Presentación del tema:

El Salvador es un país de alta concentración mediática. En consonancia con una tendencia en el sur global, la radio, televisión y medios escritos son propiedad de pocas manos pertenecientes a familias de mucho poder económico e influencia política, quienes se han visto beneficiadas por políticas estatales paternalistas y medidas neoliberales que han alentado al fenómeno. Este, a su vez, ha propiciado la exclusión del derecho a la comunicación a las grandes a mayorías, a grupos menos privilegiados que no cuentan ni con los recursos ni con el espacio para comunicar sus ideas y puntos de vista.

Esa disparidad es también un elemento que ha minado la democracia. En la actualidad, este concepto ya no se puede entender solo en términos cuantitativos respecto a la participación de las mayorías en la toma de decisiones electorales, sino que implica también el avance en otros temas, como la necesidad de contar con sistemas de comunicación igualitaria e incluyente que permitan tener ciudadanos mejor informados.

Pero esto no es posible cuando existe concentración. En El Salvador, una sola empresa es dueña -sea de forma directa o través de vínculos entre sus accionistas- del 52 por ciento de los canales de televisión de transmisión nacional: Telecorporación Salvadoreña (TCS), propiedad de la familia Eserski, tradicionalmente relacionada con la derecha política y aliado comercial de la también poderosa compañía mexicana Televisa. Además, del total de frecuencias de radio de alcance nacional, un 57 por ciento está en manos de solo seis pero muy poderosos grupos empresariales, los cuales aglutinan a las emisoras más populares del país. Uno de ellos es propiedad del derechista ex Presidente de El Salvador y nuevamente candidato al mismo puesto en las elecciones de febrero 2014: Elías Antonio Saca. Mientras que los medios más influyentes de la prensa escrita están en manos de tres familias de mucho poder económico con intereses en otros sectores muy importantes de la economía nacional, como el café y los registros de vehículos, entre otros.

En cambio, los medios comunitarios, y con ellos los sectores que representan, han tenido que subsistir sin el reconocimiento oficial de la Ley. No cuentan con normas que estimulen su surgimiento y su posterior desarrollo, limitándose muchas veces a la cooperación y luchando a diario contra las presiones de los grupos de poder hegemónicos. El Salvador solo cuenta con una veintena de radios comunitarias y una televisora de este tipo.

Willian Carballo: Maestro en comunicación y licenciado en comunicaciones y periodismo. Consultor en comunicaciones e investigador social especializado en temas de medios, democracia, cultura popular, juventud y violencia. Catedrático en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y en Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera.  Experiencia de 14 años en el periodismo y en la actualidad articulista en publicaciones nacionales y extranjeras. SOUTH-SOUTH COLLABORATIVE PROGRAMME

Análisis político

El Estado ha propiciado y alentado esa concentración. Lo ha hecho al agenciar directamente frecuencias radioeléctricas a empresarios de alto poder económico, en una práctica que fue común incluso desde antes de mediados del siglo pasado.

También se ha ignorado en el marco legal la existencia del denominado tercer sector de la comunicación, el comunitario. Además, en un punto clave para entender políticamente el estancamiento del tema en El Salvador, persiste el sistema de subasta para la otorgación de frecuencias, lo que automáticamente excluye a los sectores de menos ingresos económicos.

Esa renuencia política a favorecer la comunicación igualitaria está amparada muchas veces en la influencia que los empresarios tienen en diferentes esferas del Estado. Por ejemplo, los propietarios de medios agremiados en la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) -cuya cúpula ha estado ligada en los últimos años al ex Presidente de El Salvador, Antonio Saca- han demandado que el Estado no intervenga en la repartición de frecuencias. Sus argumentos giran en torno a la defensa de la libertad de expresión, aunque diversos analistas coinciden en que en realidad se refieren a las libertades que han adquirido gracias a marcos regulatorios que les han permitido desarrollar a placer industrias mediáticas y obtener cuantiosos ingresos.

En ese sentido, es urgente que exista de parte del Estado salvadoreño voluntad política por desarrollar la comunicación y alentar la existencia de medios públicos y ciudadanos que sirvan de contrapesos a los discursos hegemónicos transmitidos desde los medios comerciales, dominados por unos pocos pero poderosos empresarios. Si desde la esfera política no hay decisión firme por democratizar los medios, las esperanzas de lograr resultados positivos y cambiar el esquema que fomenta la concentración son escasas.

A la fecha, hay pocas señales positivas al respecto. Ni los gobiernos de derecha posteriores a la finalización del conflicto civil salvadoreño ni el actual gobierno de izquierda liderado por el ex periodista Mauricio Funes han dado pasos firmes hacia la democratización de los medios. Las iniciativas de ley que ayudarían a cambiar la situación ha sido dilatadas y ni siquiera en el tema de la digitalización de la televisión -a ocurrir en 2018 en el país y que representa una esperanza para el sector comunitario- se ha abierto la posibilidad para enrumbar el camino.

Sugerencias y propuestas en términos de políticas públicas

• Es necesario discutir y luego ejecutar una reforma constitucional que permita la protección del derecho humano a la comunicación. En esta reforma se debería incluir expresamente el reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios y públicos y otorgarle al Estado el deber de velar por su creación, defensa y desarrollo.

• Es urgente reformar la Ley de Telecomunicaciones, especialmente en lo relacionado a la explotación de las frecuencias del espectro radioeléctrico, los tiempos de duración y requisitos para la concesión. Acá requiere atención especial la modificación del actual sistema de subastas, el cual contraviene muchas de las recomendaciones de organismos internacionales relacionados con el derecho a la información y la comunicación.

• En las reformas se debe también incluir mecanismos que alienten la creación de medios ciudadanos y promuevan mecanismos de subsistencia dignos, que les permitan desarrollarse en sana Southern papers series 7 igualdad de condiciones frente a los medios comerciales. Acá es importante se normen los criterios y mecanismos para la asignación equitativa de la pauta publicitaria del Estado, para garantizar que los medios comerciales y comunitarios tengan un acceso equitativo a estos recursos.

• Es imperante contar con una ley que establezca restricciones contra prácticas monopólicas u oligopólicas en los medios de comunicación, a fin de evitar la concentración. Esta normativa debería determinar el número máximo de concesiones que pueda explotar una persona natural o jurídica e imposibilitar que las concesiones radioeléctricas sean traspasadas o donadas.

• Se debe aprobar una Ley de Radiodifusión Comunitaria, en la que se debe sentar las bases para el surgimiento y desarrollo de estos medios y crear entidades rectoras que diseñen y den seguimiento a políticas públicas en favor del derecho humano a la comunicación y la democratización de los medios.

• Es urgente también debatir abiertamente y luego crear una normativa legal que regule la transición de las tecnologías análogas a las tecnologías digitales. En esta se debe asegurar que existan oportunidades igualitarias para los medios comerciales, públicos y comunitarios.

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