Periodista. Completó bachillerato en Información y Periodismo, segunda concentración en Ciencia Política, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es estudiante graduado en la Escuela de Administración Pública del recinto riopedrense. Obtuvo el premio por el Mejor Reportaje Especial de la prensa escrita de Puerto Rico, otorgado por la ASPPRO en el 2013. Además, fue nominado en 2014 al premio por el Mejor Reportaje de Interés Humano, que otorga el Overseas Press Club Puerto Rico.

La victoria de la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transexual y Transgénero (LGBTT) en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América el pasado 26 de junio, ha dado paso a cargadas discusiones en las aulas académicas.

Ese día se declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo en toda la nación americana y sus territorios y se les garantizó la igualdad ante la ley en ese aspecto. Pero aunque en el ámbito de los derechos se ha logrado un paso hacia adelante muy importante y que muchos pensaban no verían llegar, en el aspecto social la tolerancia a la diversidad de parejas, familias y estilos de vida anda todavía varios pasos atrás.

Hace un par de semanas comencé mis estudios de maestría en la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras. Uno de los cursos en los que estoy matriculado este semestre es Derecho Administrativo. Tan pronto como la segunda semana de clase, se suscitó el primer debate respecto a los derechos de la comunidad LGBTT.

Una compañera de clase defendía su argumento de que el matrimonio entre parejas del mismo sexo debió haberse llevado a votación del pueblo, o sea, los constituyentes, porque según ella eso es lo que significa la democracia: la mayoría manda. Entonces, ahora los derechos humanos y el respeto a la dignidad deben ser llevados a votación.

La descripción de esta universitaria no es discriminatoria, es simplemente realista y necesaria para entender el contexto en el que se da la discusión. Se trata de una joven cristiana, devota a sus creencias y que utiliza la Biblia para debatir cualquier argumento sin distinguir categorías, entiéndase la ley natural, la ley de Dios y el derecho positivo. La diferencia es clara. En una sala judicial un abogado o cualquier miembro del sistema jurídico no puede basar su defensa en conceptos, mandatos y argumentos bíblicos porque ese no es el escenario correcto para debatir con argumentos religiosos. Pero abordaré un poco más para que no haya excusa.

Aunque suene descabellado, muchas religiones e iglesias cristianas son altamente exclusivas y aunque no le niegan a nadie la entrada al templo, por otro lado “vivir en el pecado” o no seguir las doctrinas que ellos practican excluye discretamente de la participación de ciertos actos religiosos y finalmente, de la comunidad general de feligreses que no tardará mucho en señalar.

Esa exclusión la viví en carne propia. A principios del año 2013, cuando se sometieron las enmiendas a la Ley 54 del 1989 o Ley de Intervención y Prevención con la Violencia Doméstica para que se incluyeran en sus protecciones a las parejas del mismo sexo, aún yo participaba de la misa dominical en la iglesia Católica en Quebradillas, religión en la que fui criado. Recuerdo que en una ocasión, al final de la misa, el sacerdote hizo un llamado a que los feligreses firmaran una hoja en la que se pedía, entre otras cosas, que no se incluyeran a las parejas del mismo sexo en las protecciones de la Ley 54 porque eso era contrario a la ley de Dios.

La carta fue presentada al gobernador Alejandro García Padilla y ante la Legislatura de Puerto Rico. Recuerdo que todos mis compañeros de coro firmaron la carta como señal de apoyo a lo que ella decía y para mí fue como un puñal traspasado, una traición en mi propia cara, un acto de hipocresía que perdoné, porque después de todo, no son malas personas y se encontraban bajo el techo de su templo, donde hay que seguir sus reglas. Pero de ahí a querer llevar sus doctrinas al ámbito gubernamental y legal puertorriqueño hay una gran brecha que me corresponde defender.

Eso precisamente intentó hacer mi compañera de clase, llevar las doctrinas de la religión cristiana que ella practica a un salón de clases donde se estudia el derecho positivo. En una democracia, el derecho positivo es la ley creada y aprobada por el soberano, es decir, el pueblo, donde reside el poder. Ya desde hace siglos se viene defendiendo la separación de Iglesia y Estado, no por capricho, sino porque la historia ha demostrado que la Teocracia o el gobierno basado en doctrinas religiosas, sólo conlleva a la exclusión de ciudadanos y violación de derechos y dignidad humana.

Sin entrar en detalles, puedo mencionar como ejemplo la famosa Santa Inquisición, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, y todas las inquisiciones que surgieron de la primera, la persecución del Reino Católico de España contra los protestantes, la persecución del Rey Enrique VIII de Inglaterra contra los católicos en el siglo XVI, como parte de las reformas religiosas que introdujo y el establecimiento de la Iglesia Anglicana, y las famosas Persecuciones Marianas de la Reina María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII, contra los protestantes tras el corto restablecimiento del catolicismo en Inglaterra.

En ese contexto es que surgen los primeros inmigrantes desde Inglaterra hacia América del Norte, cuyos descendientes más tarde escribieron la Constitución de los Estados Unidos de América y fundaron ese país. No es casualidad que la Primera Enmienda a la Constitución, que encabeza la Carta de Derechos, garantice la libertad de expresión, de prensa, religiosa, asamblea pacífica y de petición al gobierno. En esa enmienda, de paso, se establece que “el Congreso no aprobará ley alguna que adopte una religión oficial del estado o prohíba el libre ejercicio de la misma, o que restrinja la libertad de expresión o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios”.

Dicha enmienda fue adoptada para romper con la tradición de persecuciones que durante siglos habían acabado con miles de cristianos, para que cada cual pudiera rezar la religión que más le llenara y que se respetara la vida y la dignidad humana por encima de los preceptos religiosos del rey o del gobierno. Es decir, que esa enmienda fue establecida, entras otras cosas, para darle libertad a los cristianos, para garantizar los derechos de todos sin importar qué religión fuera la mayoría o la minoría, para fomentar un ambiente sano y de tolerancia en el que los derechos de los ciudadanos no fueran mezclados o confundidos con la ley de Dios.

Quién iba a imaginar que varios siglos después, sin embargo, sería una buena parte de los cristianos a los que un día se les reconoció el derecho de libertad religiosa, quienes levantarían la voz de protesta y exigirían una ciudadanía de segunda categoría para una comunidad que no hace más que pedir lo que por derecho le pertenece: igualdad ante la ley.

Pero mi compañera de clase no reaccionó a favor de esos argumentos. Para ella la democracia era simple y sencillamente lo que la mayoría quisiera y según ella, la mayoría en Puerto Rico hubiese votado en contra del matrimonio del mismo sexo, por razones de índole cristiana y argumentos bíblicos. Lo peor es que yo no dudo que en realidad ese hubiese sido el resultado de una votación en contra o a favor del matrimonio gay en el día de hoy. Pero la democracia, contrario a lo que dijo mi compañera de clase, no se define simplemente con que “la mayoría manda”. Las bases de la democracia, se encuentran en el respeto a la dignidad humana, la libertad y la garantía de los derechos de todos y cada uno de sus miembros.

Imagine usted que la democracia fuera definida simplemente por lo que dijera la mayoría. Entonces, este cuatrienio, como prevaleció el Partido Popular Democrático (PPD), podría decirse que es válido o correcto negarle derechos a quienes abiertamente apoyen el Partido Nuevo Progresista (PNP) y otro partido de minoría porque simplemente no forman parte de la mayoría.

Ya lo dijeron los líderes de la comunidad LGBTT, aún falta mucho por hacer, falta mucha gente por educar y la tolerancia social aún no alcanza el mismo nivel que se ha logrado con la igualdad ante la ley. En las aulas de la UPR se hace lo propio. Al menos en mi curso de Derecho el profesor se ha encargado de dejar claro que la democracia, como la Constitución y la ley, es inclusiva y no exclusiva.

En el salón de clases, una buena parte de mis compañeros y yo debatimos los argumentos de la compañera, no por querer hacerla quedar mal, simplemente porque hay que educar. Ella insistió y dijo que también estaba en contra de la educación con perspectiva de género, aunque no supo definirla. Quizás ella nunca comprenda. Tal vez culmine sus estudios de maestría en Administración Pública sin haber comprendido que esa disciplina demanda inclusión y no exclusión. Quizás se convierta en la próxima María Milagros Charbonier, la senadora que hace campaña en Puerto Rico en contra de la comunidad utilizando argumentos moralistas y fuera del contexto legal puertorriqueño. Pero descanso en la fe puesta en las nuevas generaciones y en lo que podamos enseñarle nosotros, los que tenemos una visión más amplia de lo que son los derechos de la comunidad LGBTT, a aquellos que buscan frenarlos y eliminarlos.

Diálogo UPR

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