El reciente operativo estandarizado de evaluación «Aprender 2016» (organizada por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación) ha sido objeto de cruces intensos entre defensores y detractores de tal medida gubernamental. Dos son los argumentos fundamentales de quienes apoyan la propuesta: que instala la cultura de la evaluación y que permite conocer la realidad de la educación en Argentina. Es importante analizar dichas aseveraciones.

Las prácticas pedagógicas tienen incorporada la evaluación como un componente relevante: hablamos de una práctica orientada por una intencionalidad, con fines explícitos a partir del uso de determinados medios, pero no hay acuerdo universal sobre las prácticas ni hay un único proyecto pedagógico: hay diversidad y antagonismo.

Si se aspira a formar hombres y mujeres con autonomía de pensamiento, que desarrollen todos los aspectos de su personalidad, trabajadores libres y solidarios, ciudadanos-gobernantes con herramientas y voluntad para un proyecto colectivo, se elegirá un modo de pensar la educación. Si, por el contrario, se defienden valores ligados a la competencia, a la desigualdad, a la jerarquía, esta propuesta pedagógica será muy diferente a la anterior.

Y la evaluación es parte de ese proceso, pues la eficacia del acto pedagógico requiere ir balanceando cómo se produce el aprendizaje sustentado en valores, principios y fines que no son universales, sino conflictivos.
La evaluación que se propone el «Aprender 2016» estuvo desvinculada del proceso pedagógico que ocurre en las aulas: se trata de un cuestionario estandarizado y de elección múltiple. ¿Cómo puede un instrumento que recopila información disociada de la realidad concreta dar información relevante y pertinente sobre esta? Si agregamos a este dato las sucesivas descalificaciones del Poder Ejecutivo a los docentes y al sistema educativo, podemos sospechar que se trataría de un modo de deslegitimar lo existente con el objetivo de encarar la mentada «revolución educativa».

La política educativa hasta aquí implementada comprende álgidas resoluciones destructivas: la insuficiencia y posterior subejecución presupuestaria, el desmantelamiento de equipos ministeriales, la «federalización» que obliga a las provincias a elegir entre proyectos y programas, la introducción de ONG como sutil mecanismo privatizador, junto con el discurso de la calidad y la evaluación. ¿Será esta la «Campaña del desierto educativa» formulada por el ministro Esteban Bullrich? ¿Por qué no evaluar esta política educativa?

La cuestión de la evaluación requiere así algunas precisiones. Primero, la evaluación es un momento de un proceso pedagógico que se orienta por fines, principios y valores. Tales definiciones son materia de controversia y conflicto.

Segundo, acordar sobre medios y fines, para luego establecer los modos de evaluación nos devuelve a una discusión sobre la propia evaluación: ¿es para premiar y castigar? ¿O es para trabajar sobre el mejoramiento del proceso pedagógico? Y si éste es el verdadero objetivo: ¿qué acciones se desplegarán desde el Estado para que una evaluación ceñida a los fines de mejorar la práctica tenga luego una dirección en las mejoras en el aula y la escuela? ¿Habrá tiempos institucionales para que los docentes reflexionen sobre la práctica? ¿Habrá espacios de formación para dar herramientas para un desempeño democrático, eficaz y transformador en el aula y la institución? ¿Se destinarán los recursos para ello?

«Aprender 2016» no parece, pues, una herramienta para evaluar ligada con la educación existente, no permite conocerla ni se prevén acciones que permitan avanzar sobre los aciertos y errores. Las declaraciones descalificatorias oficiales sobre la educación realmente existente nos inducen a pensar en la imposición de un modelo tecnocrático, mercantilista y autoritario en un nuevo contexto histórico. ¿Podrá hacerse esta vez lo que no pudieron las reformas neoliberales de los años 90: convertir a la educación en un privilegio?

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