Bajo el título “Drogas: de la prohibición a la regulación” y organizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Torcuato Di Tella, expertos de toda América Latina desde ayer discuten sobre políticas de drogas en el continente.

“La guerra contra las drogas es una guerra contra los pobres”, dijo Julita Lemgruber, coordinadora del Centro de Estudios en Seguridad y Ciudadanía de la Universidad Candido Mendes de Río de Janeiro, Brasil. En el marco del seminario “Drogas: de la prohibición a la regulación” -que organizan el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad Torcuato Di Tella- la socióloga expuso junto a especialistas latinoamericanos sobre la selectividad del sistema penal, la estigmatización y criminalización de los consumidores y el microtráfico, las prácticas policiales y las violaciones a los derechos humanos.

Lemgruber, ex ombudsman de la Policía Militar de Río de Janeiro, encabeza la campaña “Da proibição nasce o tráfico” (“De la prohibición nace el tráfico”), que a través de diferentes estrategias de comunicación (cortos, películas, campañas en la vía pública) busca evidenciar el fracaso de la guerra contra las drogas. “En 2014 la Policía mató más de 500 personas en el Estado de Río. Ese es el resultado de la acción violenta de la policía en áreas pobres. Matan jóvenes supuestamente involucrados en el tráfico de drogas, y en el fuego cruzado todos son víctimas: chicos, mujeres”, explicó la socióloga.

En la primera jornada del seminario, la investigadora brasileña compartió el panel sobre los “Impactos de las políticas de drogas sobre los derechos humanos” con Coletta Youngers, investigadora de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS; y José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.

Las mujeres, víctimas de las políticas de drogas

La investigadora estadounidense Coletta Youngers basó su exposición en una investigación sobre mujeres privadas de su libertad en causas relacionadas al tráfico de estupefacientes a lo largo de todo el continente. La especialista aportó un dato revelador: en países como Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60 por ciento de las mujeres detenidas lo están por violación a la ley de drogas. “La mayoría no representan una amenaza para la sociedad. En general realizan tareas de bajo nivel y de alto riesgo, distribución de drogas a pequeña escala como manera de sobrevivir a la pobreza. Están entre las personas más fáciles de reemplazar en la cadena del narcotráfico. Quienes manejan el negocio se mantienen invisibles”, explicó.

En un castellano fluido, la especialista presentó el caso de dos mujeres costarricenses, mientras en las pantallas gigantes pasaban las fotografías que componen el trabajo de investigación. Una de ellas, Lidieth, de 45 años, fue condenada a 5 años y 4 meses por vender drogas en su casa. Según explicó Youngers, la mayoría de las detenidas no tienen antecedentes, son madres solteras con tres hijos o más. El negocio es una forma de combinar trabajo doméstico con una fuente de ingresos. “Venden en la casa o transportan drogas por tiempo determinado”.

“Esto destroza a familias enteras. Muchos niños quedan sin casa y van a vivir por gente que no conocen, son abusados. Los más grandes terminan en la calle, consumiendo o vendiendo. Así se perpetúa un círculo vicioso sobre pobreza y tráfico de drogas”, explicó Youngers.

El fracaso del prohibicionismo

Gastón Chillier presentó el documento “El impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos. La experiencia en el continente americano”, realizado por el CELS con la colaboración de más de 17 organismos de derechos humanos de diferentes países del continente. “El prohibicionismo, la política de guerra contra las drogas, generó en América Latina un aumento en la represión estatal”, explicó.

“El impacto en la vigencia de los derechos humanos era visto como daño colateral. El indicador era la reducción de producción de drogas y materias primas. En estos últimos años hubo algunos cambios, los derechos humanos pasaron a ocupar un lugar central”, agregó Chillier.

El documento de más de 60 páginas detalla el aumento de la militarización y la violencia en el continente, la criminalización del consumo de drogas, el debilitamiento del debido proceso y las detenciones masivas, los castigos desproporcionados (en algunos casos penas más altas para el tráfico que para los homicidios o las violaciones), el encarcelamiento masivo, las condiciones inhumanas de detención y las restricciones en el acceso a la salud, entre otros problemas.

Además, el estudio propone “nuevos enfoques ante el fracaso del prohibicionismo”: explorar respuestas no punitivas (entre ellas la regulación de los mercados), orientar la persecución estatal a las organizaciones criminales y grupos violentos, descriminalizar el consumo y el autocultivo de drogas y establecer penas proporcionales a los delitos cometidos, entre otros.

Guerra contra las drogas a la mexicana

El mexicano José Guevara detalló con cifras el fracaso de la guerra contra las drogas iniciada en 2007 con la llegada al poder del presidente Felipe Calderón. Desde ese año hubo en el país 100 mil muertos, torturas, desapariciones, violaciones, detenciones arbitrarias y el desplazamiento interno forzado de 25 mil personas, más de 80 periodistas asesinados y 17 desaparecidos. “Muchos países y líderes mundiales señalan que estas políticas de drogas han fallado: no prohibieron el acceso a drogas para uso no médico ni se redujo la comercialización”, sostuvo Guevara.

El especialista responsabilizó a las fuerzas de seguridad y militares en las violaciones a los derechos humanos. “No se trata de actos aislados. Son eventos que responden a políticas de Estado. Se evidencia por los recursos públicos empleados en la comisión de delitos, por la forma en que las instituciones niegan responsabilidades, alteran la escena del crimen y criminalizan a las víctimas a través de la prensa, por la ausencia de investigación, procesamiento y castigo”, agregó.

Un paradigma que fracasó

“Acá hablamos de un paradigma fracasado a lo largo de 50 años. Pero ese fracaso no ha implicado ningún cambio profundo en el discurso estigmatizador, discriminador, primitivista, que acompaña a ese paradigma fracasado”, dijo el titular del CELS, Horacio Verbitsky, en la apertura del seminario. Y agregó: “Cuando se percibe el escaso resultado de las políticas no se pone en revisión el paradigma que las justifica sino que se atribuye a insuficiencias de rigor, de perseverancia o de fuerza insuficiente en su aplicación. Y el fracaso lejos de conducir a la revisión del paradigma, lo fortalece”.

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