Por algo que tenía visos de cálculo electoral, las tiendas políticas del Apra y el fujimorismo retrocedieron y votaron por el archivo de los llamados proyectos de ‘Ley Cotillo’, en la Comisión de Educación del Congreso. Con dichos proyectos, ambos partidos intentaban modificar la Ley Universitaria (Ley 30220), para mantener en sus cargos a once rectores, por periodos que se prolongan, incluso, hasta el año 2019.
El acuerdo fue adoptado ayer por unanimidad en dicho grupo de trabajo. En la sesión llamó la atención la ausencia del fujimorista José Luis Elías Ávalos, autor directo de dos de los proyectos de ‘Ley Cotillo’ (N° 4431 y 4787), que ahora forman parte del archivo.
Tras esta decisión, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, exigió a los rectores que se resisten a acatar la Ley Universitaria a convocar en forma inmediata a elecciones, a fin de que los estudiantes y docentes, mediante voto universal, puedan elegir a sus nuevas  autoridades.
“Es deber de los rectores dar el ejemplo y anteponer los derechos de los estudiantes, dejando de lado intereses económicos particulares”, aseveró Saavedra, al tiempo de explicar que en caso de resistencia, en concordancia con los estatutos de cada universidad, los profesores más antiguos tendrían que asumir la conducción transitoria de estos centros de estudios.

Los que se resisten

Según información oficial de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), once rectores de universidades públicas se resisten a convocar a procesos democráticos para la elección de sus nuevas autoridades (ver infografía).
El caso más conocido es el de Pedro Cotillo Zegarra, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien, según la Sunedu, es el que ha mostrado mayor oposición y resistencia a la implementación de Ley Universitaria. Su gestión vencía recién el 31 de mayo del 2016.
De los otros diez rectores, dos habrían optado por allanarse. Se trata de Hermes Mosqueira Ramírez, de la Universidad Nacional de Cajamarca; y Mario Huamán Rodrigo, de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac. Según la Sunedu, ambos han mostrado su voluntad de convocar a nuevas elecciones, pero aún no hay nada oficial.
Según la lista, hay tres rectores cuyos mandatos se iban a prolongar hasta el 2019. Es el caso de Rodil Tello Espinoza (Universidad Nacional de la Amazonía Peruana); Vladimiro Del Castillo Narro (Universidad La Cantuta), y el ya citado Mosqueira Ramírez, de Cajamarca.
En tanto, el rector de la universidad Villarreal, José María Viaña Pérez, ejercería el cargo sin un plazo definido.

Opiniones encontradas

Ada Gallegos, directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), organización conformada por los rectores, comentó que se debe reabrir el debate. Según su punto de vista, con la Ley Universitaria, el gobierno estaría incurriendo en actos de abuso de autoridad en nombre de la calidad educativa.
El aprista Mauricio Mulder insistió en cuestionar la decisión de la Sunedu de poner como plazo este mes de diciembre, para la elección de nuevas autoridades universitarias.
En cambio, el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora, comentó que Alan García trabaja en una universidad privada, situación que, en su opinión, explica su abierto rechazo a la Ley Universitaria, tal como ocurre con otras universidades particulares.

En San Marcos aún hay dudas

El dirigente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), César Ames Vera, consideró que la decisión adoptada en la Comisión de Educación del Congreso es una respuesta a la movilización que protagonizaron los universitarios el miércoles pasado.
Sin embargo, aseveró que se trata solo de un avance, pues no descarta que en la universidad decana el rector Pedro Cotillo adopte otras estrategias judiciales con el propósito de mantenerse en el cargo.
Al comentar la actitud de los congresistas apristas y fujimoristas, el dirigente advirtió que, a la luz de sus actos y opiniones públicas, un eventual gobierno de Keiko Fujimori o Alan García podrían promover la eliminación de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), para volver a la antigua Asamblea Nacional de Rectores (ANR), en desmedro de la calidad educativa en las universidades.

Claves

El Ministerio de Educación distribuirá el próximo año S/. 60 millones adicionales entre las universidades que alcancen sus metas presupuestales. No accederían a este beneficio las que no se adecúan a la Ley 30220.

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