“La represión continúa. Ese es su orden y paz”, dijo Carlos Martínez Maganda, uno de los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa.

Para los normalistas y padres de familia de Ayotzinapa, el gobierno de Héctor Astudillo Flores significa un endurecimiento a la represión contra el movimiento social. Lo sospecharon desde antes, desde siempre, dijeron, pero ayer lo confirmaron en el libramiento a Tixtla.

 

Los estudiantes y padres de la Normal rural dieron una conferencia de prensa esta tarde en la escuela, ubicada en Ayotzinapa, Tixtla, para ofrecer detalles de “la agresión” de ayer en su contra en el libramiento (carretera de cuota).

La represión continúa. Ese es su orden y paz”, dijo Carlos Martínez Maganda, uno de los dirigentes estudiantiles de Ayotzinapa, quien tenía huellas de los golpes en la cabeza, además que formó parte del grupo de 13 estudiantes detenidos y liberados en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) por la noche.

“No bastó desaparecer a 43”, agregó Vidulfo Rosales Sierra, el abogado del centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, organización que acompaña moral y jurídicamente a los normalistas y padres.

El vocero de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Felipe de la Cruz, denunció que la agresión no se limita a la golpiza, detención e insultos sexistas contra los normalistas, de por sí ya grave, se extiende a una prohibición del tránsito hacia Chilpancingo.

Las carreteras del tramo Chilpancingo-Tixtla, están repletas de vigilancia. Sobre el libramiento a Tixtla, después de los túneles, policías federales  mantienen puntos de vigilancia.

En el puente del Molino, sobre la carretera federal, los policías de la Fuerza Estatal también, pero con mayor rigor: todas las unidades del transporte público que salen de cabecera municipal hacia Chilpancingo, son revisadas por los elementos.

“Se pueden bajar por favor”, dijo uno de los policías estatales a los pasajeros de la urvan ruta Tixtla-Chilpancingo. “Será rápido. Sólo revisar que en sus mochilas no lleven artefactos explosivos”, agregó. Después de esculcar entre las cosas de los pasajeros varones. El chofer de la unidad dijo que la revisión es únicamente al salir de la cabecera municipal de Tixtla.

“Parece que ahora los delincuentes somos nosotros”, comentó el vocero de los padres de familia de Ayotzinapa durante la conferencia de prensa, al quejarse de que los policías los tienen rodeados.

El dirigente estudiantil denunció a los policías de golpearlos, pero además, atizaron en sus cuerpos cigarros encendidos. O sea, mencionó, les torturaron.

Derivado de los cuestionamientos de los reporteros en la conferencia de prensa, el abogado informó que los normalistas salieron ayer de Tixtla en busca de más camiones, debido a que el acuerdo que mantenían con las líneas privadas del transporte, en especial Estrella Blanca, se rompió hace ocho días.

Según explicó el abogado, después los hechos del 26 de septiembre, los normalistas y las líneas privadas de autobuses hicieron un acuerdo de que cada cierto periodo, las empresa les enviaría algunas unidades para sus actividades —entiéndase que a cambio los normalistas tenían que cuidar de ellas, por la disposición—, el cual mantenían hasta la semana pasada.

Rosales Sierra aclaró que nunca rompieron el acuerdo, si no que la empresa simplemente dejó enviarle autobuses. En la normal, dijo, sólo hay nueve autobuses del último envío, y ayer, pretendían tomar algunos más, pero se los impidió la Policía Federal; esto por la mañana, porque en la tarde salieron con el propósito de conseguir combustible para alimentar a los que mantienen. En ese propósito ocurrió la gresca que los normalistas califican de agresión.

La Silla Rota

Estudiantes de Ayotzinapa: “No fue enfrentamiento, fue ataque”

Estudiantes normalistas dijeron que la nueva agresión en su contra es un claro ejemplo de la falta de derechos humanos en el estado mexicano de Guerrero. En una rueda de prensa, estudiantes normalistas denunciaron que las agresiones de este miércoles por parte de la fuerza mexicana hacia estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en la carreterra de Tixtla-Chilpancingo (estado Guerrero, sur de México) “no fue por enfrentamiento, fue por ataque”. Explicaron que desde un primer momento las autoridades aplicaron el uso excesivo de la fuerza y fueron reprimidos, lo que deja un claro ejemplo de la falta de derechos humanos en el estado de Guerrero.

Igualmente precisaron que los estudiantes heridos fueron trasladados hasta el hospital de Chilpancingo y Tixtla donde cuatro de ellos se encuentran en estado de gravedad y deberán ser ser intervenidos quirúrgicamente por la destrucción de la placa dental y rostro.

Indicaron que para este jueves no se encuentran estudiantes detenidos ni desaparecidos, aún cuando ayer manejaban un saldo de 13 presos y 70 desaparecidos que a las 3:00 de la mañana (hora local) llegaron solos hasta los sitios de apoyo.  La Secretaría de Seguridad Pública mexicana los puso en libertad y los entregó a la comisión estatal de Guerrero donde cada uno de los normalistas fueron recibidos por sus familiares y compañeros.  Los estudiantes normalistas señalaron que lamentan la nueva política de fuerza pública que fue aplicada contra los estudiantes, “ésta se debería aplicar contra la delincuencia organizada y es menos agresiva y tolerante”. “Lo que pasó ayer va por la búsqueda y presentación de los 43 estudiantes desaparecidos, y continuaremos en lucha con sus padres y familiares”.

EL DATO »Este miércoles, las fuerzas de seguridad mexicanas agredieron a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, sur de México.Las agresiones dejaron un saldo de ocho heridos aproximadamente, según informaron medios locales. Este hecho ocurrió en la carretera que conecta a las ciudades de Chilpancingo (capital) y Tixtla, en Guerrero.

EN CONTEXTO »   Los familiares de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 aún esperan que el Estado les devuelva a sus hijos con vida. La Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en octubre del 201, en el que indicó que los estudiantes fueron detenidos por agentes policiales y entregados al grupo criminal “Guerreros Unidos”, quienes supuestamente los habrían asesinado e incinerado, versión que es rechazada por los familiares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México dio a conocer en mayo pasado que algunos de los 100 detenidos por el caso Ayotzinapa habían denunciado torturas para que se declararan culpables respecto al caso. Los únicos restos que se han localizado desde la desaparición de los 43 estudiantes fueron los de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz. La identificación del segundo fue calificada como débil según los integrantes del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF).

teleSur

Critica diputado “estigmatización contra estudiantes de Ayotzinapa”

■ “Así empezó lo del caso Iguala”, dijo el presidente de la comisión especial en el caso de los 43

El presidente de la comisión especial para investigar el caso Iguala, Ricardo Mejía Berdeja, criticó “la criminalización, el hostigamiento, la revictimización y estigmatización” contra los normalistas de Ayotzinapa que exhibió la agresión policiaca de ayer en el libramiento a Tixtla contra los normalistas.

En entrevista, reprochó la estigmatización social que existe contra los estudiantes de Ayotzinapa, porque de algún modo genera un escenario que favorece a la represión. Consideró que en esa lógica los policías justifican excesos, como los de ayer.

Al recordar los hechos la agresión en el libramiento, soltó: “así empezó el caso de Iguala”.

Hechos o acciones como las de ayer, insistió, significan un polvorín, “y el horno no está para bollos”. Consideró que en escenario como el de ayer nuevamente podría generar una tragedia.

El diputado de Movimiento Ciudadano que por la noche plantearía en tribuna durante, el tema de la agresión, mencionó que aún con la intervención de los policías por la toma de la pipa, éstos deben “respetar los derechos humanos”. Pero, dijo, en lugar del respeto a los derechos humanos “dejaron claro la criminalización”.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado difundió que por voluntad política entregaron a los 13 normalistas de Ayotzinapa que detuvieron ayer en el libramiento a Tixtla, a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) para su liberación.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de un comunicado, difundió que debido a “un acto de buena voluntad” trasladaron a los normalistas a la Coddehum.

Además ofreció su versión de los hechos de ayer: los policías estatales –también estuvieron presentes federales, pero sólo de apoyo– impidieron que los normalistas se robaran la pipa doble remolque de gasolina; los normalistas lanzaron contra ellos piedras y una granada; que trataron de prensar las patrullas con los autobuses; 13 muchachos detenidos y siete policías lesionados.

En los hechos, los videos hechos por reporteros, ya difundidos en los diferentes medios de comunicación, se observó un contexto distinto: los policías estatales persiguieron a los dos últimos autobuses en que viajaba los normalistas. Los alcanzaron. Arrojaron piedras contra los cristales, los rompieron, y les aventaron cilindros de gases lacrimógenos por los huecos que hicieron.

La Jornada – Guerrero –

Ayotzinapa: la tortura como método y la resistencia como respuesta

Los 13 jóvenes normalistas, detenidos durante el ataque policial del miércoles 11 en las afueras de Tixtla, no fueron conducidos a ninguna cárcel. Durante el tiempo en que estuvieron retenidos, permanecieron en manos de los efectivos de la fuerza pública.

“Fueron llevados con el objetivo de ponerlos a disposición de la Fiscalía. No sabemos por qué, en el trayecto el gobierno cambió la decisión y los detenidos fueron entregados al Ombudsman, a la comisión estatal de derechos humanos de Guerrero. No estuvieron en la cárcel”, explica Vidulfo Rosales, abogado defensor de los normalistas en la causa que investiga la desaparición de los 43 y asesor legal del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinollan. ¿Qué pasó con ellos entonces? “Los retuvieron, los trasladaron sin rumbo, los golpearon, los interrogaron”. ¿Qué les preguntaron? “A qué fueron a Chilpancingo, por qué siguen haciendo eso, quienes los dirigen, cuáles son sus nombres”.

ayotz

Los estudiantes fueron entregados a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), en la ciudad de Chilpancingo, para ser liberados en la mañana del jueves 12.

“Debido a las circunstancias caóticas que tuvimos que enfrentar ese día, no tenemos aún un recuento fidedigno de cuántos lesionados hubo, no tenemos aún los datos de manera clara sobre los actos violatorios concretos. En base a la información rápida que obtuvimos de los muchachos, recabamos algunos testimonios preocupantes”, analiza el abogado. En números gruesos, de los 20 heridos, 8 fueron hospitalizados, 4 de ellos con heridas graves que requerirán intervenciones quirúrgicas.

Los muchachos detenidos contaron que fueron desnudados, que les hicieron comentarios sexuales denigrantes, que fueron quemados con cigarrillos por los policías.

“Todo lo que relataron son ejemplos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, como los tipifica la Convención contra la Tortura. Lo que recabamos es motivo de análisis, de manera responsable, pero si encajan, recurriremos a los medios legales que haya”, apuntó Rosales.

El abogado entiende el episodio como una más de las agresiones que forman parte de una estrategia gubernamental, que deslegitime a los normalistas y ensucie su lucha, para luego proceder a un acto de represión a gran escala. “Este es un primer paso, seguramente vienen más”.

En ese mismo sentido lee los intentos de vincular a estudiantes de Ayotzinapa con el crimen organizado, como fueron la “filtración” de una comunicación entre dos normalistas, que publicó esta semana el periódico Milenio, así como las posteriores declaraciones del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que advirtió que se investigaría ese vínculo. El abogado alerta que tal relación fue descartada por el Grupo de Expertos Independientes que analiza la Masacre de Iguala: “El Giei dejó claramente establecido en su expediente el motivo de la presencia de los jóvenes en Iguala en la noche del 26 de Setiembre. Seguir aseverando que son parte de un grupo delictivo es una contradicción con la información recabada, que vuelve a esa lectura inverosímil”.

De todas formas, a pesar de no conocer que existan órdenes de aprensión ni para estudiantes ni padres o defensores (como fue la estrategia usada recientemente con los maestros de la zona, por ejemplo) reconoce que es factible que también se les abra una persecución legal: “El gobierno ha deslizado entre líneas que si nosotros procedemos legalmente, ellos también lo van a hacer. Están hablando de robo de combustible y daños, hablan de siete policías lastimados”.

Modus Operandi. “Las Normales vienen de una tradición radical, porque si no, no  les hacen caso. Es la precariedad de recursos lo que los obliga a movilizarse, ya sea por presupuesto o por plazas. La toma de camiones es una de las prácticas más extendidas en el tiempo”, explica Luis Hernández Navarro, periodista y escritor dedicado a estudiar y publicar sobre los distintos procesos vinculados al desarrollo del mundo rural mexicano.

“Las normales, y la educación pública toda, están sufriendo una ofensiva en su contra, particularmente la del mundo rural. Para la tecno-burguesía los campesinos sobran. Si fuera por ellos lo más fácil sería desaparecerlos, pero no pueden, hay resistencia”.

Eso sumado a la gran autogestión estudiantil, también histórica (la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FECSM, es la organización de estudiantes más antigua del país, fundada en 1935) han sido motivos de conflicto permanente con el Estado, explica Hernández. “Los estudiantes tienen incluso responsabilidad en la vida institucional de la escuela, desde el momento en que participan de la selección de nuevos internos, un proceso que no es nada fácil de atravesar. Cada Normal del país tiene su vida interna, pero los estudiantes tienen un perfil común, todos vienen de un mundo de escasez”.

Son lugares, según el periodista, que tienen la particularidad de ser un espacio en que la transmisión generacional es muy fuerte. “Hay una comunidad imaginaria que va más allá de los alumnos activos: incluye a los ex alumnos, que se mantienen muy vinculados a las dinámicas de las escuelas. Es un tejido invisible que va más allá del espacio físico de la escuela, que es inter-generacional e inter-comunitario, y que vive en estrecha relación con las luchas de las comunidades en donde están insertas.”

¿Cómo se explica la etapa actual de conflictos que están atravesando las escuelas rurales? “Está enmarcado en un ataque genérico a la educación pública, en la reforma laboral de la educación, que es una espada de Damocles que pende sobre los maestros. La reforma pretende cambiar su relación con el Estado, hacerlos perder su seguridad en el empleo, someterlos a vigilancia y a evaluaciones permanentes. Es el mismo conflicto que pretende que los estudiantes que egresan de las normales rindan exámenes para conseguir plazas en dónde trabajar. Como si el magisterio no fuera una profesión de Estado, como si fuera borrón y cuenta nueva”.

Hernández explica que durante todo el proceso educativo están rindiendo exámenes, que están regulados por las autoridades estatales. Compara la formación en magisterio con el servicio militar. ¿Por qué valen los años que se prepara un soldado y no un maestro? “El magisterio es una profesión de Estado que éste no reconoce como tal, como si se desentendiera de los años de estudio que les brinda, no valen nada”.

El abogado Rosales agrega que en Ayotzinapa se vive un proceso de discusión y análisis de los métodos de lucha. “Esa preocupación, que existe, tampoco puede cambiar de identidad, de principios, que en un año se abandonen las históricas líneas de acción del normalismo rural”. Al mismo tiempo, agrega que es fundamental que del otro lado también se revise el trato que se les dispensa a las escuelas, que a fin de cuenta, son estatales: “Es fundamental que el Estado haga una reflexión sobre las normales rurales, sobre la forma de salvaguardarlas, de impulsar y fortalecer su funcionamiento. Eso sólo puede hacerse si abre el debate con los actores involucrados, que analice seriamente la vigencia del normalismo rural. Si se pretende que tenga otro rostro, se le debe dotar del presupuesto suficiente”.

De todas formas, uno de los elementos que más le preocupan al defensor de derechos humanos es la discusión que este conflicto ha desatado sobre el uso de la fuerza pública: “Tenemos una policía que se prepara para enfrentar a la delincuencia organizada pero no lo hace, sino que se vuelca contra los normalistas como sucedió en este caso. El saldo es altamente costoso: en vidas humanas, en desaparecidos, en torturados”.

Para Rosales, nuevamente, es imperiosa una reflexión al respecto: “Las voces que piden mano dura son muy peligrosas. La prédica que se escucha, que reclama ley y fuerza, se traduce en maten y desaparezcan. No podemos reclamar que al sector que produce maestros de escuela, se les dé un tratamiento de criminales organizados. Esa es otra mirada equivocada”.

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