Delmi viste un pantalón naranja y una blusa que intenta reproducir los colores de la piel de un leopardo. Está acostada en una mesa de metal y bajo su cuerpo una enorme bolsa blanca, que aún le cubre los pies, hace las veces de sábana. A su lado, otras tres personas también reposan sobre mesas metálicas, pero sin ropa. Los cuatro están en la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal (IML) y son parte de los 12 homicidios que ocurrieron el 16 de julio de 2015 en El Salvador, uno de los países más violentos del mundo. Delmi recién ha llegado.

Es casi mediodía de este jueves y un grupo de hombres y mujeres forrados con gabachas verdes y blancas, gorros, guantes y tapabocas lavan, sacan radiografías y hurgan entre los cadáveres para intentar dar con la causa de la muerte. Son los forenses que trabajan en el Instituto de Medicina Legal (IML), ente encargado de realizar peritajes en investigaciones criminalísticas y determinación de paternidad.

El Salvador ha visto inundar sus calles con cadáveres desde el conflicto armado de los ochenta, una hemorragia que no se detuvo con los Acuerdos de Paz de 1992: entre 2004 y 2014 fueron asesinadas 39,111 personas, según la Policía Nacional Civil (PNC). En lo que va de este año, el promedio diario de homicidios es de 15. Una cifra que subió a 22 en mayo y junio pasado. Esa condición de país violento hizo que la mayoría de los 139 forenses y patólogos contratados por el IML aprendieran el oficio desde la práctica, de forma empírica. Otros han cursado algunos diplomados en el extranjero; pero casi ninguno tiene una especialidad. Algo que esperan cambiar a partir de enero del próximo año.

Al otro lado de la calle donde los médicos han comenzado a examinar el cadáver de Delmi, una vendedora de plátanos de La Tiendona que fue atacada a tiros, está el edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En una de esas oficinas, la de la magistrada Doris Luz Galindo, presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, tomó forma –en octubre del año pasado– la idea de crear una especialización en Medicina Legal. Nueve meses después, El Salvador tiene listo el plan de estudios para la especialización.

Se trata de una malla curricular armada por la Universidad de El Salvador (UES) que contiene 23 asignaturas, donde destacan Clínica Forense, Patología Forense, Antropología Forense, Genética Forense, Criminalística, Ciencias Forenses de la Conducta, Química Forense y Derecho. La idea, de acuerdo con el médico Roberto Tobar, coordinador general de especialidades médicas de la UES, es formar a los forenses en un residentado de tres años, donde obtengan las capacidades para convertirse en peritos certificados.

La magistrada Luz Galindo dice que la formación de forenses va a permitir, en los próximos tres años, “tener incidencia en la administración de justicia para mejorar la prueba científica”. Un reclamo que varios sectores han hecho a las autoridades de Seguridad Pública en los últimos años.

“Va a significar un impacto en la calidad de la justicia penal, debido a que hay cuestionamiento al trabajo. Se exige demasiado la prueba testimonial”, reconoce la magistrada de un país donde además de un alto índice de homicidios, hay una elevada cifra de impunidad en los casos.

Un día antes, Tobar hojea orgulloso el fólder manila que contiene el documento curricular de la especialización médica en Medicina Legal de la UES. Está sentado en el tercer nivel del edificio escuela del nuevo Hospital Nacional de la Mujer y allí habla de la importancia de crear el residentado.

Sería la séptima especialización médica certificada en el país. Las seis anteriores son: Pediatría, Medicina Interna, Medicina Familiar, Cirugía, Psiquiatría y Ginecobstetricia.

“Nosotros lo consideramos necesario por el nivel de violencia que tenemos en el país. Solo Nicaragua y nosotros (El Salvador) no teníamos un plan de estudios para formar forenses”, dice el médico mientras muestra el plan en su escritorio.

En febrero de 2013, el Equipo Argentino de Antropología Forense, ONG reconocida internacionalmente, explicó la necesidad de que el personal del IML estuviera desde el principio en las exhumaciones de los cadáveres para no perder evidencias en las fosas clandestinas. Algo que no ocurre en el país. Los expertos argentinos capacitaron, en esa fecha, al personal de Antropología Forense de Medicina Legal. Vinieron a mostrar técnicas de exhumaciones básicas pero que permiten recuperar adecuadamente los restos humanos.

Nora Montoya, jueza del tribunal Noveno de Instrucción, también ve importante tener más médicos forenses preparados académicamente: “El 50 % de la carga de los tribunales de instrucción es de delitos contra la vida (homicidios) y agresiones sexuales, por eso se necesita esa prueba científica”, dice Montoya.

Josefina de Monterrosa, encargada del área de Genética Forense de Medicina Legal, sabe del apoyo que brindan en los casos de los que habla la juzgadora. La médica explica que las pruebas de ADN, que tiene a su cargo, son importantes en las investigaciones de varios tipos de crímenes.

De Monterrosa dice, mientras sostiene una parte de un hueso dentro de un tubo en sus manos, que el proceso de extracción y análisis de ADN ha sufrido cambios importantes en los últimos años. Ahora, según la forense, son capaces de analizar hasta 24 muestras diferentes con un solo equipo. Algo impensable hace un par de años. Esa evolución también la resalta el director del IML, José Miguel Fortín, desde su oficina a unos pasos del laboratorio de genética donde trabaja De Monterrosa. El director dice que la capacitación de forenses en aulas universitarias y con un residentado es parte del desarrollo de la institución. Una condición que se ordenó desde la CSJ y que incluyó la creación de un departamento académico en el interior de Medicina Legal, “pero que no funcionó del todo”.

Luz Galindo, Tobar y Fortín coinciden en que el plan de estudios fue aprobado por unanimidad durante la última sesión que realizó la Corte Plena de la CSJ con todos los magistrados titulares (29 de junio). Un día después, cinco de esos funcionarios debieron abandonar el cargo porque finalizaron su período. Tobar dice que ese día, los 15 magistrados aprobaron una erogación de $403,730.04 para el proyecto. Fortín agrega, por separado, que la puesta en marcha de la formación de nuevos forenses no significa que los actuales serán despedidos. Se trata, según el director, de certificar al personal con un refuerzo académico.

Una deuda que espera ser saldada con la preparación de forenses para seguir indagando la muerte en un país que compite por el primer lugar en asesinatos a nivel mundial. Una de esas víctimas fue Delmi, la mujer que este jueves es examinada por los forenses que buscan las lesiones que le provocaron la muerte y vestigios adheridos al cadáver. Además de examinar el pantalón naranja y la blusa que asemeja la piel de leopardo que vestía el día de su muerte.

La Prensa Gráfica


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