Aunque la infraestructura y adecuación de tierras aparecen dentro de los subtemas de la Agenda General para el fin del conflicto en Colombia, la gestión del suelo y del subsuelo se constituyen en elementos prioritarios para la pacificación del país.

Así se puso de presente durante el seminario “Conflictos Territoriales y Acuerdos de Paz en Colombia”, organizado por la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional, el Departamento de Geografía y el Centro de Pensamiento sobre Hábitat y Territorio, de la Universidad Nacional.

Durante este evento, organizado con el fin de ampliar las reflexiones sobre si los acuerdos de La Habana están en consonancia con la gestión del ordenamiento territorial, se plantearon los riesgos que implican para el posacuerdo la industria extractiva y la nueva infraestructura vial que tendrá el país, con los proyectos de cuarta generación.

La incidencia de las obras de infraestructura en las comunidades, así como el avance de los proyectos minero-energéticos, estos últimos ligados a la variable más significativa para el crecimiento económico del país, fueron los focos de análisis de los panelistas.

Si bien la explotación de recursos minero-energéticos es la que más mueve a favor la balanza comercial colombiana, los impactos medioambientales de la extracción de combustibles fósiles son hoy, en todo el mundo, factor determinante de la generación de tensiones. En otras palabras, conceptuaron los panelistas, será muy difícil consolidar la paz.

En cuanto a la infraestructura, un estudio prospectivo realizado por docentes investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Medellín, sobre el impacto de las obras 4 G (autopistas de la prosperidad) en el departamento de Antioquia, arrojó como resultado el surgimiento de nuevas oportunidades de desarrollo en localidades históricamente azotadas por el conflicto armado.

El ejercicio prospectivo 2020-2032 marcó implicaciones de desarrollo en cuatro sentidos, aumento de potencial de mercado y mayor aglomeración, lo mismo que aumento de potencial de carga y acceso a servicios.

El caso de Zaragoza, por ejemplo, en el Magdalena Medio, región donde se incubó el fenómeno paramilitar, tendrá un corredor a Medellín de cuatro horas, cuando ese trayecto actualmente es de casi 10 horas.

Según la docente de la UPB, Bibiana Patiño Alzate, ese acortamiento de distancias incidirá en la alteración de dinámicas demográficas que a su vez podrán determinar la aparición de ciudades intermedias. Si se tienen en cuenta las actividades de municipios de esa región, algunas relacionadas económicamente con minería (en ocasiones ilegal) como ocurre con Segovia, cabe preguntarse ¿qué va a pasar en esas ciudades?, ¿cómo se gestionarán las zonas que aglomeren hasta un millón de personas?

En todo caso, esa puede ser solo una cara de la moneda de la infraestructura, pues “no todo tipo de vía sirve para todo tipo de comunidad ni para todo tipo de economía”, subrayó la coordinadora de la Maestría en Ordenamiento Urbano Regional de la U.N., Patricia Rincón Avellaneda. Además, agregó, el quid del asunto no es hacer vías, sino cómo se planean y se ejecutan; por ejemplo la proyectada Perimetral de Oriente, que conectaría municipios ubicados detrás de Monserrate, como Choachí.

Esta perimetral ha generado un malestar entre habitantes de ocho municipios, algunas veedurías pusieron lupa sobre el proceso y adelantaron vías legales hasta tanto no haya respuesta a objeciones formuladas, la mayoría de las cuales son de tipo ambiental. Y es que, argumentan las veedurías, se afectan zonas de páramo y de aguas termales que para algunos de esos municipios son fuente de ingresos por ecoturismo.

En el caso de los proyectos minero-energéticos, afirmó el geólogo y consultor Julio Fierro Morales, el país está en la obligación de plantear una discusión abierta porque no se están estimando los reales efectos de la extracción minera.

En principio, asegura, hay que reconocer que la minería se vuelve potenciadora de conflictos, porque hay sectores que quieren parte de las rentas que se generan.

Tanto en la extracción de oro y carbón, se están generando índices de contaminación tóxica, que están muy por encima de los niveles máximos sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, en lo que a concentración de mercurio se refiere.

En el caso puntual de La Colosa, mina de extracción en el Tolima, “la acción de los químicos sobre las piedras que poseen el oro las deja en una condición en la que generan una acidificación del agua, que a su vez libera agentes tóxicos”, aseguró el experto.

Agencia de Noticias de la Universidad Nacional de Colombia

Volver