Ley Universitaria: TC declaró infundadas demandas de inconstitucionalidad

El Tribunal Constitucional consideró infundadas las demandas presentadas por congresistas y la sociedad civil.

Por cinco votos a favor y con dos votos discordantes (Blume y Sardón), los pedidos de inconstitucionalidad contra la Ley Universitaria fueron finalmente declarados infundados por el Tribunal Constitucional (TC). Además, el ente interpretó que el plazo de cinco años establecido para la adecuación a la norma de ciertos requisitos, como el exigir a todos los profesores de pregrado que cuenten con una maestría, comenzará a regir desde el momento de la publicación de la sentencia en el diario El Peruano.

La sentencia descartó que la Ley Universitaria violara, en abstracto, la autonomía de las universidades, tal como señalan los críticos de la norma. “La autonomía con la que estas instituciones cuentan (…) no es sinónimo de autarquía, por lo que su sujeción al ordenamiento jurídico no resulta inconstitucional”. Agregó que la creación de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) es similar al resto de organismos públicos en el aparato del Estado encargados de supervisar y regular diversas actividades.

“No se amenaza o vulnera la autonomía universitaria cuando el legislador realiza una regulación que incluso incida en ciertos aspectos propios de la misión que la Constitución ha otorgado a dichas instituciones públicas o privadas”, detalló la sentencia.

La sentencia responde a una acumulación de demandas de inconstitucionalidad presentadas en contra de la norma ante el Tribunal Constitucional por varios congresistas y colegios profesionales. Éstas alegaban “la violación de la autonomía universitaria y la restricción ilegítima del derecho de acceso a la educación universitaria, de los derechos a las libertades de empresa y contratación y del derecho al trabajo”, según detalla la sentencia.

Los defensores de la norma arguyeron que el Poder Ejecutivo es el ente competente para supervisar la educación universitaria, y que “la autonomía no puede resultar un obstáculo para la supervisión de la calidad”. “Existe una interferencia en la libre iniciativa privada y la libertad de empresa, pero esta es legítima y proporcionada, ya que permite alcanzar un alto grado de satisfacción del derecho a la educación universitaria”, señala la sentencia.

En julio del 2014, cinco bancadas del Congreso presentaron una demanda. Argumentaron que la Ley Universitaria violaba la autonomía universitaria y afectaba la inversión privada en el sector educativo. En enero de este año, se llevó a cabo una audiencia pública en Arequipa para discutir esta demanda. A este pedido se le sumaron otras demandas presentadas por colegios profesionales y un grupo de ciudadanos.

La Ley Universitaria, que instaura un nuevo marco de regulación de las universidades, fue aprobada por el Pleno del Congreso en junio del 2014. En junio, el Ministerio de Educación declaró la extinción de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que fue reemplazada por la Sunedu, que había iniciado funciones en enero de este año.

 

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