La discusión acerca del cambio estructural en el sistema de educación superior en Chile parece estar mostrando de manera inequívoca como el proceso de formación de las políticas públicas es finalmente el resultado de una transacción política entre actores. En las últimas semanas hemos visto como los movimientos tácticos y estratégicos de actores vinculados al tema ─en especial el Cruch y organizaciones de estudiantes─ movilizados desde una lógica corporativista presionaron para que el anuncio de gratuidad formara parte de la cuenta presidencial del 21 de mayo pero restringido ─por lo menos por ahora─ a un sector del estudiantado chileno.

El Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (Cruch) nació hace 61 años para coordinar las acciones de las universidades chilenas y representar sus intereses ante el Estado. Ciertamente, se trataba de las universidades que existían en el país a comienzo de los años 60. En la actualidad coexisten en su seno instituciones diversas, de composición variopinta ─laicas, confesionales, estatales, con vocación pública y privadas─ y que poseen poder de veto para definir de manera arbitraria el acceso a este “selecto club”. Son solo ocho las universidades originarias creadas antes de 1960. Las demás nacen con posterioridad a 1981, y las más recientes, a inicios de los años 90. El principal objetivo del Cruch en los últimos 25 años ha sido la defensa del statu quo que descansa en el clivaje publico/privado. Detrás de este objetivo han desarrollado durante estos años un conjunto de discursos y prácticas fuertemente centrado en la defensa de esos intereses corporativos.

El anuncio de que a partir del 2016 habrá gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables que estén en Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) sin fines de lucro y en Universidades del Consejo de Rectores, es un traje a la medida de los intereses de los rectores del CRUCh y de sectores de la Confech.

La RAE define la práctica corporativista en un grupo o sector profesional como “la tendencia abusiva a la solidaridad interna y a la defensa de los intereses del cuerpo”. En los hechos, estos es lo que ocurrido con el Cruch. De la revisión de los discursos y prácticas tanto de sus vicepresidentes ejecutivos como de los pronunciamientos y declaraciones del Consejo, se colige que el anuncio fue un guiño del Gobierno para descomprimir las demandas del movimiento estudiantil y bajar la conflictividad del sector. El ministro Eyzaguirre optó por concentrarse en el frente que mantiene abierto por el proyecto de Nueva Política Nacional Docente y cedió tácticamente ante el CRUCh para dejar sin piso de demandas a un sector del estudiantado –los más influyentes– de la educación superior.

Pero el cálculo estratégico del Mineduc choca con un dato: el CRUCh agrupa a menos de la mitad de la matrícula universitaria y del número de universidades acreditadas actualmente. Según datos del SIES, la matrícula total para el año 2014 fue de 1.215.213 estudiantes, de los cuales solo 333.549 estudian en universidades del CRUCh, el resto –un poco más de 880.000 estudiantes– lo hacen en universidades privadas, IP y CFT. Por otra parte, la mayoría de los IP y CFT tienen una estructura jurídica que les permite actuar como instituciones para las cuales no está prohibido lucrar. No queda claro que muchas de estas quieran cambiarse desde esa modalidad para seguir funcionando. Este solo dato le resta representatividad nacional y profundidad a la decisión del Gobierno de comenzar la gratuidad con las Universidades del CRUCh.

Habrá que ver cómo reaccionan los estudiantes. Si siguen por el camino de la defensa del interés corporativo al igual que sus rectores agrupados en el CRUCh o son solidarios y defienden el derecho a la gratuidad para el resto de sus compañeros estudiantes de las otras instituciones de educación superior, que por ahora el Gobierno parece una vez más subvalorar.

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