Profesor emérito de la Universidad de Sao Paulo, Dalmo Dallari es uno de los juristas más consultados en los últimos meses para debatir sobre los intentos de impeachment contra la Presidenta Dilma Rousseff. De hecho, dio su parecer a pedido de Flávio Caetano, coordinador jurídico de la campaña de Rousseff a la relección, sobre la posibilidad de una casación por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE). En su informe, él sustenta que esa corte no tiene poderes para impugnar su mandato. En esta entrevista con La Tercera, Dallari expone las razones de por qué, a su juicio, el proceso no va a prosperar en el Congreso, el TSE o ni en el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU).

La acción de impugnación del mandato, abierta el martes por el TSE, es uno de los cuatro procesos que Rousseff y su vicepresidente Michel Temer enfrentan en la Justicia Electoral y es considerada la más grave. ¿Por qué?

La impugnación del mandato de la Presidenta Dilma Rousseff decidida por el TSE, en realidad, tiene una importancia apenas aparente, no pasando de la mera puesta en escena política. De hecho, esta decisión espectacular no tiene valor jurídico, porque contradice frontalmente una disposición constitucional, que dice clara y expresamente en su artículo 14, párrafo 10: “El mandato electivo podrá ser impugnado ante la Justicia Electoral en el plazo de 15 días contados desde la investidura, instruida la acción con pruebas de abuso de poder económico, corrupción o fraude”. Ahora, después de la investidura de la Presidenta, ya pasaron muchos meses, mucho más de los 15 días.

Si el TSE no tiene competencia para revocar el mandato de la Presidenta, ¿qué sentido tiene entonces es este proceso?

Este proceso de pretendida casación en el TSE tiene mero efecto demagógico, de sentido político, pues la mayoría de la gente no conoce las reglas jurídicas y como la prensa hace difusión de la decisión del tribunal como si fuese jurídicamente válida, muchos quedaron impresionados por eso y pueden ponerse incluso en contra de que la Presidenta continúe ejerciendo el mandato, a pesar de la decisión fantasiosa, en realidad, del tribunal.

Usted lamentó que el juicio del TCU “sea político y no jurídico”. ¿Esto quiere decir que este impeachment no tiene futuro por carecer de argumentos legales?

Lo que se ha denominado impeachment en el lenguaje corriente es la casación del mandato de la Presidenta por la práctica del delito de responsabilidad. Ahora, la acusación de práctica del delito y su comprobación exigen, necesariamente, consideraciones y fundamentaciones de naturaleza jurídica. En el juicio del TCU no fue hecha ninguna comprobación de que la Presidenta Dilma Rousseff haya practicado un delito de responsabilidad, lo que lleva a la conclusión de que el juicio fue político, no jurídico.

Además, usted ha dicho que “la tesis del impeachment no tiene apoyo en la Constitución”. Entonces, ¿cómo la oposición apoya la idea del juicio político?

La oposición levantó la tesis del impeachment por conveniencia política, anticipando ya la disputa electoral por la sucesión de la Presidenta Dilma. Esa referencia al impeachment hecha por los políticos y los grupos opositores es una aventura política, pues ellos esperan la simple amenaza del impeachment atraiga para ellos los votos de los que hasta ahora no se conformaron con la victoria de Dilma Rousseff en las elecciones de 2014.

“La batalla ahora está en el Congreso, no la Suprema”, dijo el jefe de gabinete Jaques Wagner tras el rechazo de las cuentas por parte del TCU. ¿Usted cree que esta batalla terminará en la Justicia?

El acto final en el Legislativo es el juicio por el Congreso, o sea, por ambas Cámaras del Legislativo actuando juntas, tal como se expresa en el artículo 49 de la Constitución. Existe todavía una larga batalla a ser entablada, hasta que las cuentas sean juzgadas “por el Congreso”, o sea, por ambas Cámaras del Legislativo reunidas y no separadas.

La Tercera

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