En una América Latina donde la educación terciaria es cada vez más buscada por jóvenes y recompensada por empleadores, una pregunta clave recorre varios países: ¿quién y cómo se debe entrar a la universidad?

La cuestión ha cobrado fuerza entre reclamos de revisar los mecanismos de reparto de cupos universitarios y gobiernos que procuran participar de ese proceso.

En Venezuela, el gobierno asumió una función preponderante para asignar cupos en universidades públicas mediante un nuevo sistema que ha sido criticado desde las propias casas de estudio.

El tema del acceso universitario también ha asomado al debate en otros países de la región, como Chile, donde el gobierno impulsa una reforma educativa para dar gratuidad a los estudios terciarios.

El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro asumió este año el reparto de cupos en universidades públicas.

Los expertos creen que detrás de la polémica hay una creciente presión por el acceso a la universidad en y el Caribe, sobre todo desde el inicio de este siglo, cuando la clase media también comenzó a expandirse.

Es una región donde la tasa bruta de matriculación en enseñanza superior pasó de representar menos de 10% de los jóvenes en edad universitaria en 1970 a cerca de 40% en 2011, según cifras de la Unesco.

“La matrícula de la educación superior (en América Latina y el Caribe) ha crecido sustancialmente y se espera que crezca más sustancialmente en los próximos años”, dijo Francisco Marmolejo, coordinador de educación superior en el Banco Mundial, a BBC Mundo.

El telón de fondo lo completan una fuerte inequidad en el acceso a la educación superior a favor de los más ricos y un aumento de los ingresos adicionales que cada persona recibe por tener un título universitario.

Así, decidir quién ingresa a las universidades latinoamericanas se ha vuelto un asunto caliente, aun con la calidad de la enseñanza regional rezagada respecto al mundo desarrollado.

Los jóvenes latinoamericanos cada vez meten más presión por matrículas de enseñanza superior.

Modelo regulador

Marmolejo sostuvo que “existe una enorme diversidad en los sistemas de educación superior de America Latina”, pero hay tres modelos fundamentales que determinan el acceso a la universidad.

“Uno es el modelo de una alta regulación por parte del gobierno”, señaló.

En esta categoría colocó a países como Cuba o Venezuela, donde el gobierno de Nicolás Maduro aplicó este año un nuevo sistema de asignación de cupos en universidades públicas.

Este mecanismo le restó peso a las calificaciones que tienen los alumnos del bachillerato (hasta el año pasado era determinante y ahora influye sólo 50% en la decisión) y sumó criterios como las condiciones socio-económicas de los jóvenes (30%) y su territorialidad o cercanía con la institución (15%).

El gobierno sostiene que este mecanismo busca “democratizar” el acceso a la universidad en un país donde la tasa de matriculación ha ido en aumento en los últimos años.

Pero los críticos de este cambio, entre ellos rectores afectados, afirman que el gobierno sobrepasó la cantidad de plazas que puede dar por ley y violó la autonomía universitaria en tiempos de recursos limitados.

Garantizar un acceso equitativo a las universidades públicas gratuitas es un desafío en toda la región.

“En Venezuela hay un sistema excluyente a la clase media, alta para entrar en universidades públicas”, según se quejaba Andreína Mendes (@andreinapaola30) vía Twitter.

Modelo de mercado

Marmolejo indicó que por otra parte existe en América Latina “el modelo de una alta regulación del mercado”, donde Chile es un caso emblemático.

La mayoría de las universidades chilenas son privadas e incluso en las públicas los estudiantes aportan cerca de un cuarto del costo financiero.

“El problema es que quedas pagando por toda la vida y es altísimo lo que hay que pagar”, le decía a BBC Mundo vía Twitter Omar Anabalon, @omaranab.

En Chile, el acceso a la educación universitaria es un tema clave detrás de las protestas estudiantiles.

El experto del Banco Mundial afirmó que la determinación del gobierno de Michelle Bachelet de dar gratuidad a la educación superior “inevitablemente lleva al tema de si se debe o no controlar los espacios de en las universidades”.

En Chile existe una Prueba de Selección Universitaria (PSU) que aplican las instituciones “tradicionales” y varias privadas para elegir a sus estudiantes, aunque otras emplean métodos distintos.

Este test también se ha vuelto controversial: los estudiantes que han marchado recientemente en Santiago reclaman, entre otras cosas, la eliminación de la PSU.

Algunos especialistas han notado que los jóvenes de la elite socioeconómica chilena formados en colegios particulares caros llegan con ventajas a la hora de rendir esa prueba estandarizada para entrar a la universidad.

Modelo híbrido

Pero en América Latina también existe un “sistema híbrido” de acceso a la universidad donde el gobierno tiene una influencia limitada en el proceso, explicó Marmolejo.

Como ejemplo señaló a México, donde aproximadamente 60% de las matrículas de educación superior están en instituciones públicas, que son autónomas pero financiadas principalmente por el gobierno.

Aunque las instituciones mexicanas de educación superior definen sus propios criterios de admisión de estudiantes, la mayoría aplica una prueba de habilidades y conocimientos denominada Exani-II.

El examen de admisión general es un mecanismo criticado en varios países.

Marmolejo sostuvo que de cualquier modo “el gobierno mantiene un control indirecto de los cupos en función de la asignación presupuestal que le da a las universidades públicas”.

“Si bien son autónomas, al determinar cuántos asientos ofrecen saben que tienen la restricción de que no tienen suficientes recursos”, agregó.

A eso se añaden problemas que no son exclusivos de México: “muchas veces el sistema de admisión no es respetado y hay gente que ingresa sólo por tener palacas”, nos decía Fátima Cebreros (@fatimamcg).

Presión en aumento

Otros gobiernos latinoamericanos también han tenido recientemente en agenda la cuestión del acceso a la educación superior.

En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff aprobó en 2012 una ley que reservó la mitad de los cupos de ingreso en las universidades federales a egresados de liceos públicos negros, mulatos, indígenas y pobres.

Esta ley procura cambiar la composición tradicional del alumnado universitario brasileño, que ha sido mayoritariamente blanco de clase media y alta, con una educación en liceos privados que les facilita pasar el examen de ingreso a estudios terciarios.

Pero esa ley, de aplicación gradual, desató críticas de quienes sostienen que el problema radica en la baja calidad de la enseñanza pública básica y que las cuotas raciales o socio-económicas afectarían el nivel académico de algunas facultades.

Otros países han mantenido a lo largo del tiempo universidades públicas y gratuitas cuya capacidad para ser motores de la movilidad social ha estado bajo cuestionamiento.

Un ejemplo es Uruguay, donde un estudio encargado por las autoridades educativas en 2008 indicó que los hogares más ricos se beneficiaban con la mitad del gasto de la gratuita Universidad de la República y los más pobres apenas con el 1,6%.

Autoridades gubernamentales uruguayas, incluido el expresidente José Mujica, sugirieron cambiar esto y cobrar una matrícula en la universidad pública pero la idea nunca prosperó.

Todo indica que el debate seguirá cobrando fuerza en la región, donde más de un cuarto de la población tiene menos de 15 años de edad, según cálculos de la ONU.

La demanda de acceso a la educación superior crecerá por 20 años más, calcula el Banco Mundial, hasta que las tasas de crecimiento demográfico bajen y le quiten presión a sistemas que hoy están sometidos a examen.

El Comercio


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