Solo García y Toledo afirmaron que “tumbarán la Sunedu”, aunque el candidato de Alianza Popular ya cambió de discurso. Expertos afirman que norma debe seguir su curso, pues cerca del 90% de universidades en el país la ha avanzado.

La Ley Universitaria ha sido uno de los principales temas de debate a inicios de este año. Los conflictos entre los rectores rebeldes y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) llegaron a su punto más álgido a solo unos meses de las elecciones del 10 de abril y los candidatos ya muestran su postura sobre el tema.
Tanto en declaraciones a los medios como en los 19 planes de gobierno que han sido publicados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la tendencia es a favor de continuar la medida, salvo marcadas excepciones.
Alan García (Alianza Popular) y Alejandro Toledo (Perú Posible) mostraron una postura en contra de la ley y de la Sunedu, ente que ha llevado su proceso de implementación en las universidades del país.
“Yo sí me tumbaría a la Sunedu. El Estado no tiene nada que hacer al interior de las universidades”, afirmó hace unas semanas García, quien ahora ha cambiado de discurso y asegura que la apoya en “su labor para exigirle más calidad a las universidades”.
Toledo sí ha reafirmado su idea de desactivar el ente.
Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), calificó como irresponsables este tipo de declaraciones. “Arriba del 90% de universidades ya tienen sus estatutos adecuados, por lo que me parece irresponsable que García y Toledo den este tipo de comentarios”, criticó.

A favor, con cambios

De los seis candidatos que están arriba en las encuestas, tanto Kuczynski (PPK), César Acuña, Keiko Fujimori y Julio Guzmán, en sus distintos planes de gobierno señalan que están a favor de que la ley continúe pero plantean algunos cambios.
Fuerza Popular explica que la ley “no ha resuelto aspectos como el fortalecimiento de la autonomía universitaria para la gestión”, mientras que Peruanos por el Kambio indica que “es un avance pero debe mejorarse y simplificarse para atender la excelencia”.
Daniel Mora, impulsor de la medida, admitió que la ley es perfectible pero que, al menos, se debería dejar que cumpla unos meses más de gestión y luego organizar un debate público para analizar los puntos que deben ser mejorados.
“Un candidato o presidente que desactive la Sunedu tendría un gran rechazo nacional. Más del 90% de estudiantes la aprueba. Quienes la critican responden a intereses particulares”, puntualizó.

Positiva hasta ahora

Por otro lado, Hugo Díaz, del Consejo Nacional de Educación, afirmó que el principal peligro de volver a “foja cero” es que podría generar un nuevo caos en las universidades peruanas y los principales afectados serían los alumnos.
“Creo que los candidatos deben ver que la federación de estudiantes, profesores y un buen sector de la población está a favor. Para julio de este año deberían estar todas las nuevas autoridades y si se vuelve a foja cero vendrán nuevos reclamos”, advierte.
Cuenca, en tanto, añadió que la Sunedu cuenta con los indicadores básicos de calidad para comenzar el proceso de licenciamiento de las universidades y calificó de positiva su implementación.
“En el Congreso ya se avanza la aprobación de la Ley de Institutos y la Ley de Acreditación, que son los dos instrumentos legales que faltan para la reforma y, por eso, se vuelve más difícil que comentarios irresponsables digan que no va a funcionar”, sentenció.
En referencia a los argumentos de que la ley vulnera la libertad de expresión o autonomía de las casas de estudio, Mora respondió que en ningún artículo ocurre ello e invitó a los detractores de la medida a, “por lo menos, leerla”.
“Lo único que exige es que la autonomía se encuentre enmarcada en la ley y en la constitución. En la mayoría de universidades privadas se ha avanzado cerca de un 80%, mientras los rectores rebeldes no pudieron atrasarla hasta el nuevo gobierno”, comentó.
Salvo excepciones en algunos planes de gobierno que no han señalado nada sobre la ley, la postura, en general, es a favor de que siga su curso una vez que ocurra el cambio de gobierno.

Lo que dicen los planes de Fujimori y PPK sobre la Ley Universitaria

“El Perú cuenta con una nueva Ley Universitaria que incluye aspectos positivos como la acreditación de universidades pero que aún no ha resuelto aspectos como el fortalecimiento de la autonomía universitaria para la gestión, y la necesidad de conectar la labor universitaria, la investigación e innovación”, se menciona en el plan de Fuerza Popular.
“Del mismo modo, si bien la Ley Universitaria es un avance importante para tener normas uniformes y claras para distinguir la calidad de la oferta educativa, debe mejorarse y simplificarse en sus articulados para atender de lleno a la excelencia y la acreditación como valores sustantivos de la educación superior en el Perú”, indica el plan de PPK.

Claves

Cambio. Alan García afirmó que de llegar al poder anularía la Sunedu, pero ahora asegura que la “apoya en su labor de supervisar la educación universitaria”.
Poca oposición. Solo 2 de los 19 candidatos se mostraron abiertamente en contra de la ley.

La República

Tribunal Constitucional reitera constitucionalidad de la Ley Universitaria

El organismo constitucional aclaró que es el Poder Judicial el que debe pronunciarse sobre “determinación de cuestiones prácticas” que se derivan de las aplicación de la Ley Universitaria.
Por medio de un comunicado de prensa el Tribunal Constitucional (TC) aclaró, ante el pedido del Colegio de Abogados de Lima (CAL), que la sentencia emitida en noviembre sobre la Ley Universitaria y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) refiere que estas no son inconstitucionales.
Como se recuerda, el pasado 17 de noviembre el CAL pidió que se aclare si la designación de nuevas autoridades universitarias y el cese de las autoridades vigentes es constitucional.
El TC respondió con una resolución aclaratoria, publicada en su portal web institucional, en la cual concluye que su sentencia anterior “es suficientemente clara en el sentido que la Disposición Complementaria Transitoria Primera de la Ley Universitaria no vulnera el artículo 2, inciso 17, de la Constitución o algún otro precepto constitucional”.
Al declararse que la referida ley es conforme a la Constitución, se concluye que la “determinación de cuestiones prácticas que puedan derivarse de ella” (como el fijar fechas para elegir nuevas autoridades universitarias) es “materia ajena” a las competencias del TC.
En el documento se señala que será el Poder Judicial el que se deba pronunciar sobre “la aplicación concreta de las disposiciones y funciones” de dicha norma.

El dato

Los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada no firmaron esta resolución de aclaración en tanto no suscribieron la sentencia en mayoría.

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