Los académicos de la Universidad de Chile Sergio Campos, Premio Nacional de Periodismo 2011; Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2005; María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009; y Faride Zeran, Premio Nacional de Periodismo 2007, entregan esta declaración sobre las modificaciones que intentan endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado de Chile ha tratado en las últimas semanas introducir subrepticiamente una serie de modificaciones al Código Penal chileno que dañan seriamente los fundamentos mismos de cualquier régimen que se digne denominarse democrático. A ello se suman las reformas a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público que apuntan en el mismo sentido.

En concreto, esa instancia de la Cámara Alta ha propuesto, curiosamente de manera unánime, dos medidas que atentan gravemente en contra de la libertad de expresión y de prensa y el acceso de la ciudadanía a la información. La primera es ampliar el plazo de reserva de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía de 40 a 90 días. Es decir, la ciudadanía tardará casi dos meses adicionales en enterarse de las causas que ejecuta el Ministerio Público. Es casi como volver al “secreto de sumario” que nos rigió hasta fines de los años 90, como lo ha destacado el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch.

La segunda medida es aún más grave. Con todos los votos de la oposición y de la Nueva Mayoría, esa Comisión, y después el Senado en pleno, aprobó también endurecer las sanciones en caso de que las investigaciones de la fiscalía se filtren a la prensa. Más allá de los tecnicismos –ya existen sanciones para los fiscales, pero no así para las partes relacionadas al proceso judicial que ahora también se someterían a penas–, se trata de una iniciativa legislativa que causa nuestra más profunda extrañeza y preocupación, ya que recuerda, aunque sea vagamente, a las constantes limitaciones que se imponían a la libertad de expresión en plena dictadura de Augusto Pinochet. Así, la propuesta de los senadores es aplicar una pena de presidio que va desde los 61 días hasta los 541 días a quienes participen de filtraciones a la prensa en causas judiciales bajo investigación. Bochornosamente, se trata de penas mayores a las que actualmente nuestra ley aplica al delito de cohecho, como las que podrían afectar al ex líder de la UDI, Pablo Longueira, según asegura el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza.

Todas estas artimañas legislativas se enmarcan dentro de la llamada “Ley corta anti delincuencia” que, por desgracia, ha sido una suerte de “Caballo de Troya” de una parte importante de la clase política para introducir leyes que ya creíamos desterradas en democracia, como la restitución –en su versión más modernizada– de la detención por sospecha.

Resulta al menos curioso que senadores y dirigentes estén ahora tan preocupados de las “filtraciones a la prensa” –una herramienta que los propios políticos han utilizado hasta el cansancio con los medios para avanzar sus posiciones u obstaculizar las de sus adversarios– justo cuando la fiscalía, la prensa y la ciudadanía vienen a conocer la magnitud de la incestuosa relación que ha mantenido una parte de ellos con el poder económico.

De haber existido, y de haberse aplicado rigurosamente, una potencial ley como esta, el país no se hubiera enterado como lo ha podido hacer del caso Penta, del caso Soquimich o Caval, de la colusión de las papeleras, los pollos, las farmacias, de los desfalcos en nuestro fútbol o en el Ejército, o tantos casos más.

Al respecto, sólo podemos recordar las sabias palabras pronunciadas por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1971, cuando en un fallo histórico desestimó la demanda del gobierno para favorecer a la prensa: “Una prensa fastidiosa, una prensa obstinada, una prensa agresiva es algo que debe ser soportado por aquéllos que ejercen la autoridad, precisamente con el fin  de preservar nuestros mayores valores: la libertad de expresión y el derecho de la gente a estar informada”.

Pasados 50 años, es hora que nuestros políticos lo entiendan. Este martes, el Senado tiene la oportunidad de corregir su paso en falso.

Sergio Campos Ulloa
Juan Pablo Cárdenas Squella
María Olivia Mönckeberg Pardo
Faride Zeran Chelech
Premios Nacionales de Periodismo

UChile

Volver