Hace unos meses, mediante fallo T-850 de 2014, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación adelantar las acciones para garantizar que personas sordas o sordociegas tengan acompañamiento de guías-intérpretes en todo su proceso de formación, tras una situación presentada en la U. Manuela Beltrán.

Aún el sistema no tiene lineamientos precisos al respecto, tanto del MEN, como de las IES que también tienen esta responsabilidad, y que les implica adoptar una política de inclusión, crear incentivos y hasta modificar planes de estudio, como analiza el abogado Ernesto Gómez Abadía, en analsiis para El Observatorio:

Protección constitucional reforzada en situaciones de discapacidad

Con motivo del fallo que la Corte Constitucional emitiera mediante sentencia de tutela T-850 de 2014, en la cual amparó los derechos de un estudiante de psicología, sordociego, de la Universidad Manuela Beltrán, ordenándole al Ministerio de Educación Nacional adelantar las acciones necesarias para garantizar a las personas sordas o sordociegas el acompañamiento de guías-intérpretes durante su proceso de formación (en todos los niveles del sistema educativo incluso en el oficial o el privado), cobra especial relevancia analizar el manejo que las Instituciones de Educación Superior deben dar a sus estudiantes en estado de Discapacidad (o Diversidad Funcional).

Antecedentes particulares del caso

a. El estudiante accionante se dirigió al Instituto Nacional para Sordos, a la Fundación Saldarriaga Concha, al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Media y Superior, pero ninguna entidad le dio respuesta afirmativa.

b. Además estaba becado por el Icetex y la Fundación Saldarriaga, siendo beneficiado del Fondo para apoyo financiero para estudiantes con discapacidad en Educación Superior.

c. La ayuda brindada (apoyo de un guía-interprete) fue temporal ya que la universidad dejó de asumir su costo, y aunque el MEN se comprometió a hacerlo, finalmente no lo hizo (no hizo efectivos los convenios estando obligado a ello por orden de un juez de segunda instancia), por lo que el estudiante al demostrar que no contaba con los recursos económicos necesarios, estimó que se afectaría su desempeño académico y perdería la beca otorgada, lo que lo llevó a no asistir a clases.

Ante dicha situación, el estudiante decidió presentar acción de tutela, en la cual en particular solicitó el amparo a sus Derechos Fundamentales a una vida digna, igualdad y educación, toda vez que por su situación de deficiencias visual y auditiva, requería le proporcionaran dos guías-intérpretes competentes en el sistema de comunicación para personas sordociegas, con estas funciones:

  1. Transmisión de información visual adaptada, auditiva o táctil.
  2. Transmisión de comunicación.
  3. Guía de movilidad.
  4. Descripción visual del ambiente en donde se encuentre.
  5. Amplio conocimiento de castellano, la lengua de seña táctil, braille, y demás sistemas de comunicación.

Alcance de la ayuda brindada

Aunque las entidades demandas le ofrecieron acompañamiento mediante tutorías personalizadas con cada uno de los docentes, éste no fue suficiente. Lo anterior, en tanto la Corte consideró que el auxilio proporcionado a titulo de beca, no eximía al Estado (cobijando en este concepto a los particulares que prestan un servicio público educativo) de su obligación de proporcionar condiciones especiales para la integración social del accionante, ya que los beneficios recibidos no garantizaban los principios esenciales de la educación, como lo es la efectividad y la adaptabilidad, viendo truncado su derecho a la educación.

Derecho a la educación de personas en situación de discapacidad o diversidad funcional

La Corte Constitucional con fundamento en la Sentencia T-068 de 2012 partió del análisis del Derecho a la Educación en su doble connotación (Derecho- Deberfundamentado en el “principio de la correlatividad de las obligaciones”) y que se traduce en que así como las Instituciones Educativas tienen derecho a la autonomía universitaria, de igual modo tienen el deber de garantizar condiciones especiales para casos de discapacidad.

En tal sentido y nivel doctrinal la Corte trajo a colación como características esenciales del derecho a la educación:

a) La disponibilidad, que consiste en el deber que tiene el Estado de proporcionar instituciones educativas, de conformidad con la necesidad poblacional.

b) La aceptabilidad, que consiste en el deber de brindar una buena calidadde educación.

c) La adaptabilidad, que consiste en que la educación debe adecuarse a las necesidades de los demandantesdel servicio (y no al revés), y, que se garantice la continuidad en su prestación.

d) La accesibilidad,  que consiste en la obligación que tiene el Estado de garantizar a todas las personas, el acceso a un sistema educativo, en igualdad de condiciones y con la eliminación de toda discriminaciónalrespecto (educación inclusiva).

Proceso de aprendizaje en discapacitados

Partiendo de las anteriores premisas, el proceso de aprendizaje es diferente del de otros estudiantes y por tanto el trabajo físico y mental que requiere una persona con discapacidad es fuerte y demandante. En consecuencia, no sólo se requiere acompañamientoen el ejercicio académico dentro de las aulas, sino en todo el ambiente y contexto universitario, de lo cual se deriva el deber de suministrar las herramientas necesarias para el adecuado proceso pedagógico de alumnos con discapacidad.

Proteccion constitucional reforzada

El fundamento central del fallo de la Corte Constitucional radica en un amicus curiae (concepto realizado voluntariamente por un tercero) del Centro Estratégico de Impacto Social (CEIS) de México, fundamentado a su vez en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con base en lo anterior, la Corte Constitucional ratifica el concepto de “Protección Constitucional Reforzada” (ya tratado en fallos anteriores como la Sentencia T-032 de 2012 y T-041 de 2014), entendido como el amparo o trato preferencial como garantía a favor de personas en situación de discapacidad, que tienen una situación de debilidad y por tanto están en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la población.

Ahora bien, conceptualmente se estima conveniente superar el término de “Discapacidad”, entendida no como una enfermedad sino como una realidad, que implica aceptar la diversidad y la diferencia social, por lo que para ciertos sectores (en especial “el Movimiento Internacional de Vida Independiente”) se debe hablar mejor de “Diversidad Funcional” (PALACIOS, Agustina y ROMAÑACH, Javier. El Modelo de la Diversidad: La Bioética y los Derechos Humanos para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional. Ediciones Diversitas- AIES, 2007).

Obligaciones que surgen para las IES

En consecuencia la obligación de acceso al sistema público educativo, no es unaobligación circunscrita a garantizar un acceso “en sentido formal”, sino que en un sentido material, debe involucrar el análisis de ciertas medidas para que las poblaciones vulnerables puedan ejercer efectivamente su derecho a la educación.

En cumplimiento de lo anterior, las instituciones educativas tienen la obligación de permitir el ingreso de personas con limitaciones físicaspara ayudar de esta manera a su integración social, así ello implique un esfuerzo adicional razonable de su parte.

Entonces es obligación de la IES el garantizar las condiciones de calidad para el proceso de enseñanza/aprendizaje de estudiantes con discapacidad, indistintamente que sean  instituciones públicas o privadas(por prestar un servicio de educación de carácter público).

Fundamentos normativos

La Corte al revisar el caso objeto de tutela, puso en evidencia que no se ha dado cumplimiento a las Leyes 361 del 11 de febrero de 1997, 982 de 2005 y 1618 de 2013, que si bien establecen en cabeza del Estado una serie de obligaciones que permitan el acceso a la educación en los niveles primario secundario, profesional y técnico (con el fin de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad), esta responsabilidad se traslada a los particulares que por delegación prestan el servicio público educativo.

a) El literal d) de la primera norma citada, exige al  Ministerio de Educación Nacional la verificación de las condiciones de calidadde la educación superior en cuanto a la existencia de criterios de inclusión educativa(acciones afirmativas) de personas con discapacidad.

b) El literal g) ibídem, también obliga a las Instituciones Educativas a destinar recursos de su presupuesto para vincular el personal profesional necesario y contar con los recursos tecnológicosque apoyen la real inclusión educativa de personas con discapacidad, dentro de los programas de formación académica que ofrezcan.

c) Por su parte la Ley 982 de 2005 en su artículo 38 establece que las entidades públicas o privadas que ofrezcan programas de formación y capacitación profesional  deberán incorporar el servicio de intérprete de la lengua de señas y guía intérprete a los programas que ofrecen, teniendo en cuenta las particularidades lingüísticas y comunicativas.

Las anteriores exigencias se encuentran fundamentadas en el artículo 6º de la Ley 30 de 1992 (objetivos de la Educación Superior)que exige a sus instituciones el disponer de recursos humanos y tecnologías apropiadasque les permitan atender adecuadamente sus necesidades.

Decisiones perentorias del caso

Las órdenes dadas por la Corte en este fallo fueron:

1) La Universidad accionada debe vincular y contratar en su planta de personal, dos guías-intérpretes, los cuales serán asignados al tutelante durante su desarrollo académico, así como adecuar su sistema de evaluación, mediante lecturas, trabajos, sistema braille y/o lengua de señas, que garanticen la inclusión en el sistema educativo superior.

2) El Ministerio de Educación debe organizar a través de entidades oficiales y de convenios con asociaciones, la asignación de un guía intérprete al tutelante.

Otras  implicaciones para las ies

a) Al otorgarse una serie de beneficios a estudiantes con diversidad funcional, se convierten en Derechos Adquiridos y por tanto más adelante dichos beneficios no se pueden desmontar o disminuir.

b) El derecho fundamental a la educación es de carácterinclusivo, lo que  supone que el sistema educativo debe adecuarse y estar preparado para responder a las necesidades educativas de todos los educandos, teniendo en cuenta sus capacidades y talentos.

c) Para ello, es necesario que las IES adopten (como paso inicial sino lo tienen) una Política de inclusión de personas con discapacidad.

d) En este orden de ideas, y en aplicación del art. 4º (numeral 11 literal b) de la Ley 1618 de 2013 (ya citada), bien se podría solicitar al MEN que informe qué incentivos ha creado  para que las instituciones de Educación Superiordestinenrecursos humanos y recursos económicos al desarrollo de investigaciones, programas, y estrategias para desarrollar tecnologías inclusivas (en el entendido que se habla de un sistema educativo y por tanto existe una corresponsabilidad entre el ente rector y sus instituciones educativas).

e) Finalmente,  es necesario hacer eventuales modificaciones en los planes de estudios,de tal forma que el proceso de aprendizaje se adapte a las condiciones del estudiante con discapacidad, permitiendo que los trabajos, lecturas y demás actividades académicas que le sean asignados tenga en cuenta su situación en particular.

El Observatorio de la Universidad Colombiana

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