Por Patricio Araya

Lo paradojal es que el convenio al que apelan los futuros abogados en el recurso ante la Corte, fue firmado por Pinochet a meses del término de la dictadura. Desde 1990 todos los gobiernos democráticos han hecho vista gorda de un tratado que es ley de la República, y que obliga a entregar educación superior gratis en los planteles estatales.

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la principal Casa de Estudios del país, interpuso un recurso de protección en contra –ni más ni menos– que de la propia Presidenta Michelle Bachelet. El recurso cuenta con el patrocinio de la abogada y docente Carolina Canelo, quien explicó en entrevista con CNN Chile que desde 1989 el Estado chileno –a través de los cinco gobiernos que se han sucedido en el cargo desde 1990–, ha incumplido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Canelo manifestó que la actual Mandataria Michelle Bachelet “ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal, consistente en no implementar” lo que obliga el acuerdo. “El artículo 13 del tratado, establece que el Estado reconoce el derecho a la educación pública superior y que debe permitir a todas las personas el acceso a la educación superior”, puntualizó la profesional que patrocina el recurso presentado el viernes 27 de noviembre en la Corte de Apelaciones de Santiago.

“Considerando que el 18 de noviembre recién pasado la Corte Suprema ha reconocido en el caso de Leopoldo López (líder opositor venezolano detenido en su país) de que los derechos humanos establecidos en tratados internacionales ratificados por Chile, que se encuentren vigentes, entre los cuales están los tratados de derecho a la educación, tienen rango supraconstitucional, y por lo tanto, las Cortes deben proteger todos los derechos humanos que están establecidos en dichos tratados “, acotó la profesional.

La académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile sostuvo que junto a un grupo de estudiantes de esa Casa de Estudios, presentaron un recurso de protección contra la Presidenta de la República. “Hoy tomamos la decisión de concurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para interponer un recurso de protección contra la Presidenta Bachelet, porque ella ha incurrido en una omisión arbitraria e ilegal consistente en no implementar legislativamente lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El mencionado pacto fue ratificado por Chile en 1989, a poco menos de un año de terminar la dictadura. “Es impresionante” –exclamó Canelo. Y agregó: “Este pacto fue suscrito en sus inicios en 1969 en la Asamblea General de las Naciones Unidas; luego, el instrumento de ratificación por Chile es del año 1972, y después del golpe (de Estado), en el año 1989, Augusto Pinochet, lo que llama la atención, fue el que promulgó y ordenó la publicación en el Diario Oficial de este tratado internacional, el que se encuentra vigente desde el año 89 hasta la fecha de hoy”, aclaró la profesional que patrocinó el recurso de protección.

Tras preguntarse sobre la importancia de este tratado, la académica de la Facultad de Derecho de la Casa de Bello, señaló: “Este tratado ha sido incumplido reiteradamente por todos los Presidentes de la República que han existido en Chile desde ese año hasta ahora. El artículo 13, número 2, letra c, del tratado establece que el Estado que lo firma, reconoce el derecho a la educación pública superior, y que debe permitir a todas las personas, conforme a su capacidad intelectual, el acceso a la educación pública superior, y se obliga a generar todos los medios para proporcionarlo, y en especial, obliga al Estado a implementar progresivamente la gratuidad en la educación pública superior”.

Respecto al carácter universal del derecho a la educación, Carolina Canelo aclaro lo siguiente: “No es universal. Este derecho a la gratuidad solamente se le reconoce a la educación superior pública, porque ésa es la que se obliga con el tratado; quien se obliga es el Estado porque éste es el que suscribe el tratado, y porque el Estado reconoce a través de este tratado que las personas tienen derecho a la educación”.

“Nosotros en Chile, durante todo este tiempo, hemos sido engañados. Se nos ha dicho que la educación es un bien de consumo. Sin embargo, jurídicamente, que es el trabajo que nosotros hemos hecho hoy en la Corte, se establece en este tratado internacional que es un derecho: toda persona tiene derecho a la educación. Esto significa que toda persona tiene derecho a su desarrollo pleno, su capacidad intelectual, cognitiva, emocional, espiritual, su riqueza material, incluso, física, y este derecho (a la educación) lo reconoce el Estado, y por tanto, el Estado debe proveer educación superior pública”.

Canelo destacó que el Estado cumple ese cometido a través de sus universidades, las que también deben ser financiadas por el Fisco mediante la recaudación de impuestos. “El pacto exige que se implemente la gratuidad. Antes de la dictadura cívico-militar la educación pública era gratuita. El Presidente (Patricio) Aylwin estudió gratis, el Presidente Ricardo Lagos y muchos más estudiaron gratuitamente en Chile, en la Universidad de Chile. Sin embargo, con la dictadura se eliminó la gratuidad porque el Estado no financió más allá del 10 por ciento de la educación pública superior, y por lo tanto, el otro 90 por ciento tuvieron que pagarlo los pobres estudiantes y sus familias, que tuvimos que pagar durante todos estos años”.

“El tratado lo que hace es obligar al Estado, a través del Poder Legislativo a (promulgar) una ley que no se ha hecho, lo que hay es sólo una glosa en la Ley de Presupuesto. El pacto obliga crear una ley de educación pública superior, que lo que hace es aumentar el financiamiento del Estado a sus universidades para que éstas vayan paulatinamente rebajando el arancel, hasta la completa gratuidad. En eso consiste la obligación”, recalcó la abogada.

La mejor demostración de que la Presidenta de la República ha incumplido lo dispuesto en el tratado queda en evidencia al no promulgar la referida ley. “(La Presidenta) no ha cumplido. Ahí está absolutamente patente la omisión de ella, arbitraria e ilegal de no haber hecho antes… ella es Presidenta de la República cerca de un año, y además fue Presidenta con anterioridad, este es su segundo período presidencial. Ella ha incurrido en la omisión. ¿Dónde está el proyecto de ley? La obligación corresponde al cargo del Presidente de la República”.

“El aumento del financiamiento del Estado a las universidades estatales es iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República; un parlamentario no puede promover este tipo de proyectos”. Ello explica que el recurso se presente contra la Presidenta Bachelet, y no contra el Estado chileno.

“Conforme a nuestro ordenamiento jurídico interno es el Presidente de la República quien tiene la obligación de hacer el proyecto de ley (Mensaje)”. Lo que debe hacer la Presidenta, en virtud de la obligatoriedad del pacto internacional suscrito por Chile en 1969 y ratificado en 1989, es formular la respectiva iniciativa legal. “Los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por sobre las autoridades estatales, éstas, incluidos el Presidente de la República, los Tribunales, deben respetar los derechos humanos, es un límite al ejercicio de la soberanía que ellos ejercen todos los días; no tienen un poder ilimitado, están controlados por las personas y por los derechos humanos en materia de tratados internacionales, aparte de la Constitución”, sentencia Canelo.

“Ella tiene que enviar un proyecto de ley, pero con los criterios jurídicos del pacto”, asegura la abogada de los estudiantes de Derecho, quien reiteró que la Presidenta Bachelet continúa incumpliendo esta obligación del Estado, lo que la deja en una situación arbitraria e ilegal, tal como ocurrió con sus antecesores. “Esta omisión persiste hasta el día de hoy, y por lo tanto, los estudiantes tienen todo el derecho de accionar ante la Corte. Lo que le estamos pidiendo a la Corte es que obligue a la Presidenta, dentro de un plazo prudencial, a elaborar el proyecto y enviarlo al Congreso”.

El referido proyecto, según la profesional, debe enmarcarse en los criterios jurídicos del tratado, uno de los cuales es Universidad Estatal. “Eso le corresponde al Estado, no a las universidades privadas, éstas son legítimas, se crean conforme a la libertad de enseñanza, pero los dueños son particulares que tienen derecho a establecer estos establecimientos educacionales; pueden hacerlo, pero ellos no pueden exigir que el Estado los financie, eso no es un derecho. En cambio, sí es una obligación del Estado proveer educación pública y financiarla con la respectiva gratuidad para los estudiantes”.

La abogada también salió al paso de las críticas que se han hecho a la glosa de gratuidad, la que se califica de discriminatoria al dejar fuera a estudiantes vulnerables que asisten a universidades particulares. “Es absolutamente discriminatoria, y demás es completamente contraria al pacto internacional. El criterio jurídico de asignación de recursos está vinculado a la naturaleza jurídica de la institución. En Chile se ha confundido absolutamente a la opinión pública. Se confunde lo que es universidad pública con una universidad privada. Toda universidad, sea pública o privada, cumple un rol social; no toda universidad es pública, sólo lo es la creada y financiada por el Estado y que son corporaciones jurídicas de derecho público. En cambio, las universidades privadas son corporaciones de derecho privado, que deben ser financiadas por los particulares que las crean”.

El criterio de gratuidad –explica Canelo–, es aplicable sólo a universidades públicas. “Lamentablemente la Presidenta de la República tiene otros criterios que a mí me da la impresión que son de otra naturaleza, que no son jurídicos; aquí hay que ser muy justos, porque además no hay que considerar las condiciones adscritas de los individuos. Aquí se les está dando dinero en base a consideraciones socioeconómicas de los padres de las personas, y se está discriminando en base a ello. El único criterio discriminador aceptado por el pacto internacional de derechos humanos, es la capacidad intelectual. ¿Por qué sólo un joven de familia de escasos recursos va a tener derecho a incorporarse a la educación pública superior sobre otro de clase media o clase alta?, ¿por qué se discrimina en atención a una condición adscrita del individuo, que no dice relación con sus propias capacidades?”, se pregunta la docente de la Universidad de Chile.

En la ocasión, Carolina Canelo también se refirió al estado de la educación escolar pública, la que calificó como “de mala calidad”, y responsabilizó de ello a las políticas públicas. “El Estado tiene que preocuparse de la educación escolar pública, que ha sido absolutamente abandonada por el Estado. Este gobierno, y los anteriores, no han hecho absolutamente nada hasta ahora por la educación pública escolar. ¿Dónde están los recursos públicos para la educación escolar pública? No se les ha destinado. Es gratuita, pero  en general de es de mala calidad porque está abandonada, ¿dónde fueron a parar los recursos destinados en el proyecto que acaba de hacer la Presidenta en materia de educación escolar?, pues, a los colegios particulares subvencionados”, reflexiona.

“El Estado ha abandonado su propia provisión de educación que éste debe hacer con el pago de los impuestos. La acción de protección habilita a que cuando una autoridad omite algo que por ley, o por un tratado internacional, no cumple, la Corte de Apelaciones está obligada por ley a proteger ese derecho que tiene rango constitucional. Los jóvenes que ingresan a la educación pública superior lo hacen con altísimos puntajes y tienen que pagar; lo más grave es que con el Crédito con Aval del Estado (CAE), que introdujo el gobierno del Presidente Lagos, que ha sido nefasto, eso ha sido una política sistemática de violación de los derechos humanos en materia de educación pública superior; se ha establecido que los estudiantes tengan que pagarle a los bancos. Se ha involucrado a los bancos, y por tanto, las personas están pagando algo que debiera ser gratuito, pagan un precio como si fuese un bien de consumo, y además pagan reajustes e intereses a los bancos, y quién le paga a los bancos, el Estado, que actúa como codeudor solidario”, concluyó.

El recurso de protección debiese ser visto durante la próxima semana. El Gobierno aún no se ha pronunciado al respecto.

El Ciudadano

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