La ministra de Educación por su parte señaló que el proyecto de Educación Superior se encuentra en condiciones de ser ingresado al Congreso antes del 31 de diciembre.

C. Díaz

Ante la incertudumbre que ha generado el futuro fallo que deberá entregar el Tribunal Constitucional respecto a la gratuidad en la educación superior, el vocero de Gobierno reiteró al intención del oficialismo de entregar claridad a las familias y los estudiantes que deberán postular a las diversas instituciones de educación.

“Queremos decirle a las familias y a los jóvenes que van a postular el 27 de diciembre; antes de esa fecha vamos a dar a conocer de manera muy clara las instituciones que se va a acoger a ese régimen de gratuidad para los que postulen lo hagan con toda la claridad que corresponde”, señaló el vocero Marcelo Díaz.

Por su parte la ministra de Educación, Adriana Delpiano, señaló que la cartera se encuentra trabajando en los últimos detalles del proyecto para la educación superior que deberán ingresar al Congreso antes del próximo 31 de diciembre.

“Seguimos trabajando en lo que es la ley larga del próximo año que debemos mandar al Parlamento antes de la próximo 31 de diciembre y ver de qué manera los temas financieros podrían verse afectados con el presupuesto”, comentó Delpiano.

Además, reiteró la intención del gobierno para entregar gratuidad a las universidades dentro del Consejo de Rectores: “Queremos dar seguridad, el Cruch y todas las universidades el Cruch en cualquier escenario deberían estar presente”.

El vocero también destacó que el 2016 será el “comienzo de la gratuidad, pero también de extender al máximo los beneficios”. En la misma línea señaló que “hoy día todos estamos hablando de gratuidad, incluso aquellos que en un comienzo decían que no y ahora todos queremos avanzar a la gratuidad y eso es un triunfo del gobierno”.

La Tercera

Chile Vamos entregó al Mineduc una “propuesta inclusiva” de gratuidad

Parlamentarios de oposición se reunieron con la ministra Adriana Delpiano y dijeron haber tenido “buena recepción”. Plantearon requisitos uniformes entre planteles y la reasignación de recursos para aumentar el número de estudiantes beneficiados.

Parlamentarios y dirigentes del bloque opositor Chile Vamos llegaron este martes hasta el Ministerio de Educación para presentar a sus autoridades una “propuesta inclusiva” de implementación de la gratuidad anunciada por el Gobierno para el próximo año.

Los diputados UDI Jaime Bellolio, Romilio Gutiérrez y María José Hoffmann, junto con los RN Alejandro Santana y José Manuel Edwards, además de la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, se reunieron con la ministra Adriana Delpiano y la subsecretaria Valentina Quiroga para exponerles su plan, que se funda en el reciente dictamen del TC que declaró inconstitucionales los requisitos fijados por el Gobierno en la glosa presupuestaria para la entrega del beneficio.

Según explicaron los representantes de la derecha, su propuesta plantea requisitos equivalentes para los planteles -ya sean universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica- de cuatro años de acreditación, además de la reasignación de recursos de Corfo que hoy están “destinados a comprar fierros” para ampliar a gratuidad a 115 mil estudiantes adicionales a los 200 mil originalmente proyectados por La Moneda.

“Lo que hemos hecho es presentarle distintas alternativas que benefician a más estudiantes. El Gobierno no puede elegir a dedo a quién sí y a quién no” le da gratuidad, señaló Jaime Bellolio, quien defendió la imposición de requisitos con “una vara que se le exija a todas”, aun a riesgo de afectar a universidades del Cruch.

El objetivo es que la promesa de Bachelet se implemente mediante un “proyecto consensuado entre la oposición y la Nueva Mayoría, sin discriminación y, principalmente, sin sesgo ideológico”, señaló Alejandro Santana, jefe de la bancada de diputados de RN, quien agregó que “ahora dependemos de la voluntad de la Presidenta”.

“Lo principal es ver cómo logramos que los alumnos que tienen mayor vulnerabilidad realmente puedan educarse”, agregó Alejandra Bravo, timonel del PRI.

Cooperativa

Gratuidad 2016: fórmulas que evalúa el gobierno dejan fuera a las Ues. privadas

Tras el comité político hay certeza de beneficiar a 140 mil estudiantes del Cruch. Ahora se define cómo redistribuir fondos para CFT e IP. Alternativa considera aportes basales y becas, pero hay integrantes de la Nueva Mayoría que rechazan esta opción.

D. Muñoz, M.J. Soto, M. Vega

Inevitablemente en la implementación de la gratuidad 2016 habrá damnificados y el gobierno trabaja en definir a qué estudiantes tendrán que dejar fuera del beneficio anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet, el pasado 21 de mayo. Mientras se mantiene esa la incertidumbre, la única certeza que había ayer en La Moneda, tras el comité político, era que 140 mil estudiantes matriculados en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) sí ingresarán al beneficio.

“Nosotros siempre hemos dicho que contamos con herramientas que nos permiten dar comienzo a la gratuidad en las universidades del Cruch, diría que ese es el piso con el que partimos. Eso nos permite cumplir al menos con el objetivo de que 140 mil jóvenes puedan acceder a la gratuidad”, afirmó el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, tras la cita con los presidentes de partido y los ministros políticos, más la titular de Educación.

La herramienta que menciona Díaz tiene que ver con que por ley las instituciones del Cruch pueden recibir recursos mediante convenio marco, en el caso de las Ues. estatales; y aportes basales por desempeño, para las privadas tradicionales.

Considerando que el beneficio apuntaba a 220 mil estudiantes, en el gobierno deben decidir cómo distribuyen los recursos de los 60 mil alumnos que ya no podrán ser beneficiados. En esa fórmula es la que trabajan los equipos técnicos y las opciones dejarían fuera a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch.

La diputada del PC, Camila Vallejo, explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional elimina los tres requisitos que le exigía a las instituciones privadas fuera del Cruch para acceder a la gratuidad, lo que hace la glosa “impracticable”. Esto, dijo, porque “al eliminar los requisitos, (el TC) plantea entonces que toda institución ingrese (a la gratuidad), independientemente de si está acreditada, si lucra o no, o si garantiza derechos fundamentales de los jóvenes en participación. No hay ningún tipo de requisito y ante eso el Estado se vería obligado a destinar más recursos que no hay”.

Así, la opción que toma más fuerza es entregar fondos basales al Cruch para que sean las propias instituciones las que dejen de cobrar a los estudiantes y aumentar el financiamiento a los alumnos de CFT e IP a través de la beca Nuevo Milenio. “Después del fallo del TC lo único que se podría aplicar son becas que no son gratuidad, porque están condicionadas con otros criterios de discriminación”, agregó Vallejo.

El senador del PS, Carlos Montes, planteó que “es perfectamente posible llegar a un acuerdo con algunas universidades en términos de que dejen de cobrarle a los alumnos a cambio de ciertos recursos para su funcionamiento y también se puede que en el caso de los CFT e IP haya una solución legal”.

Mientras, su par Fulvio Rossi, integrante de la Comisión de Educación del Senado, pese a estimar que la opción de fondos basales para el Cruch y becas para otras instituciones “tiene mucho sentido”, afirmó que “choca con el concepto que tengo de gratuidad”. Por esto se inclina por una opción de ley corta, logrando un acuerdo con la Alianza para establecer otra fórmula de aplicar el beneficio, sin considerar becas.

En tanto, desde Chile Vamos anunciaron que hoy entregarán formalmente una propuesta al gobierno. A las 8.30 se reunirán con la ministra de Educación, Adriana Delpiano y ahí le entregarán un documento. Según explicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, la base de la propuesta es que “se tome en cuenta la vulnerabilidad de los estudiantes y la calidad de la institución” (ver detalle).

Uno de los problemas de  la iniciativa de la oposición es que apunta a bajar el umbral de vulnerabilidad del 50% de las familias de menores ingresos al 35% o 40%. Pero esta alternativa estaría descartada, según algunos asistentes al comité político, ya que cuando se planteó esta idea -que fue respaldada por el timonel del PPD y su par del PS- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría dicho que no es una opción.

La Tercera

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