Chile vive hoy una tensión que se expresa cotidianamente en diferentes ámbitos de nuestra vida. Esa tensión tiene que ver con la contradicción cada vez mayor entre, por un lado, el modelo socioeconómico heredado de la dictadura cívico-militar bajo el que vivimos y, por otro, la creciente demanda social por un país plenamente democrático.

Rodrigo Avilés, dirigente estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PUC, quien se debate en Valparaíso entre la vida y la muerte por las lesiones que sufrió durante la represión policial del 21 de mayo, es hoy un trágico síntoma de esa tensión. Su caso no es un hecho aislado, por el contrario, son decenas los jóvenes que, nacidos en democracia, han transitado por el filo de la vida y la muerte debido a la violencia policial, recibida a causa de su activismo político y social. El padre de Rodrigo lo resumió claramente cuando en medio de su dolor señaló que “en los 80 luchamos por un país donde pudiéramos caminar libres y tranquilos por las calles, en ese tiempo uno salía a la calle y no sabía si volvía. Hoy estamos en democracia y los hijos nuestros salen a la calle y nosotros los padres no sabemos si vuelven, eso es grave, eso estructuralmente es delicado”.

¿Cuál es ese modelo heredado de la dictadura y en cuya cancha hoy nos movemos? Lo podemos definir sintéticamente como: economía neoliberal más doctrina de seguridad nacional.

Desde que comenzó el actual ciclo de movilizaciones sociales el 2011, tanto las estudiantiles, las medioambientales, como las de las comunidades (recuérdense Freirina, Caimanes o Aysén), se ha hecho evidente lo referido al primer aspecto: en Chile el negocio de la salud y la educación, las AFP, las leyes laborales, la colusión empresarial, la concentración de los medios de comunicación, la usura de La Polar, el perdonazo tributario a Johnson’s, el financiamiento empresarial de la política, la privatización del agua, la pesca de arrastre, la desaparición del bosque nativo, etc., etc., responden a la lógica de una economía neoliberal. Y la expresión “lucro” se convirtió en el significante que resume negativamente todos esos aspectos propios de la dimensión económica del modelo.

Bastante menos se ha discutido acerca del segundo aspecto, el de la doctrina de seguridad que también sustenta las bases de la actual institucionalidad. Sin embargo, el tema se vuelve cada vez más urgente de debatir e imposible de soslayar, porque a medida que se profundizan las tensiones entre quienes defienden el modelo socioeconómico heredado de la dictadura y quienes presionan por un nuevo sistema político-institucional, a medida que crecen las protestas ciudadanas debido a la insoportable experiencia de vivir la desigualdad, aparece con cada vez mayor fuerza el lado defensivo del actual modelo. Es lo que Carabineros de Chile conceptualiza en su publicidad institucional como su “sólida orientación doctrinaria”. ¿Cuál doctrina excatamente? Nunca se explicita.

Pero sabemos que no solamente hemos heredado una Constitución y un Congreso poco democráticos, un Estado subsidiario y una economía desregulada, también seguimos viviendo con cuerpos policiales anclados en lógicas de ese pasado. Es así que cada vez que aumentan las protestas sociales, aumentan las muertes de jóvenes: se trata de una correlación trágica y perfecta.

Cuando a fines de los 90 crecían las protestas estudiantiles por el déficit del Fondo Solidario, fue asesinado el estudiante de la Universidad de Tarapacá, Daniel Menco, producto de los disparos efectuados por el comisario Norman Vargas con su Winchester calibre 12. Cuando el 2011 las movilizaciones estudiantiles estaban en su cénit, fue asesinado el secundario Manuel Gutiérrez por el sargento de Carabineros Miguel Mallecura, quien accionó una UZI contra el joven. Cuando se manifiestan las comunidades contra megaproyectos empresariales que degradan su calidad de vida, llegan las Fuerzas Especiales a sus calles. Y cuando los casos llegan a tribunales, la institucionalidad protege con Justicia Militar a los uniformados autores de los homicidios, tal como ocurrió con las muertes de Manuel Gutiérrez, Daniel Menco o Matías Catrileo.

En el marco de todas estas tensiones que han emergido explícitamente en Chile entre lo viejo que se niega a morir y lo nuevo que no termina por nacer, los intereses económicos que hay detrás de ese antagonismo se han vuelto claros ante la opinión pública. Pero bastante menos claro es el papel que asumirán los herederos uniformados de la Doctrina de Seguridad Nacional ante los cambios que se avecinan en nuestro país, ¿cómo evaluarán el fin de su Constitución?, ¿cómo actuarán ante un proceso constituyente o una Asamblea Constituyente?

Cada estudiante, cada mapuche, cada ciudadano herido en situaciones como las vividas por Rodrigo Avilés, merece que se formulen y debatan estas interrogantes.


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