Cinco universidades de Perú se mantienen en rebeldía

Víctor Vimos corresponsal en Lima, Perú

El pasado 31 de diciembre venció el plazo para que las 31 universidades públicas del Perú elijan nuevos directivos y actualicen sus estatutos internos. Esta demanda obedece a lo establecido por la Ley Universitaria, en vigencia desde mediados del 2015, a través de la que se busca potencializar el orden institucional a favor del conocimiento y la inclusión de los estudiantes.

La Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu), organismo encargado de supervisar la aplicación de la Ley, registró hasta el fin de año pasado unas 26 universidades en pleno proceso de aplicación del mandato, 6 instituciones que, mediante procesos judiciales, intentan aplazar esta reorganización, y 5 universidades declaradas por sus autoridades en rebeldía ante esta norma.

La Universidad de Trujillo, Universidad San Luis Gonzaga de Ica, Universidad Federico Villareal, Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, integran la lista de instituciones cuyas autoridades decidieron desacatar las órdenes del ente rector.

“Durante años, la universidad pública en el Perú ha sido el botín de grupos políticos empeñados en utilizar el presupuesto que se les asigna en actividades que poco tienen que ver con el mejoramiento de la educación superior. Los puestos de poder dentro de las instituciones son claves, por eso cuando la Ley ordena su reorganización el conflicto aparece magnificado”, indica el analista Pedro Huanca.

Precisamente la decisión de no dar paso a la elección de rector y vicerrectores, en las instituciones rebeldes, significó la división interna de alumnos y docentes, en bandos a favor y en contra de la aplicación de la Ley. El punto más crítico de este desencuentro ocurrió el 4 de enero pasado, cuando un grupo de la Federación de Estudiantes de San Marcos tomó por la fuerza las instalaciones de esta universidad exigiendo la salida inmediata de Pedro Cotillo, uno de los rectores en resistencia a la aplicación de la Ley.

Durante este día se vivieron momentos de tensión cuando, advertidos de las acciones estudiantiles, los integrantes del bando de Cotillo, quien aspiraba a la reelección, intentaron retomar el control de la universidad, produciéndose enfrentamientos, incluso cruce de balas.

Ante la magnitud de esos actos, la Sunedu decidió actuar. Emitió un comunicado en el que desconocía cualquier título universitario firmado por los rectores rebeldes. Con ello, dejaba sin efecto trámites de egresamiento y graduación, dejando en el limbo a cientos de universitarios. Además, el organismo pidió al Ministerio de Economía el congelamiento de los depósitos para las universidades en problemas, aduciendo que, mientras no exista claridad en los procesos, no recibirían dineros del Estado.

Finalmente Cotillo fue reemplazado por Antonia Castro Rodríguez, quien fue posesionada como rectora interina de la universidad de San Marcos.

“La Ley ordena que exista un cambio en el mecanismo de elección de autoridades. Hasta hace poco, bastaba una asamblea general de docentes para elegir rector y vicerrectores, ahora se busca someter esa decisión al voto universal, algo que no es bien visto por quienes han detentado el poder durante décadas”, apunta Huanca.

De acuerdo con Lorena Mesías, titular de la Sunedu, la resistencia de los rectores no tiene asidero legal, y está relacionada con una forma de ver la universidad que ha causado retraso a nivel de formación superior en este país. Hasta el año pasado se calculó en 48% el nivel de subempleo al que están sometidos los egresados de las universidades nacionales. Es decir, personas que han invertido 5 o 6 años de estudios en una carrera profesional para, al final, terminar ejerciendo cualquier otro oficio que les ayude a sobrevivir.

A inicios de esta semana, estudiantes de la Universidad Federico Villareal reprodujeron lo vivido en San Marcos. Armados con palos y piedras, tomaron la sede central de esta casa de estudio, exigiendo la salida de sus autoridades. (I)

LA LEY UNIVERSITARIA
Con la vigencia de la nueva ley universitaria, cesan las Asambleas Universitarias de todas estas casas de estudio y quedan suspendidos todos los procesos de nombramiento, ascenso y ratificación del personal docente y no docente.

De acuerdo con el artículo 66 de la norma, el rector y los vicerrectores de las universidades públicas serán electos por voto universal, que será personal, obligatorio, secreto y ponderado por todos los docentes ordinarios y estudiantes matriculados mediante la siguiente distribución: a los profesores les corresponde dos tercios de la votación y a los alumnos un tercio de esta.

Además, la nueva ley señala que el rector y los vicerrectores de las instituciones públicas, cuyas gestiones duran 5 años, no pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente, ni participar en lista alguna.

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Presidente Ollanta Humala pide que a rectores rebeldes “se les ilumine el cerebro”

El presidente Ollanta Humala volvió a defender la vigente Ley Universitaria –norma que fue promulgada en su gobierno– y respaldó el trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Invocamos a los rectores que aún se ponen en rebeldía contra la ley dada por el Gobierno y por el Congreso a que se les ilumine el cerebro y entren al Estado de derecho porque después su firma no va a valer nada, no van a poder firmar nada”, dijo desde Apurímac.

El secretario general de Sunedu, Juan Antonio Silva, confirmó ayer a El Comercio que ya se hizo efectiva la disposición para que las firmas de los rectores ‘rebeldes’ no sean reconocidas. Estas son necesarias para la expedición de títulos y otros documentos.

Los centros de estudios afectados son la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Federico Villarreal, Universidad Nacional de Trujillo, La Cantuta y Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Estas no no efectuaron los cambios estatuarios que exige la Ley Universitaria.

Ollanta Humala respaldó esa decisión y llamó a “ponernos de pie a todos” por la calidad de la educación en el Perú. “Que las universidades dejen de ser negocios donde se vuelven multimillonarios los dueños de las universidades”, enfatizó.

“Hay rectores que ganan más de S/.80.000 mensuales porque son el dueño de la universidad […] En el mercado laboral, ninguna empresa los va a contratar porque todos saben de qué universidad viene”, añadió.

Asimismo, Ollanta Humala pidió el respaldo de las autoridades regionales para que no permitan que es establezcan en sus jurisdicciones “mercachifles de la educación a tratar de vender títulos que no sirven ni siquiera para envolver la comida”.

“Yo estoy luchando por una educación de calidad, que es lo que necesitamos en el Perú ¡Que no nos engañen! Basta ya de engañar al pueblo peruano, de darles educación de media caña”, concluyó el mandatario.

elcomercio

Docencia y Ley Universitaria

Jefrey Gamarra Carrillo (*)

La implementación de la nueva Ley Universitaria ha producido dos corrientes de opinión basadas en un maniqueísmo que deja poco espacio al diálogo y, en el caso de una de ellas, anclada férreamente a lo políticamente correcto. Declararse a favor o en contra de la nueva ley nos hace perder la perspectiva de asuntos no menos importantes sobre la universidad peruana; uno de ellos es la situación de los profesores de universidades públicas que son tomados en cuenta solo complementariamente o para servir como paradigma de lo que se pretende cambiar.

La imagen que se ha construido sobre el docente de la universidad pública es la de un profesional poco preparado para la investigación, radicalizado políticamente, con tendencia a la corrupción e incapaz de superarse a sí mismo y mucho menos aspirar a hacer estudios de posgrado en el exterior. Se asume, además, que cuantos más años de labor tiene el profesor, más pronunciados son los rasgos mencionados. Estas representaciones están presentes en ambas corrientes de opinión sobre la universidad y con seguridad han inspirado a los autores de la nueva ley universitaria.

Así, se atribuye la crisis de la investigación a la incapacidad de los docentes y no se toma en cuenta que, por ejemplo, la propia ley sobre el FOCAM para financiarla con recursos del canon, contiene trabas burocráticas para usarlos más eficazmente. Pretender “capacitar” en investigación a los docentes de universidades públicas ejerciendo un tutelaje sin fecha de expiración a cargo de centros académicos privados no es la mejor manera de resolver el problema.

Con respecto al radicalismo político que se les atribuye, se ha considerado en el artículo 90 de la nueva ley el delito de apología al terrorismo que es, francamente, una mordaza a la libertad de enseñanza y expresión. Obviamente, con una opinión pública aún temerosa del terrorismo y un sistema de justicia que responde a poderes fácticos, los docentes de universidades públicas ni siquiera necesitamos de investigación previa para ser considerados culpables. No se puede entender cómo los de la corriente de lo políticamente correcto no se pronuncian al respecto y aceptan sin reparo que la máxima autoridad de la educación en el país sostenga sin rubor que la ley universitaria respeta la libertad de expresión. De manera similar se asume que la proclividad a la corrupción y otros actos son inherentes a los docentes de universidades públicas.

Pero es también en la cuestión de la edad para el ejercicio de la docencia así como los plazos para conseguir los grados de magíster y doctor donde se percibe el darwinismo social en su variante educativa, respecto a la docencia en universidades públicas. Poner límites a la edad de su ejercicio (70 años) o al acceso a becas de posgrado (55 años) solo para estudiar en universidades del país, son medios para conducir docentes al desempleo. Con los sueldos que actualmente tienen los profesores de estas universidades difícilmente se conseguirá reemplazar a los despedidos y esto coloca en situación de desventaja a la universidad pública que pasará a ser, y esta vez “legalmente”, universidad de segunda clase.

La preocupación y el creciente descontento de buena parte de los docentes universitarios respecto a la nueva ley no puede percibirse como una actitud contra el cambio del sistema universitario, mucho menos puede entenderse como coincidente con los intereses de los propietarios mercantilistas opuestos a ella; pero tampoco puede percibirse como una actitud de “resistencia al cambio” por parte de la vertiente de lo políticamente correcto. Vertiente además cercana a políticas diseñadas por organismos internacionales con base en Washington que bajo el discurso del mejoramiento de la calidad, el ranking internacional y el reclutamiento de los mejores docentes por las universidades privadas, promueven el darwinismo educativo del siglo XXI. Desde nuestra propia perspectiva, la nueva ley debe servir para buscar cambios que realmente sean sostenibles en el tiempo y respeten los derechos laborales de los docentes y ciudadanos en última instancia. Ojalá se entienda que los docentes de universidades públicas no somos los componentes descartables de la educación superior en el Perú.

(*) Docente universitario.

larepublica


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