por Ana López Molina

AVANCSO- Guatemala – Grupo de Estudios sobre Centroamérica – IEALC/FSOC/UBA

En Guatemala existe una única casa de estudios superiores pública, la Universidad de San Carlos (USAC). Se calcula que apenas el 5% de los y las jóvenes de 18 años o más acceden a esta universidad. Sin embargo, en el país sólo el 1% de la población accede a la universidad, y sólo 0.3% de los inscritos se gradúa. A pesar de ello, los estudiantes, tanto los universitarios como los de secundaria, fueron actores determinantes en luchas populares a lo largo de la historia. La fuerza de las organizaciones estudiantiles se sostuvo hasta el principio de este siglo, cuando a través de reformas educativas se ha ido restando peso y capacidad organizativa a las secundarias, y procesos de corrupción y cooptación han debilitado a la dirigencia universitaria. La deslegitimación de las luchas estudiantiles, en gran parte labor de los medios conservadores de comunicación, convirtió a este movimiento en uno casi ausente.

Ante la indignación provocada por la reciente develación de la estructura de defraudación fiscal en la que el Ejecutivo está involucrado, que llevó a las calles a miles de guatemaltecos en la ciudad y las cabeceras departamentales, llama la atención la rearticulación de este movimiento horizontal en el que no hay dirigentes, líderes, ni ídolos. La juventud es un atributo que juega fuerte, toda vez que la convocatoria, la circulación de información y de opinión ocurre en las redes sociales. El movimiento de USAC, #SomosPueblo, con su nombre ya asume una postura frente a lo que ocurre.

Lo más interesante es que los estudiantes de universidades privadas por primera vez también salen a las calles de manera organizada y visible. Landivarianos (de la universidad jesuita), Movimiento Marro (de la universidad neoliberal) y Acción UVG (universidad científico-técnica ligada a instituciones educativas de Estados Unidos), junto a Usac es Pueblo, se articulan en la Coordinadora Estudiantil Universitaria de Guatemala que con actividades de protesta pacífica, busca el empoderamiento a través de articular y unir grupos de la sociedad civil. Se declaran en favor de transformar el sistema político y económico para que estén acordes a la dignidad humana. Hablan del relevo generacional en la lucha estudiantil, superando la polarización y los prejuicios que han impedido el diálogo y la acción coordinada entre universidades.

La Coordinadora ha cobrado visibilidad y el 17 de agosto fue recibida por el Comisionado contra la Impunidad en un acto donde expresaron su pleno apoyo a CICIG y MP, mientras prometieron continuar exigiendo transparencia y justicia. El 27 de agosto, jornada de Paro Nacional que canalizó la indignación y que tuvo masiva participación de ciudadanos y empresas (las estimaciones alcanzan los 150 mil participantes), mostró la amplia convocatoria de la Coordinadora. La columna de estudiantes que provenían de las universidades privadas, al unirse con la proveniente de la pública se extendía por varias cuadras a su llegada a la Plaza Central. Una juventud involucrada en temas trascendentales es una noticia esperanzadora para el país que disputa el puesto por ser el más violento de Latinoamérica.


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