Por José Manuel Morales*

En junio del año 2011, y en medio de las movilizaciones más importantes que ha vivido Chile desde el retorno de la democracia, los estudiantes universitarios agrupados en la CONFECH concordaron un petitorio común que señalaba como objetivo principal:

“Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social universal en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientado a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de las necesidades de Chile y de sus pueblos”.

En dicho documento los estudiantes señalábamos como imperioso evitar que la agenda educativa del gobierno de aquel entonces profundizara las lógicas de la educación de mercado y, a su vez, posicionar las demandas transversales: educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento [de los estudiantes para poder pagar sus estudios], al autofinanciamiento [de las instituciones de educación superior] y acceso equitativo.

Luego, se planteaban una serie de medidas orientadas a la construcción del nuevo paradigma educativo, que señalaba, entre otros elementos:

  • Aumentar los aportes a las universidades, estableciendo un trato preferente con las instituciones del Estado.
  • Crear una Red Nacional de Educación Técnica Estatal.
  • Derogar las normas que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos de las instituciones de educación superior.
  • Extender la prohibición de lucro al conjunto de las instituciones educativas y hacerla efectiva en las universidades.
  • Reformar el sistema de acreditación de las instituciones de educación superior.
  • Modificar los mecanismo de acceso a la educación superior para hacerla más inclusiva.

universidad-de-chileHan transcurrido cuatro años desde las emblemáticas movilizaciones del año 2011 y, si bien como sociedad chilena aún no
dimensionamos del todo las profundas causas y consecuencias de aquel movimiento que remeció al país y puso la mirada internacional en nosotros, queda del todo claro el éxito que han tenido y siguen teniendo las ideas que inspiraron a los estudiantes chilenos a movilizarse y a millones de personas del país y del mundo a respaldarlos.

Tal como se lo propusieron los estudiantes, el gobierno de derecha no fue capaz de impulsar su agenda en educación que buscaba profundizar el carácter mercantil de ésta y luego, con el cambio de gobierno, las demandas posicionadas por los estudiantes fueron en gran medida recogidas en el programa de la Nueva Mayoría que ha llevado a cabo una intensa agenda política de reformas a la educación.

Siete leyes aprobadas en el Congreso y tres aún en discusión es el balance de la gestión del primer año de gobierno en materias de educación. Ello da cuenta la intensidad del trabajo que ha permitido avanzar en materializar la urgente reforma que el país ha demandado.

Durante este primer año, el gasto público en educación ha aumentado (y seguirá haciéndolo) considerablemente. Se ingresó al Congreso, y avanza a buen ritmo, un proyecto de ley que crea una red nacional de centros de formación técnica estatales en todas las regiones del país y otro que crea dos nuevas universidades estatales en las regiones del país que aún no contaban con una. También avanza la discusión de la iniciativa que deroga las normas que prohíben la participación de estudiantes y funcionarios en los gobiernos de las instituciones de educación superior.  A través de la llamada Ley de Inclusión se amplió la prohibición de lucro a todo el sistema escolar que recibe fondos públicos (93% de la matrícula total del país), acabando también con el copago y los mecanismos de selección con el fin de generar una educación inclusiva y combatir así el flagelo de la segregación. Y todo ello acompañado por un plan de fortalecimiento de la educación pública en todos sus niveles, con acciones urgentes y una fuerte inyección de recursos en materia de educación escolar.

Todo lo avanzado es de gran relevancia y empieza desde ya a cambiarle la cara a la educación chilena. Pero todavía falta. Este 2015 –y su agenda legislativa– resulta crucial para lograr cerrar el ciclo de reformas que permitirán recuperar la educación como un derecho social.

El Gobierno ya anunció que en abril llevará al Congreso un proyecto de ley que propone una nueva Política Nacional Docente, con nuevas y más exigentes condiciones en la formación inicial docente, y con una carrera profesional que asegure trayectorias de desarrollo a lo largo del tiempo, con mejores salarios y mejores condiciones para el desempeño de los maestros. Posteriormente ingresará la legislación que cambiará la institucionalidad de la educación escolar pública del país, poniendo fin a la municipalización que impuso la Dictadura y devolviendo al Ministerio de Educación la responsabilidad de entregar una educación de calidad para todos los chilenos.

Luego vendrá la reforma a la Educación Superior. Este debate, que genera altas marcha-16-de-junio-10-millones-134expectativas en la sociedad chilena, requerirá un profundo diálogo social y una ardua discusión en el país, previo a su envío al Congreso, para darle a este proyecto la viabilidad política y la legitimidad social necesaria que permita consagrarla como una ley capaz de marcar un nuevo rumbo para la educación superior del país por las próximas décadas.

En este contexto la sociedad chilena se enfrenta a un gran desafío: la necesaria concurrencia a este diálogo de todos los sectores que han impulsado la recuperación de la educación como un derecho social, lo que resulta fundamental para construir un sistema educativo al servicio de las grandes mayorías. Los distintos planteamientos, matices y apreciaciones que se van a expresar entre los distintos sectores políticos y sociales del país dispuestos a impulsar reformas estructurales, debemos asimilarlos como insumos que enriquezcan la discusión. Pero debemos cuidar también que esta diversidad de opiniones no termine impidiendo el avance de la reforma, lo cual daría terreno para la acción de aquellos que ya han demostrado estar dispuestos a todo para que nada cambie.

Chile atraviesa por un contexto político donde las desconfianzas y la apatía parecieran hegemonizar los debates del país. En ese escenario, el gran desafío es actuar con la responsabilidad de quien hace valer la palabra empeñada en un programa de gobierno y con la convicción de que Chile puede en esta coyuntura construir un nuevo sistema educativo, desprendiéndose de una de las herencias más nocivas de la dictadura.

En definitiva, si tomamos estos tres elementos: las demandas sociales que han impulsado la reforma educacional, los avances del primer año de gobierno que empiezan a mostrar el nuevo paradigma educativo en construcción y los anuncios respecto de cómo se seguirá avanzando este año con la Reforma Educacional, podremos encauzar y enmarcar el proceso de discusión desde la perspectiva de seguir construyendo una educación que responda a las aspiraciones del país de lograr una sociedad con reales oportunidades, inclusiva y de una mayor democracia. Todo esto con las propuestas y reflexiones de los más amplios sectores de la sociedad chilena que han manifestado la voluntad de recuperar la educación como un derecho social.

*Asesor del Ministerio de Educación de Chile. Entre el 2010 y el 2012 se desempeñò como representante estudiantil en el Senado de la Universidad de Chile.


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