Se cumplieron 49 años de “La noche de los bastones largos”: el 29 de julio de 1966 la Policía Federal, por orden del dictador Juan Carlos Onganía, intervino a golpes las universidades públicas. Más de 150 estudiantes y profesores fueron encarcelados, otros cientos agredidos, grupos de investigadores fueron expulsados y docentes partieron al exilio.

Juan Manuel Mannarino

El 29 de julio de 1966 la Guardia de Infantería de la Policía Federal se preparó para una misión especial: el Operativo “Escarmiento”. Bajo la orden de Juan Carlos Onganía, a un mes del quinto golpe de facto en el país, tenía un objetivo central: el de golpear y detener estudiantes en las universidades públicas, y, así, imponer las primeras marcas de la intervención militar. El impacto se concentraría en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el centro neurálgico de la vida académica. En cuestión de horas, los pasillos se colmaron de policías, que ocuparon Ciencias Exactas, Arquitectura y Filosofía y Letras. Encontrar a un policía dentro de una facultad alarmó a más de un estudiante, que intentó resistir la embestida sin éxito. Fue el principio de “La noche de los bastones largos”. Más de 150 estudiantes y profesores fueron encarcelados -aunque se detuvieron cientos más-, otros agredidos, grupos de investigadores fueron expulsados y muchos docentes partieron al exilio. Se ponía fin a la autonomía universitaria.

“El efecto inmediato tras la intervención furiosa de los militares en la universidad, que implicó un antecedente directo de la persecución sistemática de la dictadura, fue la fuga de cerebros más grande de la historia. Muchos de ellos se habían afianzado después de la modernización de mediados de los ´50 y tuvieron que exiliarse en institutos de investigación en el exterior. La pérdida fue irreparable”, dijo a Infojus Noticias el historiador Pablo Buchbinder, autor del libro “Historia de las universidades argentinas”.

La represión, en efecto, fue una respuesta a la creciente politización de la vida universitaria en los ´60. Luego del derrocamiento del gobierno de Arturo Illia, se firmó el decreto ley 16.912 que suprimía el gobierno tripartito en la universidad, disolvía los 17 consejos superiores y obligaba a los rectores y decanos a transformarse en interventores sometidos a la autoridad del Ministerio de Educación. Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste, y del Sur aceptaron transformarse en interventores. Pero los de Tucumán, Litoral, La Plata, Buenos Aires y Córdoba lo rechazaron.

La resistencia de estudiantes y docentes fue la toma de las facultades. Además, la UBA, a través de su Consejo Superior, y la Federación Universitaria Argentina, se pronunciaron contra el derrocamiento del gobierno constitucional. El golpe disciplinador era inminente. “Entre 1955 y 1996 fue la edad de oro, con una masificación impensada y un prestigio docente de primer nivel en Latinoamérica. Sin embargo, también había tensiones, porque los presupuestos eran pobres, la deserción aumentaba, y las luchas estudiantiles se intensificaban. El golpe de 1966 cerró ese período de renovación, aunque tenía tanta fuerza que no fue clausurado. El Cordobazo de 1969 fue la prueba de eso”, precisó Buchbinder.

El inicio de una etapa negra en la universidad

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“La noche de los bastones largos” marcó el inicio de una etapa de persecuciones, renuncias y cesantías. En algunas facultades se realizaron asambleas como manifestaciones de oposición. Aquella noche, los policías dispararon gases y enarbolaron consignas antisemitas y anticomunistas -“Sáquenlos a tiros, si es necesario. ¡Hay que limpiar esta cueva de marxistas!”, gritó el jefe de la Policía Federal, Mario Fonseca-. Profesores y estudiantes fueron forzados a abandonar los edificios a golpes. Las crónicas de época hablaron de “salvaje represión” en el edificio de la calle Perú al 222 —en la histórica Manzana de las Luces—, que en ese momento ocupaba la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

También hubo represión en otros sitios, como la Facultad de Filosofía y Letras —en su antigua sede de Independencia 3065—, y la Facultad de Arquitectura, en ese momento con dependencias en el predio del actual Centro Municipal de Exposiciones de la Avenida Figueroa Alcorta. Entre los apaleados estaba un profesor norteamericano, Warren Ambrose, y la repercusión internacional fue inmediata. Su relato fue publicado por la revista Science y el New York Times.

El periódico estadounidense también reprodujo declaraciones de algunos decanos de la UBA. Horacio Pando, decano de Arquitectura, sostenía: “La policía interrumpió las clases nocturnas en nuestra facultad, gritando obscenidades, y golpearon a profesores y estudiantes, hombres y mujeres, muchos de los cuales no conocían el decreto”. El gobierno de facto decidió suspender las clases en las universidades nacionales hasta el 16 de agosto, con excepción de las tres que habían acatado el nuevo decreto. Cubrió los cargos de docentes renunciantes con profesores de las universidades católicas.

Las universidades eran señaladas como un lugar de “infiltración marxista”. El onganiato se proponía “eliminar las causas de acción subversiva” en los claustros.  Esa visión era un efecto de la Doctrina de Seguridad Nacional, el concepto de política exterior de Estados Unidos para intervenir en Latinoamérica, de creciente difusión tras el discurso del general Onganía en la V Reunión de Comandantes de Ejércitos Americanos, realizada en West Point en 1964.

Para el juez Mario Pontela, el episodio forma parte  de los silencios del poder judicial en la historia argentina. “Fue un hecho publicitado en todos los medios, por la cantidad de heridos y de detenidos, hasta tuvo repercusión mundial y sin embargo la justicia no hizo nada. El onganiato nunca inició una investigación”, dijo a Infojus Noticias.

Pontela, además, consideró que “La noche de los bastones largos” es uno de los hechos paradigmáticos –junto al “bombardeo de Plaza de Mayo”, entre otros- de complicidad judicial. “Después de Onganía, tampoco se abrió ninguna instrucción, incluso tras el retorno democrático de 1983. Es cierto que no está considerado un crimen de lesa humanidad y, como tal, ya prescribió. La gran pregunta es saber dónde estaban los fiscales y los jueces de instrucción  del Poder Judicial en ese momento”.

Y concluyó: “El hecho tiene una resonancia histórica porque fue parte de un plan orquestado para desmantelar lo público desde el golpe del ´55. La persecución a los intelectuales fue perversa. También hay que destacar que los militares no tocaron la facultad de Derecho, y no fue por casualidad. Yo estudiaba en esa época en la UBA y siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido”.

 

Infojus Noticias


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