Esta década viene marcada por un tiempo de múltiples connotaciones y difíciles pronósticos. Un marco que implica un cambio de estructuras y paradigmas en las formas cómo se venía administrando las universidades, en la relación que su misión tiene con las tensiones y conflictos del medio social, cultural, económico, ambiental en la cual están insertas; exigencias que están obligando a la asunción de nuevos roles para la formación y desarrollo de profesionales capaces y con sentido de pertinencia. Sabido es que las políticas públicas en algunos países de Latinoamérica dejaron de lado esa concepción de una identidad nacional, replegándose a una identidad local, comunitaria, renaciendo las identidades étnicas y regionales, debido a la demanda de los sectores sociales emergentes; estados hoy alineados con el multiculturalismo o la interculturalidad como una forma de resarcir la discriminación de amplios sectores antes marginados, excluidos; generando desde la educación una equidad en las oportunidades de profesionalización.

Multiculturalismo, interculturalidad, términos distintos, que obligan a modelos de educación diferenciados; el uno preconiza la tolerancia cultural y el otro el diálogo entre culturas; la educación ecuatoriana se definió por el segundo y desde allí las políticas que se han establecido.
¿Cómo hacer posible estas demandas sociales? ¿Solo a partir de un marco legal como LOES, RRA; o dinamizando el potencial que tienen las propias universidades, sin menoscabar sus autonomías? Interrogantes que es necesario hacernos a la hora de hacer juicios sobre problemas en la administración que aun subyacen en algunas universidades ecuatorianas, donde aún no terminan de encontrar un norte que los lleve a realizar ese trabajo de fondo que es alcanzar un modelo educativo orientado a esa convergencia de lo global con lo local, propiciando la búsqueda de un diálogo profundo entre ciencia, cultura, saberes y medio ambiente y que contribuya a cristalizar esas sociedades integrales, donde la asimetría producida por la estigmatización social y discriminación cultural se erradique.
Una educación superior que potencie capacidades profesionales, resultantes de la negociación entre los actores de la educación, no impuesta, sino nacida de la reflexión crítica de las necesidades de ese ser humano que identificado con su entorno demanda un desarrollo holístico para alcanzar el ansiado buen vivir.
Caso contrario nuestras universidades seguirán remozando modelos nacidos en estructuras anquilosadas que en nada se han convalido de las necesidades reales de su entorno.