Especial Nodal Universidad: 43 en la sombra

A un año de la cruenta noche del 26 de septiembre en Iguala, estado mexicano de Guerrero, donde 43 estudiantes normalistas desaparecieron luego de ser atacados por la policía, Nodal Universidad reproduce en este especial las últimas novedades de un caso que permanece impune, así como diversos análisis, material audiovisual y los principales documentos que permiten armar algunas de las piezas de un rompecabezas atravesado de versiones cruzadas.

Esa noche, y durante la madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías federales y municipales de Iguala persiguieron y atacaron a decenas de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que se dirigían, en autobuses “prestados”, al Distrito Federal a conmemorar los 46 años de la masacre de estudiantes desarmados de Tlatelolco, en 1968.

Durante la represión, las fuerzas de seguridad mataron a 6 personas, hirieron a 25, mientras que 43 estudiantes fueron objeto de desaparición forzada. Hasta ahora, y con exactitud, sólo se pudo identificar los restos de un estudiante.

 

Amnistía Internacional – Fecha a fecha: Desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa

 

Piden académicos esclarecer “inconsistencias y engaños” en investigación de Ayotzinapa

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Académicos de 16 instituciones educativas demandaron a las autoridades mexicanas esclarecer las inconsistencias en la investigación sobre el caso Ayotzinapa que develó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en su informe final.

La exigencia la hicieron mediante una carta pública dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, a la procuradora, Arely Gómez, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como al Congreso de la Unión, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía de Guerrero.

Los investigadores pertenecientes a instituciones como el ITAM, la Universidad Iberoamericana y el CIDE, aseguran que el informe que presentó el GIEI exhibe diversas inconsistencias y engaños contenidos en la investigación de la PGR, aunque sin mencionar cuáles son, informó Reforma.

“Exigimos (a las autoridades) se esclarezcan todas las inconsistencias y engaños contenidos en la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República”, señala la siguiente carta:

Académicos respalda a Grupo Interdisciplinar de Expertos
 
Académicos(as) de diversas instituciones de educación superior en México, exigimos respaldo incondicional al Grupo Interdisciplinar de Expertos(as) Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Ayotzinapa: Investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa (Informe).
Al Presidente de la República,
Al Secretario de Gobernación,
A la Secretaría de Relaciones Exteriores,
A la Procuradora General de la República,
A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
Al Secretario de la Defensa Nacional,
A la Cámara de Senadores(as),
A la Cámara de Diputados(as),
A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero
El 6 de septiembre de 2015, el GIEI presentó su Informe después de seis meses de actividades. En él, se informó a las víctimas de los hechos y sociedad en general, las diversas inconsistencias y engaños contenidos en la investigación penal contra las personas responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Reprobamos la actitud de las autoridades de procuración de justicia federal y del estado de Guerrero por la creación una historia revictimizante, y su insistencia de reconocerla como la verdad histórica. El Estado mexicano debe cumplir con las recomendaciones del informe, e investigar a las y los servidores públicos que obstruyeron la justicia.
Resulta una ofensa para las víctimas y la sociedad en general, que a un día de la presentación del Informe del GIEI, servidores públicos del más alto nivel en la Procuraduría General de la República se pronuncien en contra del mismo. El Estado mexicano debe refrendar su compromiso con las víctimas y el respaldo al GIEI, con la inmediata destitución de servidores públicos que continuarán obstaculizando la acción de la justicia.
Suscribimos todos y cada uno de los planteamientos realizados por los familiares de las víctimas de los 43 estudiantes normalistas desaparecidas, de las más de 250 organizaciones de la sociedad civil, del Consejo Ciudadano para la Implementación de los Derechos Humanos, del Sistema Universitario Jesuita, y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El mandato del GIEI se amplió por un par de meses, sin embargo, la magnitud del trabajo que realizan, debe considerar un plazo indefinido, hasta el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, el Estado mexicano, a través de TODAS su autoridades, deben respaldar públicamente al GIEI, quienes gozan de una alta calidad moral, amplio conocimiento materia de derechos humanos y experiencias en hechos de igual o mayor magnitud de violaciones de derechos humanos ocurridas en países como Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y Guatemala.
Por lo anterior, los abajo firmantes les exigimos:
El cumplimiento de las recomendaciones del GIEI contenidas en el Informe.
Se esclarezcan todas las inconsistencias y engaños contenidos en la investigación ministerial de la Procuraduría General de la República.
Se individualice la responsabilidad penal individual de quienes actuaron con dolo, mala fe o negligencia, para obstruir la persecución penal de las ejecuciones arbitrarias, tortura y desaparición ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
La ampliación por tiempo indefinido, del Acuerdo de Cooperación del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y fortalecimiento de su mandato, y de recursos humanos y materiales indispensables para su labor.
El acceso a toda la documentación, personas e instituciones públicas como privadas, vinculadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, incluida las entrevistas de manera libre y personal con elementos del ejército mexicano, policías federales, agentes ministeriales federales y estatales, así como de acceso a instalaciones militares.
La participación de GIEI en todas las actuaciones ministeriales que se realicen, y su conformidad con la elección de peritos(as) independientes, así como, su presencia en la ejecución de las periciales correspondientes.
No criminalizar las manifestaciones públicas que se realicen, las cuales derivan de la ineficiencia e ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para garantizar un acceso a la justicia.

8 claves del reporte sobre Ayotzinapa hecho por especialistas de la CIDH

pad2-440x293Las conclusiones presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa abrieron nuevas interrogantes y dieron un giro este domingo al relato sobre el ataque ocurrido hace un año en Iguala, Guerrero.

A continuación te presentamos ocho puntos clave del reporte que elaboraron durante 6 meses los especialistas convocados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al que respondió el propio presidente Enrique Peña Nieto, solicitando que se tome en cuenta para la investigación:

1.- Sin “verdad histórica”

El grupo interdisciplinario descartó la versión de la quema de 43 normalistas en el basurero de Cocula, misma que en enero pasado quien era procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, dio como una “verdad histórica” a partir de las declaraciones de detenidos.

Los especialistas recurrieron a un peritaje independiente del doctor José Torero, quien visitó el basurero el 13 de julio pasado, y no encontró evidencia de un incendio que tuviera las dimensiones mínimas requeridas para la cremación masiva.

El análisis de Torero también estableció que no hay evidencia de que existiera la carga combustible necesaria para quemar los cuerpos.

2.- Nueve momentos y 3 horas de ataque

La noche entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, ocurrieron nueve momentos de ataque con disparos y golpizas en sitios distintos durante 3 horas, en los que estuvieron involucrados “policías de Iguala y Cocula y otros agresores”, indica el GIEI.

Se registraron 6 ejecuciones extrajudiciales (incluyendo la del normalista Julio César Mondragón, “con claras señas de haber sido torturado”), y más de 40 personas resultaron heridas. Entre ellas el normalista Aldo Gutiérrez, que está en coma desde entonces.

Aunado a ello 43 normalistas fueron detenidos y “desaparecidos forzosamente”.

Si se suma a los familiares de las personas atacadas, apunta el GIEI, en el caso se contabilizan al menos 700 víctimas.

3.- ¿Qué hicieron policías federales y el Ejército?

Tanto la policía estatal, como la Policía Federal y el Ejército tuvieron conocimiento de la llegada de los normalistas a Iguala, dieron seguimiento a sus acciones con el sistema C-4, los tenían identificados como estudiantes de Ayotzinapa y tuvieron presencia en los momentos de los ataques, pero no les brindaron protección, según el GIEI.

Ante esa situación, el grupo recomienda al gobierno mexicano investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a Derecho, e investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso.

4.- Se descarta ataque a evento de Pineda

Los normalistas no iban armados, ni boicotearon ningún acto político, ni atacaron a la población, indica el GIEI respecto a las versiones de que los normalistas de Ayotzinapa querían boicotear un informe de María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca.

De hecho, cuando los estudiantes pasaron por la zona del evento, ya había terminado.

5.- El quinto autobús

El Grupo pide en su reporte que el gobierno mexicano investigue “como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas” el móvil del traslado de drogas.

Esa solicitud parte de que en los hechos 26 y 27 de septiembre estuvo involucrado un quinto autobús (Estrella Roja) tomado por los normalistas,  pues el GIEI plantea como hipótesis que el ataque contra los normalistas, pudiera ser que hubieran tomado un autobús en el que trasladaban droga o dinero escondido en su interior.

Sobre el autobús, los expertos han registrado “contradicciones graves” y omisiones respecto a lo ocurrido con ese vehículo, que se resume en lo siguiente:

La primera, que la PGR no registró en su expediente inicial sobre el caso ese quinto autobús, aunque los normalistas sobrevivientes informaran sobre él.

En segundo lugar, que se tomara declaración al chofer sin que el GIEI pudiera estar presente, y que cuando el grupo pidió una inspección de los autobuses afectados, se presentara un vehículo Estrella Roja 3278, cuyas características no coinciden con las descritas por los normalistas.

Incluso un peritaje con fotografías y videos mostró las inconsistencias.

Otro punto es que “dicho autobús fue el único que no fue atacado violentamente esa noche (lo fueron los Costa Line 2012 y 25 10, los Estrella de Oro 1531 y 1568 y el autobús, Castro-Tours de Los Avispones)”.

Ante esas circunstancias, las contradicciones en las declaraciones del chofer respecto a su ruta y el hecho de que Iguala sea “un lugar de tráfico de heroína muy importante”, es que el GIEI plantea como hipótesis que el ataque contra los normalistas  fue para recuperar ese autobús tomado por los normalistas.

“La acción de tomar autobuses por parte de los normalistas, a pesar de que tenía otros objetivos, como era obtener transporte para que los normalistas provenientes de diferentes escuelas normales pudieran participar en la marcha del 2 de octubre, podría haberse cruzado con dicha existencia de drogas ilícitas (o dinero) en uno de los autobuses, específicamente en ese autobús, Estrella Roja”, indica el reporte de los especialistas.

Esa hipótesis, según el GIEI, “hasta el momento es la más consistente con la violencia desatada contra los normalistas, y posteriormente contra el equipo de fútbol de Los Avispones y otras personas, confundidas con ellos”.

Los ataques, apuntaron los especialistas, muestran que el objetivo de la acción estuvo dirigido a no dejar salir los autobuses del municipio.

“El negocio (de drogas) que se mueve en la Ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.

6.- Cuatro versiones

Los especialistas detallaron que los detenidos por el caso han dado cuatro versiones distintas sobre el motivo del ataque contra los normalistas en Iguala, y el lugar donde los llevaron.

La primera versión narra que “el destino final” de los estudiantes fue la “colonia Pueblo Viejo”; la segunda, que los mataron en la “casa de seguridad de las Lomas”; la tercera, que Guerreros Unidos los mató y “realizó una quema total de los cuerpos” en el basurero de Cocula, y la cuarta va en el sentido de que criminales de los Rojos se infiltraron en los autobuses de los normalistas (para “matar a los hermanos Benítez Palacios”, dueños del auto lavado Los Peques), y que a 17 los quemaron  y tiraron sus cenizas en el río de Cocula.

Los especialistas refieren que esas versiones son totalmente diferentes entre sí, y que tienen numerosas incongruencias y “contradicciones con los elementos de realidad probados”.

7.- Acción coordinada

“La necesidad operativa de coordinación entre fuerzas de dos cuerpos policiales municipales diferentes (Iguala y Cocula), y al menos 18 patrullas municipales y una de protección civil que intervinieron esa noche señalan la necesidad de un nivel de coordinación central que dio las órdenes”, apunta el GIEI.

En ese sentido, según el testimonio de un testigo protegido, uno de los chóferes de autobuses que sobrevivió “señala que fue llevado a una casa de seguridad en el centro de Iguala, y presentado ante un hombre que dirigía el operativo o bien tomaba decisiones sobre las acciones a realizar con detenidos”.

Cuando se dieron los ataques, hubo comunicación entre dos de los inculpados: el alcalde José Luis Abarca y el secretario de Seguridad Pública municipal, Felipe Flores.

Y además, apunta el GIEI, “el Sr. Abarca señaló haberse comunicado con miembros de la Secretaría de Seguridad del gobierno de Guerrero, de la Policía Federal y del Batallón 27. Si el contenido de estas conversaciones fue la información sobre los hechos u otras circunstancias de coordinación es parte de lo que debe ser investigado”.

8.- ¿Dónde están?

Los especialistas del GIEI indican que es “incierto” el destino que tuvieron los 43 normalistas tras los ataques en Iguala.

Ante la falta de certeza, los especialistas piden a las autoridades mexicanas seguir con la búsqueda de los normalistas desaparecidos, e incluso investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula.

CNN México

AYOTZINAPA, el nombre del horror

Por Rossana Reguillo Cruz.-

El asesinato de 6 estudiantes y la desaparición de otros 43, hace casi un mes en la ciudad de Iguala, en el suroeste de México, sacudió a un país anestesiado por la violencia cotidiana. La masacre, dice la antropológa mexicana Rossana Reguillo, condensa el poder oscuro de la narco máquina, expone como pocas veces las relaciones entre el Estado y el crimen organizado y desnuda la soberbia de un gobierno nacional que se creyó capaz de gestionar el horror sin salpicarse.

masacre-iguala-portyapFoto: Sapdiel Gómez Gutiérrez

De entre los innumerables carteles, pancartas, dibujos que los manifestantes de Occupy Wall Street han venido utilizando, hay uno que me sigue pareciendo especialmente relevante para entender la atmósfera de la época convulsa que atravesamos. La portaba un joven menor de 20 años, en la primera toma del puente de Brooklyn allá por los intensos días de octubre de 2011. A paso lento y sin mezclarse con otros manifestantes, el rostro de ese joven me impresionó para siempre, mitad tristeza enorme, mitad enojo sin límite, su pancarta decía: If you are not angry, you are not paying attention.

Cuando la ola de indignación empezó a crecer en México a raíz del ataque a los jóvenes normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre pasado, recordé con nitidez aquella pancarta: si no estás enojado, es que no estás prestando atención. Ese 26/9, por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, la esposa del alcalde José Luis Abarca daría su informe de gobierno. La policía reprimió a los estudiantes. Hubo bala, muertos, heridos y desaparecidos. Los policías municipales detenidos dijeron que los más de 40 estudiantes desaparecidos habían sido entregados por ellos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. Dijeron también los Guerreros Unidos habían prendido fuego a los estudiantes y los habían enterrado en varias fosas.

Una de las hipótesis es que los señores del narco en colaboración con las autoridades locales, policías y un presidente municipal –que milita en las filas del Partido de la Revolución Democrática– hoy en fuga y vinculado a los Guerreros Unidos, no están dispuestos a tolerar otro grupo armado en la región, es decir el ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla que dicen, recluta sus cuadros en las Normales. Así, dice la hipótesis, el ataque, asesinato y desaparición de los normalistas es un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla.El saldo de “Ayotzinapa”, no hay un mejor modo de nombrar hoy el horror, es de: 6 muertos (uno de ellos, desollado), 5 heridos de gravedad (dos al borde de la muerte) y la desaparición forzada de 43 estudiantes; un presidente municipal en fuga, un gobernador al filo de la navaja, un palacio de gobierno en llamas, una presidencia terriblemente cuestionada ya no solo por los mexicanos, sino además por la comunidad internacional y algunos de esos elefantiásicos organismos –como la ONU- que se han pronunciado con fuerza sobre el “caso” y el saldo sigue creciendo y creciendo, sin control, sin que aparezca un gesto o algo que medianamente se vislumbre como estrategia de contención, ya no digamos de voluntad política de esclarecer y aplicar la justicia.

Este brutal acontecimiento parece haber sacudido de raíz la indiferente convivencia con la muerte violenta que se ha paseado en estos territorios con carta de ciudadanía. Un huracán de rabia y desconcierto recorre la geografía de sur a norte, mareas humanas formadas principalmente por jóvenes estudiantes han caminado las calles de decenas de ciudades del país y, en muchos casos, tanto algunos corresponsales extranjeros como muchos ciudadanos, abren los ojos sin aliento, como si estuvieran frente a hechos que parecen inéditos, pero no, no lo son. Aunque inédita sea la cruda y aterradora evidencia del grado de descomposición en las estructuras del Estado, que no puede ya esconder en ningún boletín de prensa, en ninguna declaración, pose, o lamentación que la narco política capitalista controla buena parte del paisaje nacional.

Pero quizás lo más relevante de Ayotzinapa –el nombre del horror– es que ha obligado a México a prestar atención.

masacre-iguala-2-izqSe prestó poca atención a las fosas clandestinas que fueron convirtiéndose en noticia cotidiana, 69 cuerpos en una, 15 en otra, 11 en una más; como si se tratara de accidentes geográficos, esas heridas en la tierra, pasaron a formar parte de un vocabulario que instauró el horror como normalidad. Los daños colaterales: en esas fosas hay cadáveres, muertos, calcinados, no personas. Y el espanto aumenta cuando sabemos que muchos de ellos no serán jamás identificados, porque en este país que no presta atención, no hay protocolos para reconocimiento de ADN, adecuados, porque aunque hay una guerra, los gobiernos en turno no la reconocen, por sus costos políticos. Desde el 2007 y sólo en tres estados, Tamaulipas, Guerrero y Jalisco, 460 cuerpos han sido “recuperados” de estas fosas, vertederos secretos de ese poder oscuro, que “levanta” (secuestra) personas, enemigos o no, a plena luz del día y con ese mismo poder, los desaparece.

Hemos llegado a tanto que el Procurador General de la República, el priista Jesús Murillo Karam, salió a decir, casi aliviado, que los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas “descubiertas” en Iguala (la ciudad donde se produjo el último ataque a los normalistas y donde fueron detenidos por la policía municipal un número no determinado de estudiantes, entre los que se encuentran los 43 desaparecidos), no correspondían a los de los normalistas, puf, ¿alivio? Quiénes son entonces esas 28 personas, desde cuándo están ahí, por qué. Las preguntas se atragantan.

No se prestó atención a la cifra escalofriante que indicaba que tan solo en 2012 habían fallecido 20.658 jóvenes por causas violentas. La muerte por agresión para hombres y mujeres alcanzó en ese año el 44.1%, 16.298 vidas jóvenes cegadas por las violencias directas que azotan este país. Estos datos a los que se sumaban otros, muchos datos terribles que se fueron acumulando desde 2006, deberían haber bastado para declarar un estado de emergencia nacional.  Pero no fue así. En estos días terribles, ha dicho Javier Sicilia, el poeta que dejó de serlo por el dolor que lo atravesó sin aviso, cuando su hijo fue ejecutado, que “el PRI creyó que podría administrar el infierno”. Nada más cierto.

Si la administración de Felipe Calderón (PAN) desató con absoluta irresponsabilidad el infierno, la administración de Enrique Peña Ñieto (PRI) apostó al silencio, al amordazamiento, a la soberbia imperdonable de creerse capaces de gestionar el horror, sin salpicarse. Quizás por la necesidad de no hacer el recuento cotidiano de los muertos y los desaparecidos, quizás por una necesidad de cerrar los ojos, muchas y muchos ciudadanos pensaron que la desaparición del tema de la violencia de las páginas de los principales diarios del país, de las televisoras y noticieros radiofónicos, significaban un avance en la “guerra contra el narco”. No hacer olas. Pero despertamos y la violencia y el poder oscuro de la narco máquina, esa articulación terrible entre los poderes propietarios (políticos, económicos, delincuenciales), seguía ahí. La evidente relación del presidente municipal de extracción perredista, José Luis Abarca Velázquez, con el crimen organizado, la participación de las policías municipales, la indiferencia del Ejército, cuando los estudiantes pidieron ayuda, nos han obligado a prestar atención.

Pasaron años y años, meses y días en los que era más cómodo no saber, ignorar, pasar la página; algunas y algunos, desde el periodismo de investigación, desde la academia, desde el activismo social, insistimos en que el crimen organizado solo puede crecer en medio de una sociedad desarticulada y atemorizada, con miedo a desobedecer el orden paralelo que abre ese poder. Nadie lo sabe a ciencia cierta todavía, pero quizás los estudiantes de la escuela normal rural, son parte de esa violencia disciplinante o ejemplarizante a la que acude este poder para seguir reinando en el terror.Y es otra vez Sicilia el que pone la clave para descifrar por qué Ayotzinapa, el nombre del horror, nos obliga a poner atención. Dice el poeta que dejó de serlo: “Cierro los ojos y miro a mi hijo, ese muchacho noble. Con su angustia, aterrado, esperando que unos tipos lo vayan a matar. Ese instante me duele mucho, en el que uno que se parece a ti te arranca la vida. La memoria es terrible. Ya sucedió, pero sigue sucediendo. Ya pasó, pero no”. Y es cierto, Ayotzinapa, el nombre del horror, es un instante que sigue sucediendo. Julio César Mondragón, ese joven al que le desollaron el rostro y le vaciaron las cuencas de los ojos, es un instante que sigue sucediendo; como sigue sucediendo cada día, cada tarde, cada noche, la tristeza y el dolor infinitos de esas madres, como Letty, Lupita, o Margarita Santizo que fue a morirse sin encontrar a su hijo desaparecido y pidió ser velada frente a la Secretaría de Gobernación, en un último deseo, quizás, de hacerle saber a la autoridad, lo que significa ese instante que sigue sucediendo, en un país que no presta atención.

Revista Anfibia

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