EL MINISTERIO de Educación ha informado que durante el transcurso del año se analizará el proyecto de ley de financiamiento estudiantil y avance en la gratuidad en educación superior. Si bien todo parece indicar que este avance será focalizado en los estudiantes que más lo requieren, es preciso reflexionar en la misión y sentido de la universidad, es decir, en qué es lo que se quiere financiar a través de los fondos públicos.

El bien público por excelencia es el cultivo del espíritu, la reflexión y el saber a través de la búsqueda de un nuevo conocimiento que nos acerque a la verdad en las diferentes áreas y disciplinas. El Estado en sus inicios fue visto como un “letrado ilustrado” que debía velar por el buen gobierno y la formación de los ciudadanos.  El Estado no se funda en criterios de propiedad, sino en su función de dar gobierno e integración social a la población.  La función pública está más vinculada a la inclusión social y a garantizar el derecho a la educación antes que a otra consideración. Así, el Estado laico no es sinónimo de Estado indiferente a las identidades y sus culturas. Tampoco es indiferente a los valores que constituyen a la sociedad civil y que han dado forma a las tradiciones nacionales. Laicidad del Estado en todas sus instituciones es un ejercicio constitutivo y recíproco de promoción y tutela del derecho, y de valoración positiva de todos los sujetos, que implica su reconocimiento.

De acuerdo a estas consideraciones, el sistema de educación superior está llamado a reflejar la diversidad del país. Es decir, la pluralidad, la diversidad de orientaciones y propuestas educativas deben estar presente en la totalidad del sistema. Esta diversidad no es un defecto que haya que tolerar, sino una virtud que el país debe cuidar. Así, el pluralismo al interior de cada institución debe tener como único límite el respeto a la dignidad de la persona y el bien común de la sociedad. Hacer coincidir lo público con lo estatal reduce la esfera pública a un ámbito estrecho, por lo que en vez de fortalecer lo público, se le debilita. Lo público no es una cualidad jurídica o relativa a la propiedad de las instituciones, sino una característica que se deriva del tipo de actividad que las instituciones realizan. Este principio subyace en el inicio e historia de la educación superior chilena. Es evidente que el Estado debe preocuparse por fortalecer sus instituciones, pero ello no debe ocurrir al precio de desatender al resto del sistema que posee una historia en la construcción del país.

Asegurar la calidad a través de una adecuada acreditación e implementar una institucionalidad actualizada de acuerdo a la diversidad del sistema son aspectos a establecer previo a la definición de las fuentes de financiamiento público.

La nueva reforma de educación superior debe tener en cuenta que un sistema mixto, con función y orientación pública, carente de fines de lucro, forma parte de la cultura nacional desde sus inicios. Pensar la idea de universidad, su sentido y misión es un desafío necesario de abordar para el desarrollo integral de la sociedad.

Latercera


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