Es más que probable que sea la mala educación y no la mala política económica la principal razón de que América Latina no crezca con más rapidez. Debido en gran medida a nuestras malas escuelas, no tenemos una fuerza laboral capaz de competir con la de Corea del Sur y otras de alto crecimiento. A mediados de los años 60 el ingreso per cápita en Corea era de US$1.000 al año y hoy, tras una radical reforma educativa (1975-1990), es de US$33.000 al año, el doble del promedio mundial. Chile, el país más rico de América Latina, superaba de lejos a Corea del Sur en 1960 y hoy el país asiático casi lo duplica en ingreso per cápita.

Una buena educación no sólo impulsa el crecimiento. También ayuda a reducir la desigualdad. Una buena educación pública y gratuita, como la que se ve en casi todos los países desarrollados, es el gran nivelador social que da igualdad de oportunidades a ricos y pobres.

América Latina ya emprendió, con éxito, una gran reforma educativa: la de la cobertura. El gasto público en educación aumentó en todos los países de los años 70 a los 90 y hoy casi todos los niños latinoamericanos saben leer y escribir. Cerca del 90% de ellos terminan la educación primaria.

Eso era necesario, pero está lejos de ser suficiente. Programas de estudio establecidos en algunos casos hace medio siglo y maquillados con clases de computación y anémicos cursos de capacitación para profesores hacen que el problema crezca año tras año. No basta la cobertura, urge mejorar la calidad. A medida que se globaliza la economía, las recompensas de la globalización van crecientemente a los trabajadores con más destrezas y mayor productividad: los mejor educados.

Y sólo dos países de la región, México y Chile, han iniciado reformas para mejorar la calidad de su educación,

América Latina está muy por detrás de Asia y del mundo desarrollado, según los resultados de la única herramienta que mide permite comparar a nivel global la calidad de la educación entre países: las pruebas PISA (Program for International Students Assessment), que conducen cada tres años la OCDE, un club de naciones ricas al cual pertenecen México y Chile en la región.

Las pruebas PISA miden niveles de educación en lectura, matemáticas y ciencia entre jóvenes de 15 años de edad, en 65 países. Se ha cuestionado su metodología y el valor de sus resultados, pero no hay otra herramienta que compare los niveles de calidad de educación entre distintos países a nivel mundial.Según sus puntajes, la mejor educación de América Latina se da en el pequeño Chile.

No es para sentirse orgulloso. A nivel mundial, Chile está entre los peores: ocupa el lugar 53 entre los 65 países evaluados. Le siguen en la región dos países aun más chicos -Uruguay (puesto 55) y Costa Rica (56)- y entre los diez últimos lugares del mundo se ubican Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú. Es cierto que hay un centenar de países que no participan de la prueba, muchos de ellos impugnando la metodología de PISA, pero el hecho de que no quieran someterse a este examen da motivos para pensar que no ocuparían lugares destacados.

Entre los no evaluados están Venezuela, Ecuador, Paraguay y  los países centroamericanos. ¿Cómo medir la calidad de su educación frente a estándares globales si se niegan a participar en las pruebas internacionales? Por muy bienintencionadas que sean sus autoridades educativas, ¿con qué herramientas podrían establecer cuáles son las reformas que habría que emprender para intentar llegar a los niveles de los países líderes en educación, como Finlandia, Corea del Sur y Japón?

Las dudas en torno a la metodología de PISA han generado otros tests globales de medición. El Tercer Estudio Comparativo y Explicativo Regional de la Unesco (TERCE, según su sigla en inglés) evalúa a 15 países de la región, incluyendo a México, Venezuela, varios países centroamericanos y República Dominicana. TERCE, además, evalúa a los estudiantes en distintas etapas de desarrollo educativo, entre los ocho y los once años de edad. Pero mide a los países dentro de la región, sin compararlos con el resto del mundo.

Chile vuelve a ocupar el primer puesto en América Latina, seguido de Costa Rica y Uruguay, y en casi todos los países ha mejorado levemente la calidad de la educación, respecto de la misma prueba tomada en 2006.

Controvertidos como son, los resultados de estas pruebas han puesto el acento donde deben, indicando con toda claridad que la reforma pendiente es la de la calidad de la educación.

También han revelado que no basta con aumentar el gasto en educación para resolver los problemas de la educación. América Latina ya gasta en educación casi lo mismo que lo que gastan en promedio los países de la OCDE, con mucho mejores resultados. México gasta en educación más que China y varios países asiáticos como porcentaje de su economía y, sin embargo, el 25% de los jóvenes méxicanos ingresa a la universidad, contra el 93% de los coreanos.

América Latina sí falla en el gasto en el llamado “capital de conocimiento”, definido como la capacidad de un país de innovar y diseminar la innovación. Eso incluye el gasto en escuelas, universidades y centros de estudio, investigación y desarrollo, medios de comunicación e infraestructura de información y comunicaciones. En promedio, los países latinoamericanos gastan cerca del 13% del PIB en estas tareas de conocimiento, menos de la mitad de lo que gastan los países de la OCDE. Y el gasto en investigación y desarrollo es mucho menor.

En febrero de 2013, pocos meses después de asumir la presidencia de México, Enrique Peña Nieto firmó una profunda ley de reforma de la educación aprobada por el Congreso que inicialmente buscaba reducir el poder del sindicato de profesores de ese país, el más grande de América Latina. El sindicato controla los contratos de nuevos maestros y administra los establecimientos educacionales, estableciendo verdaderas dinastías con algunos cargos docentes traspasados de padres a hijos. Muchos profesores mexicanos empiezan a trabajar en las escuelas sin haber pisado nunca antes un aula.

Al día siguiente de entrar en vigencia la ley, la justicia arrestó a la presidenta vitalicia del sindicato, Elba Esther Gordillo, acusándola de malversar US$150 millones de la organización para gastos personales, incluyendo la compra de casas en California, un avión, obras de arte y operaciones de cirugía estética. Gordillo está siendo sometida a juicio y sigue en la cárcel hasta hoy.

La acción del gobierno de Peña Nieto fue aplaudida en México y el exterior -incluyendo AméricaEconomía- como una señal de que la reforma educacional iba en serio. Pero dos años y medio después no está nada de claro que Peña Nieto le haya doblado la mano a los maestros. El sindicato sigue controlando qué se enseña y quién enseña en las escuelas. Y, además, se opone a que los profesores sean evaluados, piedra angular de la reforma educativa para establecer una carrera docente basada en el mérito.

Los maestros han estado en pie de guerra contra la reforma en las últimas semanas, convirtiendo su disputa con el gobierno en un ring de boxeo. Por estos días debía iniciarse la prueba de conocimientos para 250.000 aspirantes a profesores y los tests de evaluación de 1,2 millones de docentes en ejercicio. Pero los maestros ordenaron un paro en los días previos a las elecciones intermedias de fines de mayo, tomándose en muchos lugares las calles de acceso a los sitios de votación. El gobierno anunció que suspendía el programa de evaluaciones docentes. Lo reinició inmediatamente después de los comicios -Peña Nieto perdió apoyo, pero conservó mayoría en el Congreso- y las primera semanas de junio han sido de paros, protestas y confrontación. Mientras tanto, los estudiantes están sin estudiar.

Esto es una tragedia desarrollándose en cámara lenta.  Los profesores, buscando defender sus intereses corporativos, a veces muy justificadamente, se han convertido en una fuerza que se opone al progreso del país. Algo parecido sucede en estos días en Chile, el otro país latinoamericano que ha emprendido una reforma educacional profunda. México empezó su reforma buscando reformar a los profesores y Chile lo hizo modificando la propiedad, financiamiento y selección de alumnos en las escuelas públicas. Ahora, el gobierno chileno acaba de presentar al Congreso un proyecto de ley de estatuto docente que también exige evaluar a los profesores. El sindicato de maestros chileno, como el mexicano, ha reaccionado con protestas, paros y confrontación.

Los profesores tienen todo el derecho a defender sus intereses y sus agrupaciones gremiales existen para eso. Pero no buscan mejorar la educación de los niños ni debieran hacerlo. Esa tarea le corresponde al gobierno. Los profesores están defendiendo sus propios intereses invocando el interés de los alumnos y la calidad de la educación.

Un marco más adecuado de propiedad, financiamiento y selección de las escuelas públicas, así como un sistema de carrera docente basada en el mérito son las acciones que hasta ahora han emprendido los gobiernos de México y de Chile. Ambas acciones son correctas y quizá sean prioritarias, pero ninguna va al fondo del asunto. Lo que importa en una reforma educativa que pretende mejorar la calidad de la educación es qué es lo que se enseña a los estudiantes, en qué destrezas se les adiestra para que compitan mejor en la arena laboral que viene, cuántas horas de clases y cuántas horas de tareas en casa necesitan; cómo capacitar mejor y pagar mejor a los profesores para que enseñen mejor, cómo atraer a los mejores talentos para que se dediquen a la pedagogía.

Hasta el momento, nada de eso se ha visto en las reformas mexicana o chilena. Pero son temas que en ambos casos están en la agenda.

Buena suerte. La reforma educativa no sólo es hoy la más importante. También la más urgente. Y quizá, también, la más difícil de emprender.

América Economía


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