La reforma educativa se tropieza con el rechazo de la derecha y un fallo de la Justicia. El difícil camino hacia la esperada gratuidad en la educación superior. Análisis exclusivo para NodalU.

Por Luis Cuello, abogado chileno

Un momento crítico atraviesa el proceso para alcanzar la gratuidad en la educación. Desde las multitudinarias movilizaciones de 2011, se transformó en el tema principal de la contienda electoral que condujo al triunfo de la Nueva Mayoría -coalición que comprende desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista- y en la principal promesa de la administración de Michelle Bachelet. En medio de un escenario político complejo caracterizado por las presiones de algunos sectores por moderar los compromisos programáticos, el gobierno optó por avanzar en un mecanismo parcial de gratuidad para algunas universidades en 2016. Este primer paso se plasmó en la ley de presupuestos, permitiendo el acceso gratuito a las universidades públicas y algunas privadas a los alumnos pertenecientes al 50 por ciento más vulnerable.

La derecha, que se opuso desde siempre a la gratuidad, asumió sin embargo la derrota ideológica y cambió de estrategia. Durante la discusión parlamentaria de la ley, acusó que se marginaría a varias instituciones privadas, advirtiendo que recurriría al Tribunal Constitucional (TC) pues, según ellos, la preferencia por las universidades públicas constituiría una discriminación arbitraria.

Cumplida la amenaza, el TC, donde la oposición tiene mayoría, acogió los reclamos, en medio de una alta expectación que incluyó la intervención en las audiencias de rectores, parlamentarios de izquierda y centros de estudios.

El nuevo escenario creado por la sentencia, que declaró inconstitucionales los requisitos exigidos por la ley para que las universidades privadas optaran al financiamiento, abrió nuevos flancos de conflicto. El gobierno, obligado a adoptar medidas urgentes para hacer viable su compromiso, deslizó la posibilidad de excluir a algunas universidades estatales de la gratuidad. Esto motivó la indignación de los rectores y la respuesta de los estudiantes universitarios quienes, durante el proceso en el TC, se habían restado del debate.

La principal definición a tomar en pocos días será clave para la reforma a la educación. Aunque parezca increíble, el Estado debe decidir si le da preferencia a sus propias universidades o si las financiará por igual frente a las universidades privadas, muchas de ellas con intereses comerciales y de baja calidad.

Por otro lado, este episodio revela un grave problema institucional. La derecha no cuenta con el apoyo en las urnas, pero tiene a mano un tribunal de origen antidemocrático con poder suficiente para pasar sobre la Presidenta y el Congreso, poniendo en serio riesgo el programa de reformas, incluyendo la nueva Constitución. Un ex integrante de ese Tribunal afirmó que esa institución es “clave para que exista una democracia limitada”. Queda por despejar cuál será la respuesta política del gobierno y de los actores sociales para enfrentar, en un plano estratégico, la amenaza latente de una minoría que pretende frenar, por vías ilegítimas, la concreción de las demandas de transformación más sentidas por el conjunto de la sociedad.


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