Una posicion politica universitaria sobre decisiones gubernamentales que afectan  la educacion superior. Por Galo Burbano López, exrector y exdirector ejecutivo de ASCUN.

Desde hace varias décadas los gobiernos, las universidades y en general las instituciones de educación superior pretenden mejorar, cambiar o ajustar  la organización y el funcionamiento de la actividad educativa a nivel superior.

Con ese propósito el gobierno actual en el 2011 impulso un proyecto de reforma a la ley 30 de 1992, el cual fue retirado del Congreso Nacional,  debido a la resistencia que generó entre estudiantes, docentes y otros sectores sociales.

Posteriormente el mismo gobierno convino en el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), con el beneplácito de sus integrantes, entre ellos rectores de instituciones de educación superior  y representantes de profesores y estudiantes, impulsar un  proceso de consulta a nivel nacional  para modificar este nivel educativo.  Sus fundamentos y conclusiones estuvieron listas para su entrega al Presidente de la Republica en agosto de 2014. Lamentablemente primaron otros intereses en el Gobierno, y  hoy reposan en los archivos oficiales

Por diferentes motivos, como la ampliación de cobertura de la Educación Superior, desde el gobierno anterior se propició el ingreso de programas del SENA a este nivel, cuestión discutible, habida cuenta de la naturaleza de estos programas, concebidos y desarrollados como educación para el trabajo

Ante delicados problemas relacionados con el funcionamiento de algunas instituciones, el MEN consiguió la aprobación en el Congreso de una nueva Ley sobre inspección y vigilancia, y se está aplicando sin mayores obstáculos en la Fundación Universitaria San Martin.

La OCDE en colaboración con el Banco Mundial dio a conocer en el año 2012, un estudio titulado ”Evaluación de políticas nacionales de educación. La educación en Colombia 2012“. Allí se expresa que a pesar de los progresos en el sector educativo, aún queda mucho por hacer para afrontar algunos desafíos como: aumentar las matrículas y fomentar la equidad, mejorar la calidad y la pertinencia, así como lograr que la gestión y las finanzas sean las más adecuadas. De donde se desprende además la conveniencia de crear un sistema nacional de educación terciaria.

Más allá de estas recomendaciones el Gobierno propuso y más adelante logró, la aprobación de la Ley sobre el Plan Nacional de Desarrollo, que por su trascendencia supera en  importancia e impacto en todo caso, a una ley ordinaria.  Las principales políticas y programas que se impulsarán durante este cuatrienio aparecen consignadas en ese texto.  Este es el alcance del sistema de la educación terciaria, conformado por todas las instituciones educativas que ofrecen programas posteriores a la educación media, entre ellos los relacionados con la educación para el trabajo.

Frente a las acciones mencionadas los rectores de las Universidades afiliadas a ASCUN y otros directivos de las instituciones educativas han cuestionado esta decisión legislativa que por su alcance y contenido termina modificando la nomenclatura, los niveles de formación, la tipología de las instituciones y el manejo del gobierno. En reciente documento se expresa que se abren muchos interrogantes frente al fundamento constitucional de transformar el sistema educativo por vía gubernativa, sin escuchar o consultar a sus actores.

Tal vez la manifestación universitaria más directa y de alta conveniencia en su texto dice: “La universidad, en ejercicio de su autonomía responsable, reitera el deber de participar en un proceso estructural que con visión de corto, mediano y largo plazo permita contar con políticas públicas y de Estado más acordes a los complejos desafíos, partiendo de las fortalezas y potencialidades de la educación superior, como lo son la diversidad tanto de instituciones públicas como privadas que prestan el servicio, sin ánimo de lucro y a múltiples poblaciones”.  

El Observatorio de la Universidad Colombiana

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