Por Daniela Muñoz

El nuevo giro sobre la gratuidad en la educación superior, que informó ayer la Presidenta Michelle Bachelet tras el conclave del oficialismo, no dejó indiferentes a los estudiantes universitarios.

Ahora el proceso de gratuidad no comenzaría con el 60% de los estudiantes más pobres de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) y centros de formación técnica e institutos profesionales acreditados y sin fines de lucro, sino que se rebajará al 50%, agregando a los alumnos de Ues privadas que cumplan con tres requisitos: acreditación mayor a cuatro años, no tener relación con sociedades comerciales o grupos económicos y contar con participación triestamental en los cuerpos colegiados al interior de los planteles.

“Si bien el hecho de que la gratuidad se expanda a universidades que no son del Cruch es una medida mucho menos discriminatoria, las dudas respecto a la autonomía universitaria y el pluralismo persisten. La gratuidad no puede ser una forma de chantajear a las universidades para que sus proyectos educativos se transformen al gusto del gobierno de turno”, comentó Ricardo Sande, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (Feuc).

Para Ervin Castillo, líder de los estudiantes de la Universidad de Talca, con los cambios comunicados ayer “se avanza y mejor de lo que teníamos”, pero recalcó que el anuncio tiene “letra chica”.

“Se exigen cosas a las instituciones, como que tengan estamentos triestamentales, lo que no tiene relación con la educación, o que no sea sociedades comerciales, porque puede haber instituciones que tengan esa estructura y que no estén lucrando, y que sean buenas instituciones”, añadió Castillo.

Respecto a los cambios sobre los porcentajes de gratuidad, Marta Matamala, presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago (Feusach), dijo que “el Gobierno no tiene programa”. “Decir que la gratuidad va llegar, después decir que será el 60%, luego el 40%, el 50%… parece un ofertón, una rebaja que, al parecer, el que regatea mejor tiene la capacidad de para influir en el Gobierno. Y ahora regateó mejor la DC, esto una fuerte arremetida conservadora”, agregó Matamala.

En tanto, Mónica Salas, vocera de la organización de federaciones de la educación superior privada (Ofesup), quien señaló que el cambio es “positivo para los estudiantes más vulnerables de la educación superior privada, porque a todas luces el Gobierno recapacitó de una medida que era aberrante y discriminatoria”.

La Tercera


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