a las 16:32 (15 minutos después de la nota presentada por Romero), para que el Consejo Directivo de la Facultad revea una resolución anterior –del 8 de febrero–, mediante la cual se le designa a prestar servicios en el Caes. Miranda Chaparro no solo pidió rever lo ya establecido, sino que se atrevió a pedir su asignación como “coordinador docente” de la facultad e incluso fue más allá; solicitó que el horario para su nuevo cargo sea de 16:00 a 20:30. No obstante, dejó alguna opción al consejo; le quedaba bien en cualquiera de las tres escuelas de la casa matriz de la facultad.

Al igual que lo pedido por Romero, esta solicitud de Miranda Chaparro se resolvió al día siguiente, en la histórica sesión del consejo del 18 de febrero, fecha que será recordada por los consejeros, ya que pocas veces habrán trabajado tanto por resolver cuestiones de esta casa de estudio. La moción para aceptar el pedido de Miranda Chaparro fue propuesta de nuevo por el consejero Josué Domínguez, que fue secundado por unanimidad.

La profesora Miranda Chaparro fue, durante la época del ex decano Rodríguez, auditora interna de la Facultad de Economía, y no se recuerda ni se tiene entre los antecedentes o archivos, denuncia alguna de la misma sobre irregularidades que se hayan detectado durante la cuestionada administración de Rodríguez.

RENUNCIA DE RODRÍGUEZ

Antonio Rodríguez y Vicente Renna Leguizamón, ex decano y ex vicedecano, respectivamente, habían presentado su renuncia al Consejo Directivo el 26 setiembre del 2015, luego de que se descubriera que Rodríguez favoreció a muchos de sus familiares con rubros y jugosos salarios dentro de la FCE-UNA.

Por citar algunos, saltó a la luz el caso de la hija del ex decano, Andrea Concepción Rodríguez, que poseía cuatro rubros en la FCE-UNA, aparte de figurar como funcionaria de la Contraloría General de la República (CGR), percibiendo de esa manera un ingreso total del Estado de G. 18.792.483.

Otra de las hijas de Rodríguez beneficiada fue Paola Elizabeth, con tres rubros en las filiales de Villa Hayes y Caacupé de la Facultad de Economía. También pertenece al grupo de funcionarios del Poder Judicial, percibiendo en total G. 7.182.536.

Asimismo, se dio a conocer que Édgar Antonio Rodríguez, hasta ahora miembro no docente del Consejo Directivo de la Facultad de Economía, poseía cuatro rubros en la filial de Caacupé y en Villa Hayes, cobrando un total de G. 5.585.562, al igual que su hermano José Antonio, quien tenía tres rubros y percibe un total de G. 3.579.723.

SESIÓN ORDINARIA

De acuerdo al Consejo Directivo, realizaron la sesión ordinaria conforme al Art. 38 “in fine” del Estatuto de la UNA, que establece cuanto sigue: “El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria dos (2) veces al mes cuando menos y en forma extraordinaria las veces que el decano lo convoque. También podrá convocarlo la mitad más uno de sus miembros titulares en ejercicio”, según lo hicieron constar en el Acta Nº 3, donde también está registrado que el orden del día tenía 6 puntos.

Según fuentes de la FCE-UNA, en el Reglamento de Sesiones del Consejo Superior no está establecido que un consejero puede presidir la sesión ordinaria, hecho que se contrapone a lo que ocurrió en la sesión ordinaria del 18 de febrero del corriente año, en la que Adolfo Rodríguez Benítez, consejero docente titular, fungió como encargado de presidir la sesión.

SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE HUGO CHECO

El Consejo Directivo de la Facultad de Economía refiere, entre otros puntos, que el actual decano, Hugo Checo, no publicó hasta el día de la sesión ordinaria, con fecha 18 de febrero del 2016, los llamados a concurso para profesores adjuntos y titulares, que debieron realizarse entre el 15 y el 19 de febrero del corriente año, en dos periódicos de mayor circulación del país, por lo que incurrió en un incumplimiento del mandato del Consejo Directivo, según consta en la Resolución Nº 3.

En la Resolución Nº 6, se refieren a contrataciones sin concurso, asignación de salarios muy superiores a lo establecido para los cargos ocupados, designaciones y contratación de personas sin título universitario (específicamente dos casos), que constituyen faltas graves administrativas de parte del decano Checo, a quien solicitaron un informe con fecha 14 de enero del corriente año y al que supuestamente no había respondido hasta el día de la sesión.

Otra irregularidad mencionada por el Consejo, en la Resolución Nº 8, solamente el decano y el secretario del Consejo Directivo venían firmando las actas y resoluciones del Consejo, siendo responsabilidad de todos los que dieron conformidad al tema tratado, manifestando que “tal práctica puede ser peligrosa, pues ante situaciones adversas pueden facilitar el cambio de las hojas del acta en connivencia entre dos personas, y en desconocimiento de la mayoría de los miembros titulares, señala el documento.

La Nación

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