La académica destaca que el Crédito con Aval del Estado fue un gran instrumento de inclusión social. En materia educacional, dice que este gobierno dejará dos grandes legados: la gratuidad y el concepto de universidad.

“El sistema de educación superior en Chile es lo más parecido al Medio Oriente: todos dicen que hay que resolverlo, pero nadie baja las armas”. Pilar Armanet, rectora de la U. de Las Américas (UDLA), es directa en sus juicios, al punto que suele traspasar la barrera de lo políticamente correcto cuando sus convicciones se topan con la opinión predominante. Hace seis años pasó del mundo de la política y de su cátedra en la U. de Chile a formar parte del directorio de una de las universidades del grupo Laureate. Una decisión que la ha puesto varias veces en el blanco de la crítica del PPD, partido que ella ayudó a fundar. Con todo, Armanet sigue con su trabajo en la UDLA y analiza el panorama actual del sistema de educación superior, visión que compartió con La Tercera.

¿Por qué perdieron la acreditación en 2014? ¿Hubo un relajo? ¿Qué hicieron para recuperarla este año?

Tengo la sensación de que no hubo relajo. Cambió el paradigma. Habíamos elegido ser un plantel docente cuyo objetivo era formar profesionales con procedimientos de calidad y, de pronto, surgió que una universidad no era tal si no tenía las tres funciones: investigación, docencia y vinculación con el medio. Nos pilló el cambio de paradigma en la mitad del proceso y nos presentamos a la acreditación como un plantel docente. No nos acreditaron porque no cumplíamos con esa nueva clasificación. Hubo que hacer un esfuerzo enorme para recuperarla en el menor tiempo posible, y hoy estamos orgullosos del trabajo realizado.

¿Cómo cree que va a ser recordado el gobierno de Bachelet en materia educacional, que ha sido su principal énfasis?

La gratuidad está ahí para instalarse. Para los sectores vulnerables es un avance y un triunfo social, porque este es un país desigual y la sociedad tiene que pagar deudas con los sectores más vulnerables. Otro avance ha sido consolidar un concepto de universidad, de manera de saber de qué estamos hablando. También ha habido un esfuerzo por visibilizar los grandes conflictos de los grupos de interés del sistema universitario.

¿A qué se refiere?

Están las cartas sobre la mesa por fin. Estábamos acostumbrados a una cosa más bizantina, elegante, y este debate ha hecho que estén más claros los objetivos e intereses. Uno puede sentarse, avanzar y trabajar sin cartas ocultas.

¿Siente que hay algún consenso?

Creo que sí. En la calidad, por ejemplo. Se instaló que la acreditación es importante y todas las instituciones que quieren trabajar en el país tienen que acreditarse. Ahora, uno de los grandes problemas del sistema se produjo porque el financiamiento se concentró más en el apoyo a los estudiantes y decrecieron los aportes directos a las instituciones. Eso generó debate respecto de la masividad, porque ella exige que el Estado ponga más recursos para los estudiantes.

¿En esa masividad tuvo que ver la irrupción del CAE, donde usted tuvo participación directa?

Claro que sí. No hay tiempo que perder en la inclusión. Si se constata que los egresados de enseñanza media no tienen competencias mínimas en matemáticas, no los puedes dejar sin más educación. Constatar un fracaso no es suficiente. Más allá de la discusión sobre el CAE, este país tiene que reconocer que si falla en educación, hay que darle oportunidad a la gente para seguir estudiando. El CAE es un instrumento de inclusión.

¿Cree que el CAE logró inclusión?

Por supuesto que sí y ha sido un gran avance para la clase media. El país estaba dividido en gente acomodada y un gran proletariado. Hoy tenemos una gran clase media que el sistema universitario ha contribuido a formar.

Se habla de crear un nuevo crédito, pero ahora sin los bancos…

Eso va a significar repartirnos la misma torta entre más. Van a tener que cortar por alguna parte, en 550 puntos, donde alcance. No es una solución para la clase media, es una donde cuadran los números y los intereses de las instituciones. Estoy disponible para un financiamiento que sea intermediado por el Estado, donde el estudiante no sea deudor del banco, pero excluir el financiamiento privado hace que se reemplacen recursos públicos que podrían usarse en otras cosas. No hay que perder de vista la generación que tiene expectativas de seguir estudiando en la educación superior. ¿Qué lógica me permite reducir la igualdad de oportunidad de los chilenos? A mi juicio, ninguna.

¿Cree que debe haber una reflexión sobre el sistema?

Diré una cosa políticamente incorrecta: creo que el sistema universitario tiene que reflexionar sobre su gobernabilidad, sobre sus formas de gobernanza.

¿A qué se refiere?

Es un debate mundial: cuál es la fórmula de organización y gobernabilidad de la universidad del siglo XXI. Por ejemplo, no se ha debatido qué significa ser una universidad estatal. Se ha dicho que un plantel estatal es el que fue creado por ley y pertenece al Estado, pero ¿qué participación tiene el Estado de Chile en esas universidades? Poco, porque el Estado, el gobierno chileno, ha sido súper celoso de la autonomía universitaria. Además, no hay espacios para debatir sobre su sistema y funciones. Esta es una lucha a muerte.

Parece haber una decisión de terminar con el CAE…

Hay una intención de meterle cabeza al crédito, y eso es importante.

La relación con el grupo Laureate ¿cómo funciona?

Después de trabajar seis años acá, tengo claro cómo funciona. Lo más importante es que se respeta y se protege la institución. Si no hubiera sido por el aporte de Laureate, este plantel habría estado en problemas serios. Nos han donado plata y prestado apoyo. Ha sido un aporte positivo para la institución.

¿La continuidad en Chile es un plan permanente para el grupo?

Es parte de sus compromisos, no de sus planes.

Pero ha sido muy cuestionado…

Cuando perdimos la acreditación, Douglas Becker (director general del grupo a nivel mundial) vino a Chile a decirnos que se iban a quedar y que estaban con nosotros. No es una oferta, es un compromiso, una relación de largo plazo, porque la educación es un negocio, industria, sector, llámalo como quieras, de largo plazo. Hay un compromiso de permanecer y una voluntad de demostrar que Laureate llegó por la puerta ancha, que nunca ocultó a lo que vino, y que a pesar de las innumerables investigaciones, una y otra vez se demuestra que hemos cumplido la ley. Te puede gustar o no la ley. Si no gusta, discutámosla.

¿El lucro es incompatible con la calidad de la educación?

No con la calidad, es incompatible con nuestra cultura. La educación superior desde su fundación está asociada a instituciones sin fin de lucro, porque se consideró que existía una cierta tensión. Hay que proteger esos logros y avances.

¿Está de acuerdo con que no exista lucro?

Estoy de acuerdo en que no exista lucro y en regular las relaciones entre entidades relacionadas, gobiernos corporativos, todo, pero sentémonos a regular esta historia. Hay un montón de legislación de cómo se regulan las relaciones y preservar los intereses de la institución, conservar su compromiso sin lucro y permitir que existan contratos que son perfectamente legítimos. Aquí los únicos contratos malditos son los con Laureate, pero está lleno de contratos entre relacionados en el sistema.

¿Este semana se reunión con Alejandra Contreras, jefa de la División de Educación Superior del Mineduc. ¿Qué hablaron?

Ella valoró el compromiso con la calidad. Hay una preocupación que ha llevado a que el sistema privado sufra mucho en su prestigio, y quisiéramos que esas situaciones no se produjeran nunca más. El compromiso de todas las instituciones de la Corporación de Universidades Privadas (CUP) va en esa dirección. Hablo de la U. del Mar y la crisis de la U. Arcis, que la veíamos venir hace mucho, pero no reaccionamos a tiempo. Y para reaccionar a tiempo hay que buscar formas de cooperar y tenemos que ser capaces de poner a los estudiantes por delante. Siempre.

 

La tercera