SANTO DOMINGO, República Dominicana. El presidente Danilo Medina habría dispuesto medidas para facilitar la presencia en el país de los estudiantes universitarios haitianos, hasta que concluyan sus estudios, entre las que se incluye la eliminación de los pagos migratorios por permanecer en el país.

Acento tuvo acceso a un documento en el que se hace constar que esos estudiantes no serán deportados, y podrán permanecer hasta 5 años en la República República Dominicana.

El documento dice que en el país hay 7,986 estudiantes haitianos, con visas de estudiantes por un año, renovables en Migración.

El problema consiste en que, al vencer la visa, no la renuevan y por tanto ahora son sujetos de deportación.

Sin embargo, en una reunión de política y coordinación en el Palacio Nacional, el Presidente Medina dispuso que a esos estudiantes no se les cobre por esa visa, con la excepción del material gastable que sí se les cobrará.

A esos estudiantes se les otorgará una visa o permiso de permanencia igual al número de años que requieran sus estudios, con un máximo de hasta de cinco años. Es decir, sólo se benefician de esta gracia estudiantes que se inscriban en el año en curso, de manera que si le queda un año de estudios de un año será la visa y si es de cinco años, será de cinco años.

El presidente también autorizó a la Dirección General de Migración a exonerar de los impuestos de entrada y salida del país a esos estudiantes universitarios.

La Dirección Migración se reunirá con personal de la Embajada de Haití en Santo Domingo para entregar oficialmente estas informaciones y la lista de estudiantes para actualizarla o modificarla con la que tiene la Embajada en Santo Domingo.

Sobre las deportaciones

El Presidente Medina ha reiterado que las deportaciones se ejecutarán en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona.

Hay seis lugares de acogida que están siendo habilitados: en el este, en Haina, en Pedernales, en Jimaní, en Elías Piña y en Dajabón. En cada uno de esos lugares habrá asistencia médica.

A su vez, se coordina con el Consejo Nacional de Defensa de la Niñez (Conani) la entrega de niños, niñas y adolescentes. Y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), se trabaja con el Vice Ministerio de Asuntos Consulares para que los cónsules intercambien la información de cuántos, y dónde llegarán los deportados.

En cada puerto de entrada de deportados se dispondrá de levantamiento de información biométrica para documentar adecuadamente la entrega de los nacionales haitianos saliendo del territorio nacional.

En el diseño y preparación de todo el proceso se labora con OIM, ONU y otros estamentos.

A partir del 18 de junio, la República Dominicana tan sólo aplicará la Ley 258-04, con respeto de los derechos humanos. Las autoridades dominicanas quisieran y están dispuestas a coordinar con las autoridades haitianas la recepción de los extranjeros en proceso de deportación. En los cuatro pasos fronterizos hay que tener previsto el proceso de entrega y de recepción, como forma de respetar al deportado y el buen uso de los recursos incluyendo la cercanía a los lugares de vivienda.

Se prevé por el momento que la operación tendrá lugar de seis de la mañana a cinco de la tarde, de lunes a viernes, únicamente.

Acento

Haitianos en universidades del país podrán seguir al finalizar Plan de Regularización

RD

DISTRITO NACIONAL. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, informó este sábado que se han establecido medidas para que los haitianos que realizan estudios en el territorio nacional puedan continuarlos cuando concluya el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

De acuerdo a la cuenta de Twitter de la Cancillería, el acuerdo suscrito durante una reunión con su homólogo en Haití, Lener Renauld, beneficiaría a unos 7 mil 996 universitarios de ascendencia haitiana que estudian en República Dominicana.
Durante la reunión, Navarro reiteró que cuando concluya el Plan de Regularización, no se harán deportaciones masivas y que el proceso de repatriación se realizará con el más estricto apego al respeto de los derechos humanos, conforme establen la Constitución dominicana y la Ley de Migración.
“El país está inmerso en un proceso de regularización de extranjeros sin precedente, con grandes esfuerzos económicos, cumpliendo con mandatos soberanos de la ley y, sobre todo, apegado al respeto de los derechos humanos, lo que permitirá que más de 250 mil ciudadanos extranjeros puedan optar por un estatus migratorio legal”, precisó el canciller Andrés Navarro.
Hasta la fecha se han sido inscrito 239, 368 extranjeros en el Plan de Regularización, de los cuales 222, 033 son de nacionalidad haitiana, un 96 % de los registrados.
Navarro enfatizó que para República Dominicana “es fundamental cultivar y desarrollar una relación armoniosa con Haití, ya que compartimos la misma la isla y esto representa un gran reto de fomentar una agenda de desarrollo común y generar un ambiente de convivencia”.
Ambos ministros acordaron reunirse en las próximas semanas para continuar el diálogo.

República Dominicana debe transmitir el patrimonio de los repatriados

Agentes de migración recogen inmigrantes Haitíanos de las calles de Santo Domingo Santo Domingo, República Dominicana Fotografía: © Juan Camilo Cortés

« La République dominicaine doit transmettre les patrimoines des rapatriés »
La Plateforme haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA) a exhorté, ce vendredi, au cours d’une conférence de presse dans ses locaux, les autorités haïtiennes à ne pas accepter les individus expulsés par la République dominicaine sans leurs patrimoines.
Face au rapatriement imminent des Haïtiens vivant en République dominicaine, la PAPDA est montée au créneau pour demander aux autorités haïtiennes de bien défendre les droits des travailleurs haïtiens expulsés par la République dominicaine. « Le gouvernement du pays doit questionner les autorités dominicaines sur le patrimoine de chaque individu expulsé. Il faut savoir clairement si les rapatriés ne sont des propriétaires de maisons et d’entreprises.
Il est important aussi de savoir s’ils sont associés dans des entreprises avec des Dominicains », a soutenu Camille Charlmers, soulignant que la République dominicaine n’a pas le droit de garder les richesses des travailleurs rapatriés. En outre, la PAPDA demande aux autorités haïtiennes de poser la question des pensions pour les expulsés qui ont travaillé pendant trente à quarante ans dans des compagnies en République dominicaine.
« Il faut exiger des entreprises dominicaines le paiement des pensions aux travailleurs haïtiens. C’est une question de justice sociale », a martelé Camille Charlmers, appelant les autorités haïtiennes à défendre les droits des travailleurs haïtiens vivant à l’étranger. Camille Charlmers a condamné l’attitude des autorités haïtiennes qui n’ont jamais su défendre les droits des fils de la nation travaillant à l’extérieur du pays. Il a pris comme exemple le comportement du président Sténio Vincent après le massacre des Haïtiens en 1937. « Le massacre de 1937 avait fait entre 20 000 et 25 000 morts. Les autorités haïtiennes avaient demandé une indemnité de 750 000 dollars, soit 30 dollars par victimes. C’était une honte pour la nation », a­ t­il fulminé.
Le responsable de la PAPDA dit exprimer son indignation par rapport aux autorités dominicaines et haïtiennes dans le contexte actuel de ce rapatriement inévitable. « Les actions déclenchées contre les descendants des Haïtiens depuis l’adoption de l’arrêt TC 0168/13 de la Cour constitutionnelle sont des actions racistes, fascistes et anachroniques », a indiqué le professeur Camille Charlmers, déplorant la stigmatisation et la marginalisation dont les Haïtiens sont victimes depuis près d’un siècle en terre voisine.
Le numéro un de la PAPDA a critiqué aussi les autorités haïtiennes qui, selon lui, avaient un comportement irresponsable. « Quand les autorités dominicaines avaient pris cet arrêt en 2013, il y avait une levée de boucliers contre la République dominicaine dans le monde. La République voisine était isolée et faisait objet de nombreuses sanctions. Cependant, les autorités haïtiennes actuelles avaient pris position pour la République dominicaine », a avancé Camille Charlmers. « Lors du forum de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), à La Havane, en janvier 2014, le premier ministre de Saint­Vincent­et­les Grenadines et président de la CARICOM, Ralph Gonzales, avait proposé de figurer la question de la dénationalisation des citoyens dominicains descendants des Haïtiens à l’agenda. A la grande surprise de tout le monde, c’était les autorités haïtiennes qui avaient demandé de retirer ce point dans l’agenda », at­ il ajouté.
La PAPDA salue l’appel à la solidarité lancé par les autorités haïtiennes dans le contexte actuel. Toutefois, elle adresse des reproches à ces derniers qui, dit­il, n’avaient pas élaboré de plan et adopté des mesures depuis juin 2014 en vue de faire face à la menace de déportation tandis que la République voisine avait mis en place un Plan national de régularisation des étrangers (PNRE) sur lequel il ne fallait pas compter. La situation actuelle pousse le professeur Charlmers à faire quelques recommandations. « Il faut éviter à tout prix la xénophobie. Il est nécessaire de construire des villages de la solidarité des peuples dans les différentes régions du pays », a recommandé Charlmers, précisant que les rapatriés peuvent apporter quelque chose de positif au pays.
A noter que cette conférence de la PAPDA a été placée dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale des réfugiés et dans le contexte actuel de rapatriement des descendants d’Haïtiens en République Dominicaine.