En las Américas se siembra 80 por ciento de cultivos transgénicos globales. Pero OGM son objeto de controversias judiciales y debates científicos a favor y en contra. Urge estudiar más los impactos sociales, ambientales y en salud, y entender la percepción pública.

Desde hace veinte años, América Latina siembra cultivos transgénicos. Sumados Brasil (42,2 millones de hectáreas), Argentina (24,3), Paraguay (3,9) y Uruguay (1,6), llegan a igualar la superficie sembrada por EE.UU (73,1), principal productor mundial.

En conjunto, todas las Américas reúnen el 80 por ciento de la superficie mundial sembrada con organismos genéticamente modificados (OGM), según un informe de International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications (ISAAA).

Pero no solo se trata de sumar hectáreas sembradas y nuevos récords. Los transgénicos vienen envueltos en agudos debates.

La polémica, con acusaciones mutuas a favor o en contra, se profundizó desde 1996, cuando mediante distintas normas y regulaciones, comenzaron a aprobarse en cascada distintos cultivos transgénicos (Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala, Honduras, Cuba).

Además, en varios países existen demandas judiciales en distintas instancias por daños al medio ambiente y casos de cáncer, de los que son acusados los agroquímicos usados para eliminar malezas.

Glifosato en la mira

Uno de los ojos de la tormenta es el glifosato, herbicida clasificado como disruptor o interruptor endocrino [1], citotóxico [2] y potencialmente cancerígeno por los linfomas que puede producir [3].

No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque lo coloca en una lista de riesgo, luego de recoger diversos estudios durante una década en Canadá, Estados Unidos y Suecia, habla de “limitada evidencia” [4].

También en Argentina, donde la aceptación de OGM fue menos polémica en los años 1990, los numerosos movimientos sociales antitransgénicos empiezan a tener masa crítica y a generar más eco judicial. Así, un juzgado federal de primera instancia declaró admisible (junio 2015) una demanda colectiva ambiental contra el estado nacional y empresas internacionales por daños a la salud y el ambiente.

Y otra causa del mismo orden espera resolución de la Corte Suprema de Justicia. Además, algunos municipios decidieron prohibir el glifosato, si bien se trata de localidades con poca tradición agraria, como Lago Puelo, Cholila y Epuyén (en la patagónica Chubut).

Polémica científica

Pero también en la comunidad científica la falta de consenso es evidente.

“No hay ninguna relación causa-efecto entre el glifosato y las malformaciones (congénitas y adquiridas)”, dice la investigadora Gabriela Levitus, de Argenbio (Argentina). “Si se prohíbe en los lugares donde hay cáncer los problemas continuarán porque son otras las causas”, agrega.

Levitus sí reconoce posibles impactos ambientales como consecuencia del monocultivo, “pero es algo independiente de los transgénicos y tiene que ver con las prácticas agropecuarias”, aclara.

Por otro lado, Rubens Nodari, investigador de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y coordinador de un grupo de investigación de los efectos de los OGM en la biodiversidad, replica: “Hay muchos reportes que marcan reacciones del sistema inmunológico a las toxinas del glifosato”.

Agrega que las grandes empresas internacionales que los producen y venden ya analizan estrategias alternativas para controlar las malezas que el glifosato combate, por la posibilidad de que se le prohíba.

El investigador Claudio Martínez, de la Universidad de la República (Uruguay), piensa que la exigencia de etiquetado debería extenderse a todo el país.

Martínez formaba parte del equipo que investigaba la seguridad de los transgénicos pero su grupo renunció. “Nos hacían analizar sólo la planta y no el paquete tecnológico que viene con uso masivo de herbicidas y agrotóxicos. Y lo que hacíamos no era vinculante, la decisión política de autorizarlos igual se tomaba. Por eso renunciamos”, dijo.

Distinto es el caso de Crisanta Rodas, de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, quien recuerda que los agroquímicos son necesarios también para la producción convencional. Lo importante es hacer las pruebas y mantener opciones genéticas de todo tipo, señala.

“Los biólogos moleculares muestran que los OGM son estables y que las pruebas en el campo son buenas. Aquí se han hecho doscientos ensayos”, dice y agrega que los informes que hablan de una relación con casos de cáncer no le parecen metodológicamente bien hechos.

Los países andinos

Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia (que tiene aprobada soja transgénica desde antes de la llegada al gobierno del presidente Evo Morales en 2006), conforman un eje de oposición a los transgénicos, o al menos de expectación.

El caso peruano incluye una moratoria por la cual hasta diciembre de 2021 no se permitirá ningún cultivo genéticamente modificado, para hacer los estudios de bioseguridad pertinentes.

Según David Eduardo Castro Garro, especialista en biotecnología moderna del Ministerio del Ambiente del Perú, los plazos son correctos. “No es que se prohíbe y no se hace nada. La ley es un marco jurídico y hay reglamentos para redactar en este tiempo, con participación de muchas instituciones. Nuestra intención es liberarlos quizás en algunos lugares, pero proteger la biodiversidad por ejemplo de nuestro maíz”, explica.

Pero para su compatriota William Roca, presidente de REDBIO y científico emérito del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), “la regulación ha resultado altamente costosa, decenas de veces mayor que el costo de la generación de los mismos productos. Consecuentemente, nos quedamos sin herramientas de tecnologías en la lucha contra el hambre y la desnutrición”, indica.

Scidev.net


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