El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dijo el viernes pasado que en México no se ha dado a plenitud la transición del modelo maquilador –iniciado en el país en los años 60– hacia un proceso de industrialización de valor agregado, como ha ocurrido en otras naciones del mundo. Si bien hoy 85 por ciento de las exportaciones son industriales (y hace 30 años ese porcentaje correspondía al petróleo), las industrias exportadoras siguen teniendo en su mayoría un contenido de insumos importados, reconoció el funcionario. Lo anterior significa que en nuestro país tenemos grandes vestigios de una economía arcaica. Este es, en mi opinión, uno de los más grandes problemas nacionales.

La explicación de lo anterior puede verse en la siguiente imagen: el paso hacia una economía basada en la creación de valor agregado requiere de la inversión en ciencia y tecnología. En los naciones más desarrolladas las empresas aportan aproximadamente 75 por ciento de esta inversión, mientras en México sólo significan 25 por ciento. Desde hace 45 años (cuando se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) uno de los objetivos centrales de las políticas públicas ha sido alentar la mayor presencia del sector privado. Se han creado numerosos programas de estímulo y subsidios, pero se ha avanzado muy poco y muy lentamente.

Salvo excepciones, la mayor parte de la investigación científica y tecnológica en nuestro país se realiza en las instituciones públicas, por ejemplo, las universidades, los Centros Públicos de Investigación, los Institutos Nacionales de Salud y algunos sectores paraestatales, pero las experiencias de vinculación con los sectores industriales han sido escasas, en buena medida por la carencia de estructuras especializadas para propiciar la comunicación entre los dos sectores y por obstáculos legales para que los investigadores puedan beneficiarse de esas alianzas.

El pasado martes 24 de noviembre, luego de un largo proceso legislativo, se aprobaron en la Cámara de Diputados las reformas a las leyes de Ciencia y Tecnología y de Responsabilidades de los Servidores Públicos por las cuales todas las instituciones públicas que realizan actividades de investigación podrán contar con unidades de vinculación y transferencia de tecnología hacia los sectores público y privado y formar con ellos asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes de innovación.

Se eliminaron además los obstáculos para que los investigadores, por su condición de servidores públicos, participen en proyectos de investigación con terceros, en la transferencia de conocimientos, licenciamientos, como socios accionistas de empresas de base tecnológica y colaboradores o beneficiarios en actividades con fines de lucro. En la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial, y de acuerdo con las disposiciones de cada institución, los investigadores, académicos y personal especializado podrían obtener hasta 70 por ciento de las regalías que se generen.

Lo que aprobaron los diputados de la recientemente instalada 63 Legislatura tuvo una votación que tiene pocos precedentes en la historia legislativa. Con una asistencia de 432 diputados, 431 de los sufragios fueron en favor y no hubo un solo voto en contra ni abstenciones. Desde luego hubo un trabajo previo de varios años, en el cual participaron las Comisiones de Ciencia del Senado y de la Cámara de Diputados desde la legislatura anterior. Pero el mensaje es muy claro: el Poder Legislativo quiere erradicar los obstáculos que impiden la vinculación entre academia y empresas.

En mi opinión, las reformas son un acierto, pero son un experimento, pues todavía estamos lejos de poder afirmar que con estos cambios quede resuelto el principal problema estructural de la economía mexicana.

Falta observar cómo reaccionan los sectores involucrados. Las instituciones públicas que realizan investigación tienen un plazo de 180 días para ajustar su normativa interna. Entonces vamos a tener un resultado heterogéneo, pues algunas serán más flexibles que otras a la hora de definir los beneficios para ellas y para sus investigadores. Las que quieran quedarse con la mayor tajada del pastel van a entorpecer el logro de las metas que se buscan.

También es una incógnita cómo van a reaccionar las empresas, pues muchas se encuentran en una zona de gran confort bajo el cobijo del modelo económico arcaico que describió el doctor Videgaray.

La Jornada

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