Todo parece indicar que el 2016 será el año en el que terminará el conflicto armado colombiano (o, por lo menos, la confrontación con el grupo ilegal más importante, pues queda pendiente el futuro del ELN). Se lograría así una hazaña considerada hasta hace poco muy improbable tanto por la literatura académica como por quienes formulan políticas públicas. Según los académicos, Colombia formaba parte del grupo de los conflictos “intractables” (de difícil resolución). Factores como el narcotráfico, el principal combustible de esta guerra, y una serie de factores sociales y económicos contribuyeron durante años a que académicos y formuladores de políticas fueran escépticos respecto al logro de un cese de la guerra en Colombia.

Sin embargo, aún sin haber superado muchos de estos problemas, el país ha sido testigo de un proceso de negociación considerado ejemplar por los observadores, por su diseño, por la voluntad política de las partes y porque ambos han cedido hasta el punto de llegar a este momento, en el que buena parte de los aspectos sustanciales han sido resueltos y en el que ya, como decía Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno, la negociación va en escalera eléctrica hacia la firma del acuerdo final.

Se trata del logro político más importante del país en las últimas décadas. Pero la construcción de una paz duradera enfrenta varios desafíos. En primer lugar, la implementación de los eventuales acuerdos será costosa y demorada. A pesar de los múltiples esfuerzos realizados por el gobierno nacional para obtener apoyo internacional, las sumas comprometidas son por ahora insuficientes y sugieren que los colombianos deberemos asumir gran parte de los costos de la paz. Esto tiene aspectos positivos, porque nos obliga a ser líderes de nuestro propio futuro y no delegar en terceros la responsabilidad de nuestra transformación. Sin embargo, esboza también la difícil negociación-después-de-la-negociación que habrá que adelantar para priorizar entre las múltiples, simultáneas y todas apremiantes necesidades de una paz estable.

En segundo lugar, la opinión pública colombiana, si bien históricamente ha preferido la negociación por encima de la solución militar como mecanismo para cesar el conflicto colombiano, es escéptica frente a la voluntad real de las Farc a entregar las armas, renunciar al narcotráfico y asumir las reglas de la competencia civil por los votos de la población colombiana. Que renuncien a la lucha armada es un paso fundamental para las Farc, pero aún no les garantiza su legitimidad como actor político civil ante la mayoría de sus connacionales. Esto se convierte en uno de sus retos futuros más importantes.

En tercer lugar, la implementación de los acuerdos y planes en las regiones requiere de la colaboración incierta de autoridades locales recién instaladas que evadieron el tema de la paz en sus campañas pero que ahora dispondrán de nutridos presupuestos para implementar la agenda de la paz territorial. Sabemos ya que, a pesar de los grandes logros de la descentralización política y administrativa en el país, el nivel local sigue siendo un eslabón débil en el logro de metas nacionales, pues es insuficiente la capacidad administrativa y abundan las oportunidades para el despilfarro y la malversación de recursos. Acompañar la implementación en el nivel local para que redunde en el fortalecimiento del Estado, y no en su ulterior debilitamiento, es otro gran desafío en los próximos meses.

Finalmente, el fantasma centroamericano (región en la que la violencia homicida se disparó después del acuerdo) parece exagerado para el caso colombiano. Sin embargo, la criminalización en regiones antes ocupadas por los actuales actores armados ilegales, así como la continuación y transformación de algunas formas de criminalidad, constituye un riesgo real y debe ser prevenido prioritariamente para no perturbar la percepción y realidad de creciente seguridad en el país.

Los libros de historia remarcarán en ésta, la etapa que se iniciará cuando se plasmen las firmas en el acuerdo final, como una nueva etapa de la vida nacional. De la manera en la cual nos preparemos y abordemos estos desafíos dependerá que no se afecte la grandeza del momento.

*Politóloga de la Universidad de los Andes y Ph.D. en Ciencia Política de Boston University. En la actualidad es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y directora de la Maestría en Construcción de Paz. Sus investigaciones se han enfocado en el sector privado como actor político y, específicamente, en el comportamiento empresarial en contextos de conflicto armado y construcción de paz, así como en la economía política de la justicia transicional.

Uniandes

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