Es como un enfermo cuya salud monitorea desde hace seis años y que desde hace tres permanece en estado de coma. Sus signos vitales se debilitan con el pasar de los días, y por eso empezó ya el trámite para desconectarlo y sepultarlo.

El cuadro se asemeja a la situación que el Consejo de Educación Superior (CES) experimenta con 14 universidades del país, que fueron suspendidas en el 2012 por ofrecer un servicio “no aceptable”.

El dictamen lo emitió el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), que ya antes, en el 2009, las había ubicado en el último escalafón de la academia.

Ahora el CES busca desaparecer del sistema educativo todo rastro de ellas. Y para eso necesita que la Asamblea Nacional promulgue una ley.

El pasado 23 de marzo el organismo presentó el proyecto de Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas Suspendidas, con el cual espera “cerrar la desafortunada etapa y crisis estructural de la educación superior”, manifestó el presidente del CES, René Ramírez, en el oficio que dirigió al Parlamento.

La propuesta, que contiene 19 artículos, todavía no es calificada en el Legislativo.

Plantea la creación de un fideicomiso que deberá enajenar los bienes muebles e inmuebles de las 14 instituciones y someterlos a procesos de venta directa, subasta o remate.

Se explica que con los recursos que obtenga deberá pagar los pasivos, como deudas a acreedores y al personal que trabajó en dichas entidades, y financiar los gastos del propio fideicomiso.

En el texto se detalla que si hay excedentes “después del pago de pasivos”, el fideicomiso deberá cederlos en favor de determinadas universidades ya establecidas en el proyecto.

La transferencia se hará bajo el criterio de si la ‘suspendida’ recibía o no rentas del Estado, pues así lo indica la Ley Orgánica de Educación Superior.

Esto último, señala el artículo 42 de la norma, con el propósito de “fortalecer” a la educación superior pública y privada.

La propuesta del CES no especifica cuánto durará la labor del fideicomiso, pero voceros de ese organismo confirmaron a este Diario que sería de “alrededor de un año”.

El tiempo transcurrirá una vez que la ley sea aprobada.

Pero no empezará su trabajo de cero porque el Consejo como tal ya ha cancelado el 92% de las liquidaciones laborales y el 62% de los pasivos que asumió cuando el Ceaaces declaró la suspensión de 14 entidades, en abril del 2012.

Así consta en la información que el CES remitió a este Diario, por pedido de EL UNIVERSO, sobre la situación de las instituciones suspendidas.

Aunque se lo preguntó, no se precisó el total de bienes muebles e inmuebles que estaban vinculados a ellas.

Pero sí se confirmó que existe un inventario y avalúo oficial, y que a la fecha el CES ha vendido 14 bienes inmuebles, entre terrenos y edificios.

De hecho, desde hace unos dos años el Consejo ha autorizado procesos de enajenación de parte del patrimonio que era de las ‘suspendidas’, para cumplir con ciertas obligaciones.

Por ejemplo, y según la misma información del organismo, la sede de la Universidad Tecnológica América en Cuenca fue vendida a la U. de Cuenca, y la de la Escuela Superior Politécnica Ecológica en Tumbaco, a la Politécnica Nacional.

Estas acciones fueron empujadas por las administraciones temporales de ‘suspensas’ para avanzar hacia la extinción de los activos y pasivos. (I)