Durante los últimos dos meses, dos importantes autoridades de la Universidad de Buenos Aires presentaron su renuncia. El vicerrector, abogado Darío Richarte, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado José Luis Giusti, dejaron sus cargos en medio de denuncias y trascendidos periodísticos que los vinculan con diversas situaciones impropias de la vida universitaria. En ambos casos, apenas había transcurrido poco más de un año desde la asunción de sus cargos. Es poco lo que sabemos respecto de estas situaciones.

Según diversas publicaciones, el ex vicerrector Richarte, quien fuera segundo de la Secretaría de Inteligencia durante la gestión de Fernando de la Rúa, mantenía vínculos relevantes con miembros de esa agencia estatal, lo que pareció problemático desde su nombramiento, y más aún a partir de los sonados hechos que ocurrieron en el país durante el verano pasado. En el caso del ex decano no hay información fehaciente acerca de los motivos de su decisión; sólo circulan rumores surgidos en portales de Internet que lo vinculan con supuestos hechos de corrupción y violencia de género. Para la comunidad universitaria, se trata de situaciones de difícil asimilación.

Las autoridades de la UBA las han presentado como hechos aislados y de naturaleza personal. Para nosotros, dos renuncias de figuras de alto nivel no pueden ser interpretadas ligeramente, creemos que exigen mayor explicitación y reflexión institucional. Recientemente se ha sumado además una denuncia originada por la Procelac, que involucra a la conducción de la Facultad de Derecho en un caso de presunta administración fraudulenta de fondos.

Desde el espacio Otra UBA es Posible, que integramos, venimos denunciando hace tiempo que la gestión de nuestra universidad está atravesada por una compleja red de intereses particulares, que tienden a la reproducción de élites corporativas y que han venido alejando a los cuerpos colegiados de gobierno de los problemas cotidianos de la comunidad universitaria.

Nos preocupa el divorcio que se ha generado entre el Consejo Superior y la vida de los claustros. Si la Universidad de Buenos Aires sigue manteniendo un nivel de prestigio y calidad académica respetables es por el esfuerzo permanente de sus docentes, el compromiso y la exigencia de sus estudiantes y la tarea de sus trabajadores no docentes.

Es en este contexto de vastísima tradición universitaria donde conviven quienes estudian y trabajan en las aulas, los laboratorios, los hospitales, los colegios, los institutos y las oficinas. Pero también donde se padece la falta de un proyecto universitario, la lejanía de los centros de decisión y la ausencia de transparencia en los procesos administrativos, presupuestarios y académicos. No sólo nos preocupan las renuncias, que hoy son sin duda alguna uno de los síntomas de la crisis que vive nuestra universidad.

La continua aprobación en el Consejo Superior de proyectos de importancia sin tiempo de presentación previa para su estudio y consideración, las decisiones estratégicas que se toman sin discusión en el órgano de gobierno institucional o el escaso interés en recurrir al propio conocimiento que posee la universidad como su bien más valioso para tratar los problemas y conflictos universitarios, resultan para nosotros tanto o más inquietantes.

Ejemplo del primer tipo fue el tratamiento del presupuesto anual, cuyo proyecto se presentó un miércoles en comisión, sin vista previa (al menos para quienes no somos oficialistas), pero con exigencia de ser despachado favorablemente por razones de urgencia, y que resultó aprobado definitivamente apenas una semana después en la sesión plenaria. Con la consideración agregada de que el proyecto (y por ende la resolución finalmente adoptada) carecieron del desglose necesario para una comprensión cabal del gasto proyectado y de que la queja de las facultades que se sintieron perjudicadas por la distribución fue descartada sin más.

Del segundo tipo puede citarse el conjunto de reformas que se están implementando en el CBC, sin que el Consejo Superior haya podido debatir integralmente el sentido de los cambios y sin que las personas afectadas hayan tenido instancia de dar su parecer. Del tercer tipo cabe mencionar el tratamiento del conflicto reciente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, para el que propusimos convocar a nuestras/os especialistas en educación media, lo que no fue siquiera considerado.

Hace tiempo ya que distintos sectores de nuestra universidad vienen pidiendo una democratización de la institución. No obstante, ese reclamo parece siempre reducirse a la representación en los órganos de gobierno y a las condiciones de ciudadanía universitaria. Se trata, a nuestro juicio, de cuestiones de gran importancia que deben ser encaradas sin postergación. Pero la democratización de la que hablamos exige un campo más amplio. Requiere de políticas de transparencia en la toma de decisiones, en el debate de los grandes temas, en los concursos, en el uso y distribución de los recursos disponibles, en los modos de su generación y en todo lo que hace al gobierno y la administración.

El tiempo que vive la UBA exige una gran convocatoria institucional abierta a todos los sectores que la integramos. Se trata de debatir el presente y construir el futuro entre todas y todos quienes nos sentimos identificados con ella.

Estamos convencidos de la necesidad de una reforma estatutaria que nos permita pensar y construir una universidad para el país del siglo XXI; el estatuto actual tiene casi sesenta años y corresponde a una universidad, un país y un mundo completamente diferentes. Pero también creemos que, aun con las reglas de este estatuto, una universidad más democrática de la que hoy tenemos es enteramente posible.

El Bicentenario de la Independencia, el año próximo, el centenario de la Reforma Universitaria, en 2018, y el bicentenario de la creación de la universidad en 2021 son hitos históricos que debieran obligarnos a fijar objetivos para transformar la Universidad de Buenos Aires. Tareas tales exigen desde hoy mismo la voluntad de sacarla del laberinto sin salida en el que parece encontrarse.

* Consejero superior por la minoría de profesores. También firman Flavia Bonomo, consejera superior suplente por la minoría de profesores; Javier Bráncoli, consejero superior titular por la minoría de graduados, y Alejandro Nadra, consejero superior suplente por la minoría de graduados.

Página12

Crisis, renuncias y denuncias en la UBA

A un año y medio de haber sido elegido con amplia mayoría, el rectorado de Alberto Barbieri entró en una repentina crisis de múltiples aristas, centrada en el bloque de radicales y aliados que controla la UBA, en particular en dos de sus bastiones: las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas –de la última proviene, justamente, Barbieri–. Primero fue la renuncia del vicerrector Darío Richarte, profesor de Derecho, de alguna manera alcanzado por los coletazos del caso Nisman, por su paso por la SIDE durante el gobierno de la Alianza y por la actuación de su estudio de abogados.

Después siguió la sorpresiva renuncia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Giusti: formado al igual que Richarte en la cantera de Franja Morada en los ’90, ahijado también del shuberoffismo, dejó el decanato al que siempre había aspirado tras apenas un año de gestión, envuelto en un escandaloso juicio de divorcio que, según trascendió, incluye acusaciones de su ex esposa por violencia doméstica y propiedades no declaradas. La tercera –y por ahora última– pata de la crisis en el gobierno de la UBA se posó en Derecho, donde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dio curso a una denuncia contra las autoridades académicas por los presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes del funcionario público. La causa ya está en manos del Juzgado Federal Nº 9, a cargo de Luis Rodríguez.

Derecho

La decana de Derecho, Mónica Pinto, fue denunciada junto a otras autoridades de esa facultad por “administración infiel en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La denuncia, que también alcanza al vicedecano Alberto Bueres; al secretario de Administración, Carlos Bedini; al secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar Zoppi, y al subsecretario académico, Lucas Bettendorff, fue formulada por un particular –la abogada Florencia Sarso– y judicializada por la Procelac. La causa fue presentada ante la Fiscalía Federal Nº 5 de la Capital Federal, a cargo de Leonel Gómez Barbella. El foco de la denuncia son los convenios de asistencia técnica y capacitación ofrecidos por la facultad y el destino de unos 140 millones de pesos dispuestos para contratos dentro de esos convenios.

El fiscal Gómez Barbella indicó que de la denuncia surgen “gravísimas irregularidades” que “colocan bajo un velo de sospecha a las autoridades universitarias por cuanto podrían, en forma directa o a través de testaferros, haber utilizado los caudales públicos en cuestión en beneficio propio”. Además, precisó que según lo que se desprende del documento presentado “las autoridades de la facultad distribuirían las cuantiosas sumas de dinero entre personas de su entorno, que se encuentran vinculadas y/o que son seleccionadas, en base a criterios poco transparentes como pueden llegar a ser afinidades políticas, familiares y/o amiguismos”.

Con el respaldo del radicalismo y el socialismo universitarios, entre otros sectores que representan la fuerzas mayoritarias en los claustros de Derecho, Pinto comenzó su gestión como decana en 2010 y fue reelecta en 2013. Cerca de las autoridades de la facultad califican a la denuncia como una “operación” orientada a desgastar sus apoyos de cara a las próximas elecciones de graduados, que se llevarán a cabo el 2, 3 y 4 de junio.

Ante la consulta de este diario, desde Derecho informaron que “desconocen el contenido y el origen de la denuncia mencionada”, de la que aún no fueron notificados formalmente, y que tomaron conocimiento de su existencia a través de un cable de la agencia de noticias Télam. Asimismo, manifestaron que toda información que sea requerida será puesta a disposición de la Justicia y que se encuentran disponibles los informes completos de gestión desde el año 2010 al 2014 en la página web de la facultad.

Antes de la denuncia contra sus máximas autoridades, Derecho había sido sacudida por la renuncia al vicerrectorado de la UBA de uno de los hombres fuertes del radicalismo en esa facultad: el profesor Darío Richarte. El 18 de marzo, luego de una larga campaña de destitución impulsada por sectores estudiantiles de izquierda, Richarte –ex dirigente de Franja Morada y secretario general de la UBA durante la gestión de Oscar Shuberoff– hizo pública su renuncia.

El ex vicerrector fue cuestionado desde el primer día en su cargo por la comunidad estudiantil por sus vínculos con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de la que fue segundo jefe durante el gobierno de la Alianza, y también por el papel de su estudio de abogados como defensor de políticos acusados de delitos de corrupción. Si bien la campaña contra Richarte encabezada por la FUBA nunca mermó, luego de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero pasado, sus vinculaciones con la ex SIDE y su ex jefe de Operaciones Antonio Stiuso le infundieron nuevos hálitos, lo que determinó un pedido de licencia primero y su renuncia formal unos días después.

Económicas

Un mes después de la salida de Richarte, el entonces decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el radical macrista José Luis Giusti, presentó su renuncia por motivos “estrictamente personales” y “ajenos a la función pública”. Desde las agrupaciones estudiantiles opositoras vincularon su decisión con una serie de denuncias que salieron a la luz en el marco de un conflictivo proceso de divorcio. Giusti, que fue dirigente estudiantil de Franja Morada y desde ese lugar llegó a integrar el gabinete del entonces rector Shuberoff, fue denunciado por su ex esposa por violencia doméstica y además se lo acusa de poseer costosas propiedades no declaradas y una presunta vinculación con la droguería que provee tanto al Hospital de Clínicas como al Hospital Roffo, ambos dependientes de la UBA.

Desde la FUBA también cargaron contra otro de los hijos de la militancia radical en los ’90: el actual secretario de Hacienda de la UBA, Emiliano Yacobitti, presidente del comité de la UCR Capital y un hombre de peso en la política universitaria, donde conduce la agrupación Nuevo Espacio, la nueva cara que adoptó Franja Morada en Económicas y fuerza mayoritaria en esa facultad.

En base a esta serie de renuncias y denuncias, estudiantes universitarios de distintas agrupaciones políticas –que incluye tanto a sectores de izquierda como al peronismo K de Unidos y Organizados– marcharon la semana pasada hasta la sede del Rectorado de la UBA para exigir que se conforme “una comisión investigadora que evalúe las denuncias de corrupción en la universidad”, propuesta que fue desestimada por el Consejo Superior.

En ese sentido, el rector Alberto Barbieri salió en defensa de sus funcionarios y remarcó que “no existe denuncia alguna contra Darío Richarte, José Luis Giusti y Emiliano Yacobitti en lo que se refiere a la universidad como ámbito de trabajo”, y agregó: “Si bien desconocemos lo que ocurre en su esfera privada, el resto son sólo conjeturas que apuntan a difamar, a desinformar y a tratar de instalar un escenario de crisis que hoy la UBA no vive”.

Informe: Delfina Torres Cabreros.

Página12


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