¿Sirve para algo la evaluación de los maestros?

En México, evaluar a los maestros, un acto perfectamente natural en el mundo desarrollado, es el motor de marchas, bloqueos, connatos de boicot electoral, tomas de zócalos y casetas, actos terribles de violencia y, por supuesto, volantazos difíciles de explicar, como los que dio el secretario Chuayffet justo antes y justo después de las últimas elecciones: que siempre no, que siempre sí. Este ruido nos ha distraído de discutir un asunto central: ¿sirve dicha evaluación tal y como está diseñada? ¿Evalúa lo que tiene que evaluar, justifica tantas movilizaciones, tanta guerra de declaraciones, tantos desconciertos? ¿Es hora de hacer una pausa o esa pausa tendría consecuencias funestas?

El fin del sainete

DAVID CALDERÓN – Director general de Mexicanos Primero.
La evaluación docente va. Primer acto: una tarde de viernes, la Secretaría de Educación Pública emite un aviso de que se “suspenden indefinidamente” los procesos. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) exige dejar sin efecto dicho anuncio, porque viola el Artículo Tercero constitucional, invade su propia autonomía y deja sin certeza a los más de 400 mil maestros o aspirantes a serlo que se evaluarán este año. Cientos de piezas de opinión repudian el anuncio de la SEP; una pocas aprueban el anuncio en sí, o celebran la aguda estrategia que identifican como motivación última. Muchas organizaciones se activan para oponerse. 42 mil personas se sumaron a la petición de no impedir la evaluación. La Coordinadora (CNTE) lo festeja como logro y se jacta de que así se cumple un acuerdo con sus líderes.

Segundo acto: Un juez federal admite un amparo y ordena dejar sin efecto el anuncio de la SEP. Dicha instancia organiza una veloz rueda de prensa, aduce consideraciones técnicas y electorales, y confirma que va. El Presidente reitera, a quien quiere escucharlo, que nunca se puso en riesgo. El INEE concluye, en un segundo comunicado, que no deben repetirse actos de autoridad que atenten contra la certeza y transparencia de la evaluación que marca el Artículo Tercero.

Para saber cómo se llamó la obra, se necesita el Tercer Acto: la realización de las evaluaciones y la activación de sus consecuencias. Pero, ¿por qué son tan importantes las evaluaciones docentes? ¿Son una pieza menor de política pública, que no justifica tales tormentas de política, cruda política? ¿Es de veras “el infierno de todos tan temido”? ¿Cuál sería la diferencia entre tenerlas y no tenerlas?

En el Artículo Tercero se afirma que el derecho a una educación de calidad debe ser garantizado por el Estado mexicano a cada niña, niño y joven, sin excepción. No basta que estén inscritos en la escuela: debe asegurarse que los métodos y materiales, la infraestructura, la gestión escolar y la idoneidad de maestros y directivos garanticen a los alumnos el máximo logro de aprendizaje. Se da al INEE el papel rector en las evaluaciones de los componentes y resultados del sistema, y se establece –todavía estamos en la Constitución– que los profesores de la escuela pública (desde preescolar hasta media superior) formen parte del Servicio Profesional Docente, un sistema que determina su ingreso, permanencia y promoción con base en evaluaciones objetivas e imparciales.

No realizar las evaluaciones le pegaría en primer lugar a la identidad del maestro: su ingreso podría deberse a la venia de alguien no calificado pedagógicamente, o a que todos los aspirantes entran por “portazo”, en automático tras salir de la Normal. Su permanencia la podría definir su líder local del SNTE, ligado a la obediencia sindical. Su promoción podría no ganarse con las evidencias de aula y la prueba objetiva de desempeño del maestro mismo, sino deberse a un opaco y extralegal intercambio de favores con las autoridades o con la dirigencia gremial, o incluso al “marchómetro” –el registro de pase de lista en las movilizaciones, que el sistema tribal de la CNTE exige a los compañeros que quieran progresar bajo su égida: de la lucha de clases a la lucha sin clases. Seguir con la fortuna personal dependiendo del cacique o de la asamblea de la turbamulta, o bien pasar a un todavía tímido, pero perfectible servicio civil de carrera: he ahí la cuestión.

Pero en última instancia, no realizar las evaluaciones le pegaría al derecho de los niños. Sin un parámetro nacional de los rasgos que caracterizan a un docente, la equidad en la oferta educativa pierde esperanza: la escuela pública no sólo se puede olvidar de su vocación de ecualizador social, sino que acabaría ahondando las brechas: para los pobres, escuelas carenciadas con maestros impreparados, sin refuerzo y en rotación continua; en contraste, en las capitales de los estados y en buena parte del DF, escuelas con buena construcción y equipamiento, maestros experimentados, mejor pagados, que acumulan cursos y complementos salariales y le dan clase a chicos bien nutridos, que tienen libros y computadora en casa. No es lo único que cuenta, pero sin maestros apoyados y que ubican sus fortalezas, desplegados en todo el país, la desigualdad está asegurada desde la infancia. Eso sí que es punitivo.

Los maestros no son culpables del desastre educativo: están entre los principales damnificados. Si no hacemos recuento de cómo están realizando su tarea y qué necesitan reforzar, los mandamos de nuevo a la guerra sin fusil. La infraestructura y equipamiento juegan un gran papel en el logro educativo, pero, como ya se ha demostrado, la paredes no educan, ni los pizarrones, ni los libros, ni Enciclomedia, ni las tabletas: todo ello se activa como aprendizaje de la mano de un profesional experto, que sabe y puede conjugar materiales y contextos.

Aunque algunos no lo quieran creer, los maestros aprenden. Aprenden después de la Normal. Aprenden de sus alumnos y de su propia práctica, reflexionada. Aprenden de otros maestros, más experimentados. Aprenden de cursos, seminarios y congresos. Si van a conducir el aprendizaje de cientos y hasta miles de alumnos a lo largo de su trayectoria profesional, deben ser ellos mismos aprendices consumados. Negarles un apoyo específico y ajustado, por consideraciones políticas, es un error que no debe repetirse.

Debe reiterarse: evaluación con consecuencias. Y la primera e inmediata consecuencia de la evaluación docente es el apoyo debido a los maestros. Si queremos que la evaluación cumpla su cometido, debemos ahora concentrar la exigencia social –con aún mayor energía que la empleada para que no se descarrilara– en que a partir de ella se disponga de los cursos, apoyos y materiales, para que se atienda a lo diagnosticado. Diagnóstico sin tratamiento es receta segura de repetición de problemas, o incluso de su agravamiento. La lamentable escena del titubeo/finta/cálculo debe quedar atrás, para darle su lugar a los profesores de este país. No se debe jugar con ellos; merecen certeza. Ellas y ellos requieren del respaldo certero y continuo del Estado y de la comunidad para seguir creciendo, y así atender al reto de resguardar y promover el derecho de los niños. Ya acabó el sainete: ahora esperamos escuchar el concierto.

¿Es idónea la evaluación de los idóneos?

MANUEL GIL ANTÓN – Profesor del Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México.
                                                                                Idóneo: Adecuado y apropiado para algo. RAE

El fragor de las escaramuzas, jurídicas y políticas, sobre el galimatías de la suspensión de las evaluaciones a los profesores, no ha dado espacio a la discusión de un tema crucial: la idoneidad de la evaluación misma.

Si alguien requiere una intervención quirúrgica, buscará un galeno que tenga capacidad y pericia para llevarla a cabo. A lo largo de su formación, además de los conocimientos generales propios de todo médico, adquiere su especialidad bajo la supervisión de uno muy experimentado. Para estar al día asiste a congresos, toma cursos, estudia; se informa y conversa con sus colegas sobre nuevas soluciones o retos inesperados.

Los colegios de especialistas certifican a sus integrantes con rigor. Otorgamos nuestra confianza con base en un principio: sabe, sabe lo que hace y no lo dice él o ella: lo afirman y confirman sus colegas. El Estado, entonces, reconoce y da licencia para ejercer.

Imaginemos un país en el cual, para certificar a los médicos, se establece un Instituto Nacional para la Evaluación de los Cirujanos (INEC). Como son muchos, la evaluación para decidir si un doctor es adecuado para realizar cirugías consiste en un examen de opción múltiple en el que se les pregunta, digamos y exagero, por dónde pasan equis venas y arterias, el modo correcto de lavarse las manos, el instrumental que hay que usar, la modalidad de sutura correcta o la frase adecuada para comunicar un fallecimiento… El examen lo elaboran expertos en realizar evaluaciones, no médicos en ejercicio ni que lo hayan sido de manera sobresaliente. No han estado en un quirófano. Determinan, con asesoría (suponemos), las dimensiones a considerar y cuentan: respuestas correctas y malas: tal promedio… Hay una tabla de valores que indica el límite entre idóneo e incapaz y emite el certificado.

Momento: eso es una parte de la valoración de sus saberes, pero no basta: hay que revisar sus expedientes, valorar el proceder clínico, la capacidad para interpretar estudios radiológicos; que un experto o varios (pero que sean médicos reconocidos en ejercicio, o lo hayan sido) asistan a una intervención y observen su manera de trabajar y consideren los protocolos pre y post operatorios que diseña y lleva a cabo. Si no se verifica esto, ¿con un examen se fía? Cuidado.

Volvamos al asunto educativo. ¿Es válido y confiable justipreciar el “cumplimiento de responsabilidades profesionales (y éticas); colaboración con la escuela y diálogo con los padres de familia, a través de un reporte del superior inmediato; planeación didáctica argumentada; conocimientos y competencias didácticas que se ponen en juego en la resolución de situaciones hipotéticas de la práctica docente, a través de un examen; y evidencias sobre su práctica de enseñanza, con una reflexión sobre las actividades que realizan sus alumnos” (Zorrilla, El Universal, 11/06/2015) para declarar si una profesora o un maestro sabe generar ambientes de aprendizaje?

A mi parecer, no: evaluar el dominio pedagógico del contenido a enseñar en las circunstancias específicas de un salón de clases, requiere ser valorado por un grupo de profesores –sus pares en el oficio– que sean destacados en su trabajo, tengan experiencia y sepan de lo que se trata. Como en el caso del médico en el que confiamos. Se trata de un saber que sabe hacer algo importante. Es, en pocas palabras, una actividad de la que pueden dar cuenta los profesionales destacados que a ella se dedican. Y tienen que observarla en la práctica.

Ese es el eje de una evaluación profesional dirigida a la valoración del dominio del oficio que implica profesar el título de docente desde preescolar a bachillerato. Es ofensivo para el magisterio que, a diferencia de lo que pasa en otras profesiones, no se les considere capaces de contar con pares destacados que valoren el trabajo de sus colegas. La reforma de la administración del sistema escolar (a la que se le ha dado en llamar educativa) les responde, con soberana altanería: ¿Pares? ¡Nones!

La autorregulación con exigencia transparente y rendición de cuentas públicas de sus procederes para el ingreso, la promoción y la idoneidad a lo largo del tiempo de sus saberes y destrezas son rasgos de una profesión. La autoridad tiene el derecho de verificar la calidad de los procesos de evaluación; el Instituto para la Evaluación de la Educación (INEE), las facultades para contribuir en la organización de un proceso de evaluación productivo, serio, que lleve a la mejora. Sí, pero al eludir la participación de los pares en el proceso es vista por el magisterio responsable como el juicio de quien no sabe lo que se ha de saber. Si es imprescindible para conseguir empleo o conservarlo, se someterán –ese es el término– a la examinación, pero no será la evaluación que se requiere para mejorar las condiciones del aprendizaje. La “victoria”, que se inscriban miles, no es argumento de la aceptación del proceso: es necesidad.

Una proporción del magisterio no acepta evaluación alguna: defienden privilegios. Otra teme a una “evaluación” punitiva y externa sin conocimiento de causa. Ya se prepara para “pasar” el examen: están en la defensa de su trabajo y dignidad. Creo que una proporción muy grande (no todos, por supuesto, pues cualquier gremio es diverso) entraría a un proceso de valoración de su quehacer que se diseñe respetando lo específico del oficio, con mecanismos de observación por quienes saben ponderar los intangibles de la práctica docente en su enorme variedad de circunstancias.

Me han dicho que eso es imposible, pues se tiene que “evaluar” a cientos de miles cada año. Es cierto si se considera que la evaluación ha de estar centralizada, hacerse a toda prisa y calificarse en segundos. Pero: ¿por qué no desagregar al país en regiones escolares de cierta talla, organizar procesos adecuados para la conformación de comisiones evaluadoras de pares (docentes con gran autoridad moral y profesional) que pueden incluir, claro, autoridades y asesores pedagógicos, y se diseñan procesos y ritmos de valoración del trabajo en las diferentes etapas del ciclo de la profesión? Eso se acerca a lo adecuado.

Esta propuesta es difícil, lo sé… El único problema es que resulta necesaria. Dice un sabio: “Si no sabemos medir lo que es valioso, acabaremos valorando, nada más, lo que es medible”. El desbarrancadero al que nos avienta la imposibilidad/incapacidad/impopularidad de pensar la idoneidad de la evaluación, quizá sea resultado de no haber evaluado, ni por la superficie, la idoneidad de la reforma. ¿Control o impulso al desarrollo del aprendizaje? Ese es el dilema.

Cuatro problemas

EMILIO BLANCO – Autor de Los límites de la escuela. Educación, desigualdad y aprendizajes en México.
La evaluación a los docentes no tendrá mayor impacto sobre la calidad de la educación. Esto obedece a cuatro problemas en cómo ha sido concebida y está siendo implementada.

En primer lugar hay un problema ideológico. Se ha sobredimensionado el papel de los educadores en la calidad educativa. La investigación muestra que la mayor parte de los aprendizajes no se explica por los maestros, sino por las condiciones sociales y familiares de los alumnos. No obstante, en las últimas décadas los gobiernos ha tomado una posición clara en este tema: cualquier mejora sustancial en las condiciones socioeconómicas de la población deben venir del mercado. Concedamos sin acordar, pero sepamos entonces que no estamos tocando el fondo del asunto y moderemos fuertemente las expectativas.

En segundo lugar hay un problema de definiciones. Se supone que la evaluación identifica a los mejores maestros, pero ¿qué es un buen maestro? Ni los legisladores ni las autoridades educativas parecen saberlo. ¿Dónde están definidas las características de un buen docente, y cuáles son los mejores medios para evaluarlas? Tales definiciones sólo pueden fundamentarse en ideas claras y consensuadas sobre la calidad educativa; estándares precisos y exigentes que guíen a todos los actores. No obstante, dichas ideas están ausentes del debate.

En ese vacío, la evaluación de docentes en México se limita a observar, a través de exámenes estandarizados, el manejo de contenidos y enfoques básicos. Tal vez esto sirva, parcialmente, para evitar el ingreso o la permanencia de los más incompetentes. No obstante, no identifica a los mejores. Los países que han tomado en serio la evaluación utilizan técnicas múltiples y complejas como la autoevaluación, la evaluación a través de pares y la observación del trabajo en aula. Son técnicas que no solo sirven para sancionar, sino también para aprender.

En tercer lugar hay un problema de función. La evaluación se limita a sancionar las competencias actuales de los educadores pero no ataca la raíz del problema: su formación inicial y su desarrollo profesional. En un país cuyos maestros tienen problemas de formación básica, apostar todo a la evaluación es como pretender que el termómetro cure la pulmonía.

Finalmente hay un problema en los usos y consecuencias de la evaluación. Para ser efectiva, la evaluación no solo necesita distinguir correctamente los buenos de los malos maestros. Es fundamental que, tal como indica la ley, se utilice para tomar decisiones sobre contratación, promoción y permanencia (y si es posible, para la formación continua). Aquí aparecen dos grandes amenazas.

La primera es la tendencia de las autoridades educativas a negociar la aplicación de la ley como resultado de las presiones sindicales. Hasta ahora, las señales enviadas por el sistema político a este respecto han sido ambiguas, sobre todo en los estados más conflictivos. Si negociar la ley da más réditos que aplicarla, esperar un cambio en este sentido es pecar de ingenuos.

La segunda amenaza es demográfica. En los próximos años, la cifra de docentes de educación básica que se jubilarán es muy superior a la cifra de titulados de escuelas de formación. En 2023 se estima que se podrían retirar hasta 160 mil, mientras que los egresados apenas llegarían a 25 mil. Es cierto que no todas las vacantes deberán ser cubiertas, pero muy probablemente sean más de las que puedan cubrirse con esta cantidad de egresados. Si, además, vamos a seleccionar de éstos solo a los “idóneos”: ¿cómo vamos a llenar las otras plazas?

Frente a estas evidencias parece incauto sostener muchas esperanzas respecto de la evaluación. Por supuesto que es urgente poner orden en un sistema que funciona de manera oscura y en ocasiones corrupta, pero una evaluación mediocre y sin voluntad política no va a solucionar este problema. Por eso lo principal es continuar debatiendo públicamente los problemas educativos, y no festejar la ilusión de que, ahora sí, los maestros “recibirán su merecido”.

 

Una herramienta fundamental

LUCRECIA SANTIBÁÑEZ – Profesora en la School of Educational Studies, Universidad de Claremont.
El 29 de mayo, el Comunicado 129 de la SEP suspendió “de manera indefinida” los procesos de evaluación docente. El 8 de junio los restauró. Dejo a mis amigos politólogos especular sobre las razones que llevaron a esta decisión. Me concentro en la dimensión educativa. ¿Son las evaluaciones docentes útiles? ¿Porqué tanto movimiento para defender un sistema de evaluación que muchos, incluso algunos especialistas, consideran problemático?

El tema de la evaluación docente es relativamente nuevo. Tiene sus raíces en los movimientos de rendición de cuentas alrededor del mundo con el empuje de gobiernos más conservadores y políticas de libre mercado. La globalización erosionó algunas de nuestras ventajas competitivas como mano de obra barata. México, igual que otros países, necesita incrementar la productividad de sus trabajadores a través de mejores habilidades y conocimientos adquiridos en la escuela.

Al mismo tiempo, la investigación educativa demostró lo que muchos sabíamos intuitivamente: que el maestro es, después de la familia, el factor más importante en el aprendizaje de los niños. Un buen maestro puede catapultar a un niño hacia una trayectoria mejor, un mal maestro puede estancarlo. La evaluación docente, en especial la evaluación de desempeño, busca premiar a los mejores e incentivar el esfuerzo de la mayoría. El problema de la evaluación docente está en los detalles, ya que los modelos estadísticos para determinar la “contribución” del maestro al aprendizaje son inestables y a veces imprecisos. Por eso, la mayoría de los países desarrollados no las utilizan para acciones de alto impacto, al menos no por sí solas. Hace un par de años diversos estudios financiados por la Fundación Gates en E.U. revelaron que las evaluaciones de desempeño son mejores cuando toman diversos insumos en cuenta: puntajes de los niños, opinión de los alumnos acerca del maestro y observación en clase.

En México, estamos muy lejos de poder implementar este tipo de evaluaciones de desempeño. En ese sentido, una suspensión de actividades no es necesariamente una mala idea, siempre y cuando el tiempo se utilice para pilotear diversos esquemas e incluir a los maestros en el esfuerzo.

Las evaluaciones de ingreso son otro boleto. Sobre esto hay menos investigación, porque en la mayoría de los países desarrollados el ingreso a la docencia está altamente regulado. No hay pases ni plazas automáticas. Los futuros maestros asisten a universidades tradicionales, no a escuelas normales. Los procesos de selección son rigurosos y toman en cuenta la opinión de directores de escuela y padres de familia. Los maestros no reciben una plaza definitiva sino hasta que llevan varios años enseñando, años en los que se sujetan a evaluaciones continuas por parte de la administración escolar y distrital.

En México el panorama es enteramente distinto. Hay pocas instancias en la vida docente donde el maestro tiene que comprobar que cuenta con aptitudes para enseñar. La entrada a la docencia se da vía las escuelas normales, mismas que no se distinguen por ser académicamente las más rigurosas, ni las más selectivas. Las últimas ediciones del concurso de ingreso han revelado problemas de fondo: una proporción muy alta de los maestros no los pasan. En todo caso, un único examen estandarizado y aplicado de modo central no debería ser el pilar de nuestro sistema de selección docente. Pero si vivimos en un mundo donde las escuelas normales no tienen que rendir cuentas, ¿con qué herramientas contamos?

He oído repetidamente que el proceso de evaluación docente tiene fallas técnicas y que no es mala idea que la SEP lo suspenda (o incluso cancele). Entiendo el espíritu del argumento pero no lo comparto. El INEE, la máxima autoridad en evaluación educativa, les puso su sello de garantía. El secretario Chuayffet aludió a problemas con el proceso en su discurso del 8 de junio, incluyendo un retraso con las computadoras y conectividad necesarias. Si la SEP estaba preocupada por la implementación, quizá debió de entrar en un diálogo con el INEE antes de suspender unilateralmente el proceso.

Es una buena noticia la decisión de SEP de continuar con las evaluaciones. Si pretendemos competir en los escenarios internacionales, necesitamos profesionalizar la docencia. Las evaluaciones no lo resuelven todo. Sin embargo, en el contexto mexicano son fundamentales para avanzar hacia una educación de calidad.

Milenio


Volver