Lo que sucede con la educación pública en México se parece, mucho, a un golpe de Estado, lo cual no es de poca monta en un país militarizado, hundido en la violencia y la abierta robadera porque-pueden de los ricos y los políticos enriquecidos. Como en todo putsch, recurren a un lenguaje salvador, vertical e inapelable. Más allá de las condiciones concretas de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el hecho ilustra cruelmente el contexto que nuestros jóvenes enfrentan para acceder a la educación. ¿Artículo tercero? ¿Educación gratuita, laica? Olvídenlo. Los modernizadores llegaron ya. ¿Cómo luce un gobierno que privilegia el innecesario reparto de televisores entre las clases económicamente débiles, en vez de nuevas opciones educativas o el fortalecimiento de las que existen; que pretende cerrar escuelas, pauperizarlas, someterlas a criterios intelectualmente descerebrados; que impone sus decisiones pedagógicas con la policía y el Ejército? Ya no se enseña filosofía, tan peligrosa, pero la privatización del conocimiento todavía remite al knowledge is power de Francis Bacon. En esta dizque democracia el poder es de unos cuántos; los demás estorbamos. Abundan ejemplos. Uno ocurre en la universidad intercultural de la región tojolabal en Chiapas. Un eslabón más en el cerco al proceso de enseñanza para las mayorías.

Lo exponen los universitarios mismos: La unidad de Las Margaritas de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) ha sostenido una defensa de los fundamentos enmarcados en la obligación del Estado de garantizar que jóvenes de los pueblos indígenas accedan a la educación profesional con pertinencia cultural y contextual. Sin embargo, las autoridades universitarias solapan la discriminación contra los indígenas y violan sus propios acuerdos.

Tal ha sido la conducta del rector Miguel Ángel Yáñez Mijangos, un caxlán coleto sin conocimiento intercultural alguno, protegido y promovido por la poderosa ministra Margarita Luna Ramos, también coleta, y por Raymundo Guzmán Leyva, secretario particular del gobernador Manuel Velasco Coello. La comunidad acusa al rector dedesmoronar los ideales y fundamentos de la Unich para controlarla. Acosa y despide a quien no se alinee, mientras engaña a la comunidad sobre el presupuesto asignado por el Estado. Los universitarios de Las Margaritas, uno de los cinco planteles de la Unich, rechazan prácticas que violentan los principios de la Unich y los derechos de los pueblos indígenas. (Pensar que no lejos de allí se desarrolla la bien autónoma educación zapatista.)

El 23 de febrero, la rectoría pidió la renuncia de la coordinadora de Las Margaritas, Yaneth Cruz Gómez. Ante la ausencia de razones objetivas para su renuncia al plantel de la región tojolabal, de donde es originaria, no firmó. Al otro día, la funcionaria estatal Karen Ballinas llegó a la escuela con Lorenzo López Méndez, ex presidente de un frustrado consejo gubernamental de derechos, para instalarlo como coordinador. Maestros, alumnos y padres destacan que López Méndez no es tojolabal, sino tzeltal, y durante el intento de imposición exigieron la presencia de Yáñez Mijangos. En tanto eso, por acuerdo del Consejo Ciudadano Universitario (CCU) se les indicó que permanecerían en la sede universitaria. Ballinas manifestó que no se iría hasta llegar a una resolución, pero el rector nunca tomó sus llamadas.

Docentes, estudiantes y autoridades tojolabales del CCU dialogaron el 25 de febrero con autoridades de la Unich en la subsecretaría de Gobierno. Hubo acuerdos. La rectoría se comprometió a no ejercer acción penal, civil o administrativa contra profesores, estudiantes e indígenas involucrados en la controversia. No pasaron ni 24 horas cuando, contra lo acordado, Ballinas se querelló contra Cruz Gómez, Edith Vázquez Hernández, Alejandra Monette Álvarez Castillo, Agustín Ávila Romero, Valentín Argüello Rodríguez, José Luna Jiménez y Oliber Rodríguez Gómez, parte de los inconformes, quienes podrían ser perseguidos penalmente por falsos cargos. La comunidad universitaria ya marchó el 2 de marzo en San Cristóbal de las Casas (ciudad sede de la Unich) y exige la renuncia de Yáñez Mijangos.

Pareciera una historia más de desasosiego universitario, pero en tiempos de verdadera guerra toda escaramuza es parte de ella, y más cuando el autoritarismo racista se manifiesta tan crudamente. Trascendió que el gobierno cerraría la Unich si su comunidad no se somete. Bajo el brutal esquema neoliberal, para allá va todo. Con los ingredientes básicos (corrupción sindical de estirpe elbista, predilección por la educación-negocio, influyentismo, desprecio a la educación pública, racismo), esta lejana historia en una esquina del país importa y alarma tanto como todo lo demás. México es un experimento, como lo es en Estados Unidos, digamos Michigan, donde el desmantelamiento educativo es proyecto oficial y forma parte de los desastres del libre mercado.

 

La Jornada