El pasado sábado 13 de junio, convocada por la Universidad de San Carlos, se instaló la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado (PNRE), integrada por todos los sectores sociales e instituciones que están empeñados en construir una salida pacífica, legal y legítima a la actual crisis política de Guatemala.

La PNRE se define “como una instancia civil plural, incluyente y legítimamente representativa de las universidades, colegios profesionales, centros de investigación, iglesias, pueblos indígenas, organizaciones gremiales, sector privado organizado, cooperativas, foros sociales, organizaciones estudiantiles, sindicales, de mujeres, de jóvenes, campesinas, ambientalistas, de derechos humanos y ONG, que tiene como propósito fundamental alcanzar acuerdos, consensos y propuestas para promover la reforma profunda del Estado”.

La Plataforma se plantea tres objetivos: a) Articular a los diferentes actores nacionales para lograr acuerdos y consensos políticos que permitan impulsar propuestas para la reforma profunda del Estado; b) promover una transición política pacífica, que fortalezca y legitime el ordenamiento constitucional e institucional del país; y c) generar condiciones sociales y políticas para promover cambios estructurales en Guatemala.

En una primera fase, la PNRE se propone reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) con dos finalidades: en primer término, responder a las demandas ciudadanas para que los politicastros corruptos, financiados por capitales ilegales, dejen de utilizar los fondos públicos como su alcancía, privando a hospitales y escuelas de recursos.

Recordemos que es principalmente por la vía del Congreso de la República que las mafias infiltran jueces y magistrados al Organismo Judicial, para garantizarse impunidad, tal como se ha evidenciado con las investigaciones del MP y la Cicig. Además, son los diputados corruptos quienes se reparten las obras públicas en ministerios y municipalidades, recetándose un 30% de comisión. Sin omitir que, vía sobornos, aprueban leyes que atentan contra los intereses de los pobres y los excluidos.

En segundo término, las reformas electorales propuestas buscan abrirles la puerta a los pueblos indígenas y a todos los sectores sociales para que postulen candidatos honrados a diputados al Congreso o a una posible Asamblea Nacional Constituyente, mediante Comités Cívicos Distritales.

De esa cuenta, la reforma a la LEPP incluye cinco temas principales: 1) Modificar el régimen de representación, estatuyendo los Comités Cívicos Distritales. Además, mujeres y PI podrán participar en igualdad de condiciones en las planillas de diputados y munícipes de los partidos. 2) Regular el financiamiento privado, estableciéndose que este deberá ser entregado vía el TSE, quien deberá velar por su licitud. 3) Acceso equitativo de las organizaciones políticas a los medios de comunicación. 4) Establecer que el derecho constitucional a la reelección no podrá ser sucesivo, sino deberá dejar un período de por medio. 5) Estatuir que el voto nulo será vinculante, contabilizándolo junto a los votos válidos para los cálculos electorales.

La ciudadanía demanda que las reformas a la LEPP rijan para la presente elección, por lo que se solicitará posponerla por 60 días para la aprobación legislativa, respetando los tiempos que manda la Constitución e instalar a las nuevas autoridades el 14 de enero de 2016.

Todas las propuestas de la PNRE se fundan en ley y, sobre todo, se fundamentan en la voluntad soberana del pueblo de Guatemala, pilar constitutivo de nuestra institucionalidad.

 

Siglo21


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