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Congreso Latinoamericano de Salud Mental reclamó la implementación de la ley

Veinte provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 7 países de la región, todos participantes del “I Congreso Latinoamericano de Salud Mental”, realizado en Salta entre el 3 y el 5 de septiembre, declararon su “repudio y rechazo a todo intento o acción dirigida a desvirtuar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26657 en todo el territorio nacional y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Agregaron, además, que la Ley Nacional de Salud Mental, significa “un avance en materia de derechos humanos” y que “es reconocida como de vanguardia en América Latina”.

El repudio fue adherido por todos los países y provincias que participaron del Congreso. A nivel regional, firmaron Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile y a nivel provincial por Catamarca, Salta, Córdoba, Buenos Aires, Misiones, CABA, Corrientes, Formosa, La Pampa, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, Santa Cruz, Río Negro, San Luis, La Rioja, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos y Santa Fe.

Asimismo, las provincias y los países de la región coincidieron en que: la región latinoamericana, “requiere de aunar esfuerzos por la problemática en común del sufrimiento psíquico y la plena vigencia de los derechos humanos”.

Infojus

Denuncian que la Ciudad “obstaculiza” los controles en centros de salud mental

El Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) denunció que, a través de una medida cautelar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “se propone impedir que este cuerpo cumpla con su cometido”, que es garantizar la vigencia de los derechos humanos de las personas con padecimientos mentales en el ámbito de la Ciudad.

El ORN es un organismo de protección, promoción y monitoreo de los derechos humanos que fue creado por la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 sancionada en 2010.

Como tal, el organismo tiene capacidad para actuar en todo el territorio nacional y su Plenario está formado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Ministerio Público de la Defensa.

También forman parte asociaciones de familiares de usuarios del sistema de salud (Red FUV), de profesionales y trabajadores de la salud (Asociación Argentina de Salud Mental), y de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los Derechos Humanos (CELS).

“La acción judicial interpuesta por el Gobierno de la Ciudad se propone impedir el funcionamiento del ORN en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al poner en cuestión los resultados de los monitoreos realizados durante 2014 en los hospitales José T. Borda y Braulio Moyano procurando así, obturar el camino hacia la desmanicomialización”, aseguró el ORN a través de un comunicado.

Además, aseguran que esta medida “busca dejar sin efecto dos recomendaciones emitidas por el Órgano de Revisión”, tales como la de “investigar las muertes ocurridas en las instituciones de salud mental del país” y la “prohibición de la aplicación de electroshock”.

Según el texto, “los monitoreos realizados en los hospitales Borda y Moyano dan cuenta de serias irregularidades”, entre las que se pude mencionar “internacionales de larga data, vulneración del derecho a la intimidad, falta de dispositivos y apoyos que posibiliten la inclusión comunitaria, y déficit de infraestructura y de recursos humanos”.

“El intento por desconocer las funciones y los alcances del ORN por parte del gobierno porteño afecta directamente el desempeño sin restricciones que, por ley, posee el organismo e implica la postergación del pleno ejercicio de los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires”, concluyeron.

Infojus

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