Representantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y del Ministerio de Justicia firmaron ayer un convenio de cooperación interinstitucional para combatir la trata y tráfico de personas. Se trata de una alianza entre el Ejecutivo y la casa de estudios superiores.

Entre los objetivos del acuerdo está la capacitación permanente de funcionarios públicos de diferentes instituciones para combatir estos ilícitos, considerados entre los más lucrativos.

Docentes y expertos de la UMSA y también de otras casas de estudio de Latinoamérica compartirán sus conocimientos con policías, operadores de justicia y funcionarios en general.

El Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de la universidad estatal es una pieza clave en el cumplimiento de estos propósitos. Realiza investigaciones desde 2011 y entre sus últimos trabajos estuvo la organización del IV Congreso Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas, con sede en La Paz. A él llegaron expertos de los países vecinos e incluso víctimas con historias de novela para contar.

En este sentido, la coordinadora de ese observatorio, Irma Sangüeza, señaló que la capacitación que se dará a los funcionarios no será exclusivamente de docentes de la universidad. Tenemos conexión directa con la Universidad de Guadalajara, que ha trabajado mucho en esto, y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Estos profesionales dictarán cursos presenciales y semipresenciales”, explicó.

La formación -sostuvo Raúl España, parte del mismo observatorio- tiene el propósito de mejorar las tareas de prevención y atención a las víctimas de trata y tráfico por parte de los servidores públicos.

Otro de los objetivos que señala el convenio es el desarrollo de investigaciones sobre esta problemática para evaluar los actuales planes que tiene el Gobierno y para formular nuevos sobre la base de la observación de la realidad.

España explicó que también se trabajará en el intercambio de información y datos que permitan construir un sistema único y fiable que registre los casos de trata, tráfico y delitos conexos. En la actualidad ocurre que los datos están dispersos: la Policía tiene los suyos, la Fiscalía también, lo mismo el Órgano Judicial y las organizaciones no gubernamentales.

“Debemos tener un sistema de información de trata y tráfico, porque los datos que se tienen son dispersos. Se puede avanzar, por ejemplo, en la investigación de rutas. El INE y el Ministerio de Justicia ya elaboraron indicadores en esta materia”, dijo España.

El rector de la UMSA, Waldo Albarracín, enfatizó: “Cuán importante es que hagamos causa común para extinguir este flagelo. Estamos en esta lucha. Qué mejor si establecemos alianzas concretas con el Ministerio de Justicia y organizaciones de la población civil”.