Aspectos problemáticos de la reforma sindical del gobierno

Por Claudio Palavecino.
Facultad de Derecho

La reforma sindical del gobierno ha concluido su tramitación en la Cámara de Diputados y comenzado su discusión en el Senado. El título oficial del mismo es “proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales” y en un largo mensaje de veinticuatro páginas nos ilustra acerca de los múltiples aspectos y bondades de tal modernización. Lo cierto es que, pese al título, no hay nada nuevo bajo el sol en los fundamentos ideológicos del proyecto.

Agazapada hábilmente entre un frondoso bosque de expresiones amistosas como “sustentabilidad social de la empresa”, “dialogo social”, “colaboración estratégica”, etc., está la vieja y obsoleta teoría de la explotación, conforme a la cual toca al sindicato “recuperar” la plusvalía de la producción de los trabajadores de la que se apropiaría “injustamente” el empresario.

O como dice más suavemente el mensaje, “la redistribución del producto económico haciendo posible la participación de aquellos que han colaborado en su generación”. Pero no quiero profundizar en la ideología de la reforma, sino en los aspectos concretos del proyecto que en mi opinión suscitan las mayores críticas:

En primer lugar, el fin del reemplazo en la huelga. Se prohíbe el reemplazo de los puestos de trabajo de los trabajadores en huelga. La idea es maximizar el impacto dañino de la huelga y favorecer el monopolio sobre la oferta de trabajo en manos del sindicato, que ahora podrá amenazar con paralizar la empresa.

Esta dimensión de la huelga se suele mirar exclusivamente desde el interés de los huelguistas frente al empresario, omitiendo convenientemente que hay otros titulares de derechos que también deben ser tutelados por el ordenamiento jurídico.

Desde esta perspectiva dejada de lado, la prohibición radical del reemplazo es un atentado contra la libertad de trabajo de los empleados ajenos al conflicto, que tienen derecho a que el empresario les proporcione trabajo efectivo y también de aquellos otros que, estando desempleados o mal pagados, ven obstaculizada su libertad de contratación laboral. La prohibición radical de reemplazo saca de en medio a estos molestos competidores del sindicato, pero violando sus derechos constitucionales.

Otro aspecto problemático es la restricción de la titularidad de la negociación colectiva en empresas con sindicatos. La Constitución radica la titularidad del derecho a negociar colectivamente con la empresa en que laboren.

Reforma laboral: ¿”Chile no está preparado” para equilibrar la relación capital / trabajo?

Por Miguel Urrutia
Facultad de Ciencias Sociales

Que una franja importante de las familias en Chile hayan accedido a consumos novedosos (incluida la educación particular subvencionada, o la salud privada de baja complejidad), no ha sido óbice para que los trabajadores procesen colectivamente tanto sus experiencias de agobio y abusos laborales, como sus nuevas formas de colaboración.

Con base en esta evidencia, investigaciones de campo realizadas desde nuestra universidad han explicado cómo, a pesar de la herencia dictatorial, el sindicalismo chileno ha logrado sobrevivir, incidiendo en la tímida democratización del país e incluso desplegando ciertos ciclos revitalizadores de sus repertorios de acción.

Hoy, que la reforma laboral yacente en el Senado es presentada como el fin de la herencia recién mencionada, es imprescindible iniciar su análisis cuestionando algunos catecismos ochenteros que vinculan el estallido neoliberal de la estructura social chilena, con el ascenso de imprecisas clases medias y la subsecuente inanición político-estructural de los trabajadores y el movimiento popular.

Respecto del neoliberalismo chileno es necesario distinguir que una faceta fue la de su diseño dictatorial para recomponer la acumulación de capital (“crecimiento”) y otra distinta la del aseguramiento postdictatorial de condiciones para que los lugares de trabajo no estallen en conflictos derivados de la extracción ampliada de excedentes productivos. Así, la herencia de la dictadura no es simplemente nuestra actual sociedad de mercado, sino un dispositivo institucional que, desde el Estado, instaló y reproduce dicho tipo de sociedad.

De ahí que ante el aserto televisivo de un egresado de nuestras aulas explicando que la negociación por rama significa: “que si el almacén de la Sra. Juanita entra en huelga, todos los demás almacenes deberán seguirlo”, su invitado, el ministro de Hacienda, lo corrigió diciéndole que el problema era más simple: “Chile no está preparado”.

La reforma laboral de la Nueva Mayoría supone que, en función de asegurar el crecimiento económico (constreñido durante décadas por crisis internas al capital), Chile no está preparado para que sus trabajadores tengan certeza de que “sus funciones” no serán reemplazadas durante huelgas, las que ya suponen renuncia al salario y son, por tanto, un último recurso ante la intransigencia empresarial.

Pero el análisis de la reforma indica que, además de “no estar preparado” para rellenar el enorme forado de cancha abierto en el lado de los trabajadores (discutiendo una negociación ramal ajustada, desburocratizando la negociación y la huelga, otorgando titularidad sindical sin ambages), Chile necesitaría nuevos dispositivos cuya regresividad ha sido afirmada por muchos decepcionados expertos de la propia concertación: pactos de adaptabilidad que permiten transar condiciones precarias a título de una flexibilidad que en Chile ya es extrema; establecimiento de servicios mínimos obligatorios durante las huelgas, cuya determinación judicializará el diálogo y favoreciendo los reconocidos mecanismos de desgaste sindical utilizados por los empresarios; suspensión de huelgas y dictación de reanudación de faenas por simple mandato de tribunales. Ergo, de no mediar decididas acciones colectivas, como el paro prolongado que la estratégica Unión Portuaria de Chile iniciará el próximo lunes 6 de julio: herencia laboral de la dictadura ¡Bienvenida a “un país mejor”!

Universidad de Chile


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