Por considerar que “el apresurado” proceso de designación no garantiza “condiciones de legalidad, oportunidad y transparencia”  y por ende atenta contra “el principio democrático de la legitimidad de origen”, la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y 27 organizaciones venezolanas de Derechos Humanos rechazaron que la saliente Asamblea Nacional pretenda designar a 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras recordar que las vacantes abiertas en el máximo juzgado han podido ser producto de las presiones que recibieron los 13 magistrados que decidieron anticipar su retiro un año, la instancia presidida por Eugenio Hernández-Bretón sentenció que “una elección apresurada de magistrados, cuando los períodos de los que deben sustituir no se encuentran vencidos, realizada por una mayoría transitoria de diputados con sus períodos a punto de fenecer, realizada mediante un procedimiento que no garantice ‘una selección y elección pública, objetiva, transparente e imparcial de los candidatos’, sería violatoria del orden constitucional”.

“Es deber de los integrantes de la actual Asamblea Nacional respetar la voluntad expresada en la elección legislativa del día 6 de diciembre”, apuntaron los académicos en su escrito.

La instancia asesora del Parlamento puso en duda que los actuales diputados tengan tiempo para nombrar a los funcionarios, a menos si se cumplen los lapsos previstos en la Ley Orgánica del TSJ, por cuanto a partir del martes se abrió el lapso de 15 días para impugnar a los 387 candidatos, luego los objetados tienen unos días para responder y posteriormente el Consejo Moral Republicano debe realizar otra elección, con lo cual los lapsos se prolongan hasta más allá de enero.

En similares términos se pronunciaron representantes de 27 organizaciones venezolanas de Derechos Humanos, los cuales condenaron que la saliente mayoría oficialista insista en “no tomar en cuenta a la sociedad civil ni a la pluralidad de tendencias políticas presentes en el país” y que promueva “discrecionalmente a magistrados escogidos por un determinado sector político”.

Los activistas reclamaron que sea el nuevo Parlamento el que haga la designación, cumpliendo lo dispuesto en la Constitución y la ley, y que el Comité de Postulaciones represente a los “distintos sectores de la sociedad” y no que la mayoría de sus integrantes sean diputados como hasta ahora.

Llaman a la región a actuar

Human Rigths Watch también alzó su voz contra las intenciones del oficialismo y llamó a los líderes de la región a interceder para que las autoridades venezolanas den marcha atrás.

“Venezuela puede comenzar a revertir más de una década de autoritarismo restableciendo la independencia del Tribunal Supremo”, señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de la agrupación, quien no obstante alertó que “esta oportunidad de restituirle al Tribunal Supremo su función de control del Poder Ejecutivo y garante de derechos fundamentales será desperdiciada si Diosdado Cabello consigue copar políticamente una vez más el tribunal con adeptos”.

Vivanco expresó su preocupación porque un eventual nuevo TSJ lleno de simpatizantes del oficialismo intente frenar cualquier cambio que impulse la nueva AN, porque “esto podría provocar una profunda crisis constitucional que contribuirá a socavar más aún el Estado de Derecho en Venezuela”.

Por último, las organizaciones venezolanas reclamaron que se investigue las circunstancias en las que los 13 magistrados en octubre pasado pidieron su jubilación anticipada.

El Universal

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