La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que la PGR perdió evidencia como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, denunció la destrucción de evidencia, como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala, y la no preservación de otros ele mentos como la ropa encontrada en dos de los autobuses.

El Estado mexicano, además, se ha negado a que los expertos entrevisten a los militares del 27 Batallón, que tuvieron contacto con los estudiantes la noche en que desaparecieron. El argumento dice que permitir este encuentro “pondría en riesgo la legalidad de la investigación, aunque nosotros tenemos otra opinión, porque no ha puesto en riesgo la investigación las otras entrevistas con normalistas”, dijo Francisco Cox, uno de los expertos.

Desde marzo pasado, cuando el grupo inició los trabajos de investigación, solicitó entrevistar a los 26 militares del batallón, pero cinco meses después de varias condicionantes, el Estado respondió que el GIEI debería enviar por escrito el cuestionario para la diligencia y que ésta solo podrían estar presentes la autoridad ministerial y quienes desahoguen las preguntas.

La intervención del GIEI en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes el pasado 26 y 27 de septiembre obedece a un convenio de colaboración entre el Estado Mexicano y la CIDH; sin embargo, la negativa para entrevistar a militares es una muestra de la “diferencia de opinión con el gobierno y las atribuciones que tenemos en el marco legal. Tienen una interpretación distinta del convenio”, dijo Cox.

Durante la investigación, los expertos descubrieron la existencia de una cámara de vigilancia cerca del Palacio de Justicia de Iguala que habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición de los normalistas; sin embargo, “parece que tales registros videográficos fueron destruidos. Si esto se confirma, se habría perdido (evidencia) para la investigación de los hechos”.

Otra de las evidencias son 19 objetos, sobre todo ropa, encontrada en un autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala y otro en la calle Juan N. Álvarez, resguardados por la PGR y la procuraduría de Guerrero, pero sin cuidado para su preservación como prueba de los hechos.

A 11 meses de la desaparición de los estudiantes, estos objetos “estaban guardados en malas condiciones, revuelto, con humedad, contaminada”, dijo Carlos Beristain. Esta nueva evidencia deberá ser sometida a pruebas genéticas para determinar si pertenecían a los normalistas y, posteriormente, se mostraría a los familiares para que pudieran identificarla.

El GIEI dará a conocer su informe final el próximo 6 de septiembre, una vez que haya concluido su trabajo de seis meses como fue mandatado. Sin embargo, los expertos solicitaron una ampliación de su mandato que deberá ser aprobado por la CIDH y el Estado Mexicano.

Sobre el caso de Julio César Mondragón, desollado la noche del 27 de septiembre, la familia aceptó que se realice una segunda autopsia, luego de las imprecisiones en la necropsia, señaladas en los análisis de peritos independientes.

En el estudio realizado por el médico forense de la Universidad del País Vasco, Francisco Etxeberría, “muestra que en la autopsia de Julio César Mondragón no se evaluaron ciertas lesiones que aparecen el informe original y en las fotografías proporcionadas”.

Entre las cuestiones que una nueva posible autopsia debería analizar están “la causa y la valoración de las fracturas craneales, otras facturas no descritas, así como las huellas en los huesos de la cara de posibles artefactos”.

Animal Político

Dificultades en caso Ayotzinapa tras desaparición de evidencias

Crecen las dificultades en el camino para dar con los estudiantes desaparecidos en el sur de México el año pasado.

A casi un año de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, comunidad del estado mexicano de Guerrero, se suma una nuevo obstáculo en la misión de dar con su paradero.

Esta semana fue denunciada la desaparición de evidencia clave para la resolución del caso.

Prendas de vestir y objetos encontrados en el autobús abandonado cerca del Palacio Municipal de Iguala no fueron preservados de forma adecuada, y presentan signos de humedad y contaminación, lo que dificultaría el análisis de ADN en Austria para determinar si pertenecen o no a los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Además de ello, se dio a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) de México extravió los vídeos de las cámaras de seguridad en Iguala.

Cabe resaltar que una de las cámara de vigilancia se encontraba cerca del Palacio de Justicia de Iguala, la cual habría grabado la escena de la intervención policial durante la desaparición de los normalistas.

Destaca el portal del diario La Jornada que según testimonios proporcionados a un grupo de expertos, dichos videos fueron enviados a la presidencia del tribunal. Sin embargo, parece que tales registros videográficos fueron destruidos. “Si esto se confirma se habrían perdido para la investigación de los hechos. Esta cuestión debe ser investigada de inmediato por la PGR”, señaló un informe sobre el tema.

Dichas denuncias fueron presentadas en rueda de prensa por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes encabezan la investigación para dar con los normalistas desaparecidos.

Negativa a interrogatorio de militares implicados

Por otra parte, la Comisión aseguró que el Estado mexicano se ha mostrado renuente a que sean interrogados los militares del 27 Batallón, quienes mantuvieron contacto con los estudiantes antes de su desaparición, bajo el argumento de que “pondría en riesgo la legalidad de la investigación”.

En cambio, el Estado solicitó al Grupo Interdisciplinario que debe enviar por escrito el cuestionario, además de realizarlo solo ante la autoridad ministerial pertinente.

Este hecho ha resultado ilógico para diversos sectores, puesto que ya se han entrevistado a víctimas, familiares de las mismas, policías, testigos y otros agentes del Estado, sin necesidad de ser remitidos por un ente penal.

Con las condiciones establecidas por el Gobierno mexicano, la Comisión también decidió no entregar el cuestionario.

teleSur

Nuevas denuncias de padres de normalistas de Ayotzinapa

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos denunciaron que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) intentan dividir al movimiento de solidaridad, editorializa hoy el diario La Jornada.(PLRadio)

Bajo el título Ayotzinapa: justicia extraviada, aborda el editorial la desaparición forzada de los 43 estudiantes, a pocos días de cumplirse 11 meses de los hechos de Iguala, en el estado de Guerrero.

Indica que en la presentación de su quinto informe mensual de labores, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) informaron acerca de las investigaciones.

Dieron a conocer que las autoridades nacionales “les han impedido entrevistarse con los militares que estuvieron en esa ciudad guerrerense en el momento de la agresión contra los estudiantes”.

Añadieron que en el curso de la investigación desaparecieron importantes pruebas videograbadas que podían ser útiles en el esclarecimiento de este trágico suceso.

El GIEI fue creado a principios de este año por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano y los familiares de los 43 normalistas víctimas de desaparición forzada en el municipio de Iguala entre el 26 y 27 de septiembre del 2014.

Agrega el editorial que “También ayer, padres de los 43 jóvenes desaparecidos acusaron a funcionarios de la PGR de intentar dividir al movimiento de solidaridad con las víctimas”.

De igual forma “señalaron que el gobierno no ha cumplido ninguna de las 10 acciones a las que se comprometió el presidente Enrique Peña Nieto en octubre de 2014 en la única reunión que ha sostenido con ellos”.

Alude el texto al tiempo transcurrido y a que “los señalamientos de los expertos internacionales y de los familiares de las víctimas dejan en evidencia que aún no existe voluntad inequívoca de las autoridades para esclarecer lo que realmente ocurrió aquella noche”.

Así como las responsabilidades por la autoría intelectual de la agresión y el destino de los normalistas ausentes, precisa.

Subraya que hasta la fecha el gobierno expone como verdad histórica la versión presentada en noviembre del 2014 por el entonces procurador federal, Jesús Murillo Karam, de que los 43 jóvenes fueron asesinados, incinerados y arrojados a un río en Cocula.

Se refiere asimismo a la captura del expresidente municipal de Iguala y de su esposa, José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda, quienes fueron señalados originalmente por la PGR como máximos responsables intelectuales de estos hechos.

Prensa Latina


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