Durante el debate de la Ley Universitaria se decía que esta acabaría con las llamadas universidades “chicha”, las que funcionan en garajes, centros comerciales o al costado de casinos. Eso debería efectuarse a través de una evaluación que identifique si las 142 universidades públicas y privadas del país cumplen con condiciones básicas para operar, sea de infraestructura, oferta educativa, docentes o planes de estudio.
Luego de más de un año de la promulgación de la norma, comenzará la aplicación de esta medida obligatoria denominada licenciamiento. Para ello, las universidades deberán solicitar que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) verifique sus instalaciones (laboratorios, bibliotecas) y su organización, a fin de obtener la licencia que autorice su funcionamiento.
Durante el 2016, se evaluarán las condiciones básicas de 62 universidades, según estima la Sunedu. Aquellas que incumplan con los requisitos podrán ajustarse a las exigencias y presentar nuevamente la documentación hasta diciembre del 2017. Si pasados estos dos años de plazo no cuentan con las condiciones, recibirán multas e incluso podrán perder su licencia de funcionamiento; es decir, no brindarán el servicio.
De acuerdo con el cronograma de la Sunedu, desde la quincena de este mes las universidades deberán solicitar dicha inspección, que está dividida en tres etapas y durará como máximo 120 días.
Las instituciones públicas y privadas han sido agrupadas según su antigüedad. Así, entre diciembre del 2015 y octubre del 2016 se estima que más de 60 empiecen este proceso. El resto lo hará hasta el 2017.

San Marcos en lista

En el grupo de instituciones en las que se iniciará desde este mes la aplicación del licenciamiento está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que presenta el mayor retraso en la adecuación a la ley: no tiene estatutos ni nuevas autoridades. También se encuentran la San Antonio Abad del Cusco, la Cayetano Heredia, la Universidad Privada de Ica, entre otras (ver lista).
Si San Marcos u otra universidad no se presenta a este proceso dentro de su grupo de implementación, recibirá una sanción establecida en el reglamento de infracciones y sanciones, que aún no se publica.
Durante la inspección, que también será documentaria, se verificará que las universidades cuenten con laboratorios equipados, bibliotecas y organismos dedicados a la investigación. Como condición básica también se exige que el 25% de los docentes estén contratados a tiempo completo. “En muchas instituciones solo el 2% o el 3% de los maestros cuentan con ese requisito. Ello implica una revisión de la política de pensiones, por lo que es necesario establecer ese plazo que rige hasta el 2017″, indica el presidente del Consejo Nacional de Educación, Hugo Díaz.
Quienes estén incorporados a la docencia universitaria después de la entrada en vigencia de la referida ley y trabajen en pregrado o posgrado tendrán que contar con los grados de maestro o doctor. Para esto, el reciente fallo del Tribunal Constitucional definió un plazo de cinco años, que vencerá en noviembre del 2020.
En los requisitos también figura que las universidades cuenten con un portal de transparencia institucional. Además, deberán realizar seguimiento a sus graduados (ver cuadro).
El congresista Daniel Mora, promotor de la Ley Universitaria, detalla que las universidades estatales cuentan con mayor infraestructura que las privadas; sin embargo, no poseen talleres, bibliotecas o comedores adecuados. En tanto, hay particulares que incluso carecen de agua, luz o baños.

Universidades “chicha”

¿Cuándo dejarían de funcionar las universidades “chicha”? Hasta diciembre del 2017, las instituciones deberán corregir sus errores. Ese plazo se estableció, según la superintendenta Lorena Masías, porque la adecuación también requiere de presupuesto. “Las universidades públicas están sujetas a un ciclo presupuestario. Entonces, se ha pensado que es un plazo suficiente para que puedan pasar por ello, sin que tengan problemas de incumplimiento”, sostiene.
Hacia esa fecha, las 142 instituciones habrán pasado el primer filtro de licenciamiento, dice la Sunedu. Ninguna universidad podrá funcionar sin licencia desde enero del 2019.

La República

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